El objetivo: lograr que los partidos políticos fijen de una vez por todas quiénes serán sus cuatro candidatos para el Alto Tribunal. Y más concretamente, el PP. Así, después de un año de desencuentros entre los parlamentos autonómicos, ahora es el turno de los grupos políticos que conforman la Cámara Alta. Si no se llega a un consenso –todo apunta a que así será– serán los distintos partidos quienes designarán a los nuevos aspirantes, tal y como establece el Reglamento del Senado. Una situación que en nada parece haber aliviado la tensión en este proceso, especialmente tras saberse que el PP no tiene intención alguna de eliminar a los magistrados Enrique López y Francisco Hernando de su lista. Cierto es que desde la Cámara Alta, los populares optaron por no pronunciarse hasta la próxima reunión, sin embargo, desde el Congreso, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría manifestó ayer que en su formación «no habrá ninguna novedad», ya que se mantiene «en la defensa de los nombres presentados por las comunidades autónomas».

Jugar con la confusión
Y esta actitud provocó el enfado de los socialistas. Así, la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, acusó al PP de «anteponer sus intereses partidistas a la dignidad y estabilidad de las instituciones democráticas». Asimismo, destacó la «responsabilidad y generosidad» del resto de partidos con el PP que «juega a la ceremonia de la confusión» en la renovación. Así las cosas, la pelota está ahora en el tejado de los populares. Todos los grupos parlamentarios, exceptuando al PP, podrían designar a cuatro candidatos de entre los 20 que figuran en la lista actual. Motivo por el que no se descarta que la Comisión de Nombramientos lleve ante el Pleno a cuatro aspirantes sin contar con el apoyo del principal partido de la oposición. Pero la falta de consenso llevará al proceso a otro punto muerto