MADRID- El «Prestige» vuelve a enfrentar a los dos grandes grupos políticos españoles seis años después de la catástrofe. En menos de una semana, la Abogacía del Estado y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han reconocido la actuación del Ejecutivo dirigido por José María Aznar durante los primeros días de la crisis en noviembre de 2002. Si el pasado lunes se conocía que el informe del abogado del Estado alababa la «rapidez y eficacia ejemplares con las que reaccionó la Administración», ayer fue el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el que sentenció que España no violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos al imponer una fianza de tres millones de euros al capitán del petrolero, Apostolos Ioannis Mangouras. Estas dos noticias han provocado un cruce de acusaciones entre varios miembros de PP y PSOE. El líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijoo, consideró que la Abogacía acredita que el presidente Rodríguez Zapatero «da la razón» a las actuaciones del PP y «se la quita» al titular de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. En este sentido, el diputado del Grupo Popular en el Congreso, Francisco Villar, reclamó «responsabilidades políticas» a socialistas y nacionalistas gallegos por la, a su juicio, «gran manipulación» que llevaron a cabo en los meses siguientes a la catástrofe medioambiental. Según Villar, el informe del abogado del Estado «viene a confirmar lo que todos los dirigentes del PP y el Gobierno de ese momento vino diciendo todo el tiempo» durante el caso del petrolero hundido frente a la Costa da Morte en Galicia. En cambio, el punto de vista del Gobierno en este aspecto es radicalmente distinto. Así, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, emplazó a los populares a pedir «disculpas» a los gallegos por la «nefasta» gestión del accidente que, en su opinión, el PP convirtió en «catástrofe». «Un informe a medida» En la misma línea se manifestó el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, que quiso desacreditar el informe de la Abogacía al considerar que avala la gestión del PP porque «conviene a los funcionarios del Estado» implicados. Por ello, apuntó que «hay informes de otras partes -como la plataforma «Nunca Máis»- que defienden la idoneidad de llevar el petrolero a Corcubión (La Coruña), para evitar el derrame de las 77.000 toneladas de fuel que contenía.