La Justicia francesa acecha a Ségolène Royal

El enfrentamiento entre el Gobierno de Emmanuel Macron y la ex candidata presidencial socialista Ségolène Royal pasó ayer al terreno judicial. La Fiscalía Nacional Financiera anunció la apertura de una investigación preliminar contra la todavía embajadora francesa para los Polos por el presunto uso fraudulento de los fondos y personal asignados a Royal para desempeñar su cargo.

A mediados de noviembre la radio pública France Inter informaba de que los tres funcionarios públicos cedidos a la embajadora estarían siendo empleados para impulsar la agenda personal de Royal y no su labor oficial. En concreto, sus asistentes habrían sido vistos en actos de su fundación su fundación, “Deseos de futuro por el planeta” o en la promoción de su último libro.

El cargo de embajadora para el Ártico y el Antártico no está retribuido económicamente, pero dispone de un presupuesto de 100.000 euros para gastos, así como de tres asistentes, para una embajadora que debe representar a Francia en las citas internacionales que abordan la protección medioambiental de ambos Polos.

El puesto fue creado en 2009 por el ex presidente conservador Nicolas Sarkozy, que nombró al ex primer ministro socialista Michel Rocard. Pero tras la muerte de éste en 2016 quedó vacante un año, hasta que en septiembre de 2017 el recién elegido Emmanuel Macron nombró a Ségolène Royal, que como ministra de Transición Energética había presidido la cumbre que dio a luz al Acuerdo de París contra el cambio climático en 2015.

Royal (Dakar, 1953), que lo ha sido todo en la vida política francesa (presidenta regional, diputada, cuatro veces ministra, consejera de François Mitterrand en el Elíseo, candidata socialista a las presidenciales en 2007, vicepresidenta del ICO francés...) aspiraba a que su ferviente apoyo al joven Macron, ex ministro y consejero de su antigua pareja, François Hollande, se viera recompensado con un ministerio. Pero debió conformarse con este cargo de embajadora en los Polos como regalo de consolación.

Entretanto, la estrecha relación que Macron y Royal habían forjado como ministros en el Gobierno de Manuel Valls se fue enfriando con el tiempo y Royal empezó a criticar sin tapujos la política del presidente de la República. En plena ola de protestas de los “chalecos amarillos”, la dirigente socialista atribuyó el malestar social a los intentos del mandatario de “alterar el país y sembrar el desorden con decisiones políticas que enfadan a los franceses”. Tampoco tubo pelos en la lengua para calificar la controvertida reforma de las pensiones como “brutal, mal preparada e injusta” o denunciar que la política medioambiental de Macron solo beneficia al “lobby nuclear”.

Precisamente, el anuncio de la investigación de la Fiscalía se produce un día después de que la embajadora denunciara que el Gobierno se dispone a cesarla por no tolerar que ejerza su libertad de expresión. Por ejemplo, apoyando la campaña de la candidata socialista a la Alcaldía de Toulouse en las elecciones municipales de marzo.

Ayer el primer ministro francés, Édouard Philippe, tomó por primera vez parte en esta agria polémica recordando a Royal que como cargo del Gobierno tiene que respetar la “obligación se reserva”. “La diplomacia es una cosa; la política es otra”, sentenció Philippe, que aún no ha destituido oficialmenta a la díscola embajadora