MADRID-Ni régimen privilegiado de pensiones ni aportaciones al plan privado de jubilación. Diputados y senadores tendrán que apretarse también el cinturón por aquello de dar ejemplo ante la difícil situación que atraviesa el país. Y es que si la reforma del sistema público de pensiones aprobada en 2011 llevó el año pasado al ex presidente de la Cámara Baja, José Bono, a poner fin a algunas de las canonjías a las que tenían derecho sus señorías cuando llegaban al final de su edad laboral, algunos ajustes anunciados por el Gobierno de Rajoy son ahora el motivo del plan de recortes que también tiene pensado poner en marcha Jesús Posada.

El que fuera ministro de Administraciones Públicas con José María Aznar ya ha hecho saber a los miembros del máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja que tiene intención de suprimir la aportación que el Congreso realiza al plan privado de previsión social del que disfrutan tanto los diputados como los funcionarios que trabajan en las Cortes. Y es que, actualmente, el Parlamento destina unos 280 euros mensuales a este plan por cada uno de los 350 parlamentarios, cantidad que equivale al 10 por ciento de su asignación constitucional, tal y como aparece en el Reglamento de Pensiones aprobado en 2006 bajo la presidencia de Manuel Marín. A razón de los mencionados 280 euros/mes, el coste total de este plan privado de pensiones supone para el Congreso más de 1.100.000 euros al año, más los casi 900.000 euros que supone la aportación anual para los senadores. De aprobarse la iniciativa de Posada, que se discutirá en una reunión conjunta de las Mesas del Congreso y el Senado que tendrá lugar el próximo miércoles, el erario público ahorraría unos 2 millones de euros al año.
Medida

El presidente del Congreso ha decidido impulsar esta medida después de que el Gobierno del PP incluyera en su primer decreto ley de 30 de diciembre la eliminación, durante 2012, de las aportaciones que las administraciones, entidades y sociedades públicas venían realizando a los planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyen la cobertura de la contingencia de jubilación de los funcionarios.

El plan de previsión social del Congreso incluye además un seguro de vida, otro de invalidez y un concepto que bajo el epígrafe «prestación de supervivencia» se sustancia mediante un pago cuando llega la edad de jubilación. Se trata de un plan colectivo que no sólo afecta a sus señorías sino que incluye también a todos los funcionarios que trabajan en el Congreso.

Cuando comenzó la X Legislatura, los diputados de Izquierda Unida, seguidos de los de UPyD, renunciaron voluntariamente a este plan privado de pensiones y así lo hicieron constar por escrito cuando formalizaron su acta de diputados. Ningún otro grupo siguió el ejemplo. Lo cierto es que tanto el régimen económico como el de protección social al que tienen derecho diputados y senadores es siempre motivo de polémica social.