El proceso y la condena a cadena perpetua a Josef Fritzl, el «monstruo de Amstetten», por un tribunal austriaco ha coincidido estos días con el trágico suceso del asesinato de Marta del Castillo a manos de unos desalmados que se han burlado de la familia y la Policía durante semanas. Las circunstancias de la muerte de la joven sevillana son especialmente abominables y retratan el perfil de unos jóvenes brutales y también «monstruosos». Como ya ocurriera con el asesinato de la niña Mari Luz, los padres de Marta del Castillo han sostenido desde el principio la necesidad de que los autores de esta clase de crímenes especialmente repugnantes reciban un castigo ejemplar y proporcionado a su horrenda acción. En esa reivindicación no han estado ni se encuentran solos. Todo lo contrario. A comienzos de este mes, LA RAZÓN publicó una encuesta concluyente sobre la opinión de los españoles a este respecto. El 86 por ciento de los sondeados era favorable a la cárcel de por vida para violadores, pederastas y terroristas. El 60 por ciento era partidario de extender esa condena a otros delitos como el asesinato. El 78 por ciento creía que la cadena perpetua no supone un retroceso en nuestro Estado de Derecho. En cualquier caso, más del 82 por ciento entendió que las condenas que se aplican a los criminales en nuestro país no son suficientes. Este estado de opinión, que prácticamente no admite otra interpretación que no sea que los españoles quieren un endurecimiento de las penas, ha sido respaldado por el primer partido de la oposición. Mariano Rajoy ha reclamado un debate sobre esta cuestión que concluya con una reforma legal para reforzar las penas contra delitos de especial gravedad. El Gobierno, de momento, transita con excesiva prudencia en este asunto y se obstina en hurtar un debate como el de la cadena perpetua perfectamente legítimo y que los ciudadanos han reclamado mayoritariamente. La vicepresidenta De la Vega explicó ayer que la prisión de por vida está reñida con nuestra Constitución. El Tribunal Supremo se pronunció sobre este asunto hace unos días en la sentencia por la que regresó a prisión el «violador del Valle de Hebrón». Los magistrados consideraron la cadena perpetua una pena degradante e inhumana y, por tanto, inconstitucional. Sin embargo, también es cierto que se trata de un criterio controvertido y no respaldado por juristas españoles de gran prestigio y por países como Francia, Gran Bretaña o Italia, que tienen Constituciones con valores comunes con la española y que disponen en su cuerpo legal de la cadena perpetua revisable en función del grado de reinserción y arrepentimiento del condenado. En este punto, hay que recordar que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisó que la prisión perpetua discrecional, que permite la excarcelación del reo, era conforme a la doctrina de ese órgano jurisdiccional. La realidad es que nadie en nuestro país, ni la clase política ni por supuesto la ciudadanía, se ha escandalizado ni han censurado la condena a perpetuidad contra el «monstruo de Amstetten», lo que es por sí solo todo un síntoma. Más bien, la sensación y la percepción generalizadas han sido que el tribunal austriaco hizo justicia y que las víctimas y la sociedad se sintieron aliviadas. Si nada hace pensar que Austria sea una democracia menor que España, queda claro que nos queda un camino por recorrer hasta lograr la proporcionalidad entre el daño infligido y la condena impuesta. Si los partidos políticos concluyen tras ese necesario debate que la cadena perpetua no es constitucional, creemos que existen alternativas como el cumplimiento íntegro de las penas para este tipo de delitos que encajan perfectamente en la Constitución.