BARCELONA – La anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de un artículo de la Ley del Estatuto del Consumidor de Cataluña de 1993, que establecía la graduación de las infracciones en leves, graves o muy graves por no informar o atender en catalán en los comercios, permite ahora la impugnación de todas las sanciones lingüísticas impuestas hasta 2010 por la Generalitat.

La sentencia afecta solo a las multas hasta 2010 porque ese año la Generalitat aprobó una nueva normativa, la Ley del Código de Consumo, que sigue vigente y que en la práctica permite seguir con el mismo régimen sancionador. Por el momento, esta ley está recurrida al TC por el PP y el Defensor del Pueblo.

Los comerciantes multados en esos años aplauden el fallo del TC, ya que les da mucha más fuerza para recurrir y anular sus sanciones. El empresario de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Manel Nevot, conocido por llevar hasta el TC su sanción, señaló a LA RAZÓN que «en el fondo todo es una acción política de la Generalitat para mantenerse en el trono, y muchos catalanes se lo creen». Nevot fue multado con 400 euros en 2006 por tener en su comercio más grande el cartel en castellano que en catalán. No se rindió y empezó una lucha legal que aún dura, aunque ahora se siente envalentonado.

Su historia se parece a la de Txurde Rocamundi, también multado por no rotular en catalán en su inmobiliaria de Arenys de Mar, en 2008. La sanción fue de 1.200 euros. Explicó ayer a este diario que «esta sentencia me ayuda, ahora lo tenemos mejor, la situación es más favorable».

Sin embargo, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, recalcó que «la Ley de 1993 ya estaba derogada, por lo que el TC se ha pronunciado sobre una cosa que ya no existía. Es como si el médico hace un diagnóstico y da unos resultados de una persona que está muerta». Ironizó diciendo que «como el TC es tan rápido y veloz, ha dictaminado sobre una normativa de 1993 que ya no está en vigor». Homs recordó que la normativa de 2010 sigue vigente y que, por lo tanto, seguirán imponiendo sanciones lingüísticas.

Por su parte, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, señaló que se debería compensar a los comerciantes sancionados en esos años. «No se puede excluir al castellano».