Homero Gómez González es el último activista medioambiental asesinado en México. Su cuerpo fue hallado en un pozo de agua en el municipio de Ocampo, en Michoacán, donde hace unos meses inauguró un santuario para proteger a la mariposa monarca, amenazada por la destrucción de los bosques. Su familia había denunciado acoso y hostigamiento contra él por parte de grupos dedicados a la tala de árboles.

Homero Gómez era ingeniero agrónomo de la Universidad de Chapingo y vivía entregado a la preservación de la mariposa monarca, que cada año migra desde Canadá hasta Michoacán, un lugar convertido en una formidable reserva visitada cada año por miles de turistas. “Para el mundo es un patrimonio, algo único", dijo hace años el activista en una entrevista con Efe. "Para nosotros es una belleza llena de leyendas. Algunos dicen que la mariposa son las almas de los muertos que vuelan libres. Otros que son las novias del sol. Yo pienso que representan la libertad y la unión que debería existir, porque para ellas no hay fronteras. El mundo es uno”.

El asesinato de Homero Gómez se suma a una larga lista de ecologistas y ambientalistas aniquilados en Latinoamérica en los últimos años, catorce de ellos en México solo en 2018. Hasta ahora, el caso más reciente en el país era el de la bióloga Nora López, responsable del proyecto de reproducción de la guacamaya roja en el sureste del país. Fue asesinada a tiros.

México es uno de los tres países más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos junto a Colombia y Brasil, denuncia en declaraciones a LA RAZÓN Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en México. “Esta violencia se produce en un contexto donde hay una impunidad del 98% en los delitos con violencia, una falta de acceso a la justicia y una ausencia del Estado en muchas zonas del país”, lamenta la directiva de AI.

Las promesas incumplidas de López Obrador

Además, las ONG como la propia Amnistía Internacional son blanco de los ataques del Gobierno mexicano. “Pese a que el presidente López Obrador reconoció la crisis de derechos humanos, a un año de su mandato no vemos una política clara para actuar en consecuencia", lamenta Reneaum. "El presidente tiene una narrativa que dice que las organizaciones de la sociedad civil somos grupos de élite que no reflejamos la realidad del pueblo”.

El asesinato de activistas medioambientales no ha dejado de crecer en los últimos años. La ONG Global Witness ha documentado hasta 1.500 casos de ecologistas asesinados desde 2002 en América Latina, pero la cifra real podría ser mayor. Como explica a este periódico Natalie Butt, investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Queensland, en Australia, “los datos son difíciles de recopilar en muchos casos, por lo que creemos que el número de muertes reportadas es solo la mitad del total real”.

Global Witness ha señalado abiertamente a los responsables de este goteo de muertes. “Periódicamente, los gobiernos, las empresas y las pandillas criminales roban tierras y destruyen hábitats naturales para obtener ganancias, a medida que la demanda de productos como la madera, el aceite de palma y los minerales continúa creciendo”, señala en su último informe, que cifra un promedio de tres asesinatos al día contra aquellos que defienden sus tierras de la invasión de industrias como la minería, la explotación forestal y la agroindustria. “En Brasil, en algunas situaciones, la Policía ha sido utilizada para controlar y atacar a activistas”, asegura la profesora Natalie Butt.

Una estrategia cada vez más utilizada es la intimidación y la persecución judicial de estas personas, que son arrestadas y sometidas a leyes creadas para juzgar a terroristas. También se dedican a socavar su reputación difundiendo falsos rumores y ensuciando su nombre.

La región más peligrosa del mundo

Aunque el nivel de impunidad es muy elevado, Global Witness ha vinculado a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 167 asesinatos ocurridos en 2018 en todo el mundo, más de la mitad de ellos en América Latina, lo que la convierte en la zona más peligrosa para los defensores de las naturaleza, amenazados a veces de manera pública por autoridades civiles y militares.

En Venezuela, un mando de la Fuerza Armada acusó el año pasado en la televisión nacional a la abogada Lisa Henrito de traidora por su trabajo en la defensa de los derechos de la población indígena de Pemón, que lucha para frenar la minería en sus tierras sin su consentimiento.

Su caso no es único. Amnistía Internacional ha documentado más casos similares en Venezuela, donde altos funcionarios han estigmatizado a activistas provocando su persecución por parte de las autoridades. Este esquema se repite en otros países de la región. También en Estados Unidos, donde en julio del año pasado la activista indígena Red Fawn fue sentenciada a 57 meses de prisión tras ser arrestada en un campamento de protesta en el oleoducto Dakota Access, acusada de disparar un revólver mientras la tenían sujetada contra el suelo.

Sicarios y bandas criminales también fueron vinculadas por Global Witness con el asesinato de 40 personas, que en muchos casos se emplean con especial saña contra la víctima. En Honduras, en febrero del año pasado, Luis Fernando Ayala, de tan solo 16 años, fue encontrado muerto con signos de tortura. Le amputaron las manos. Este joven era un miembro de una organización ambientalista que se oponía a proyectos hidroeléctricos en toda la región.

Guatemala, el peor dato

Los indígenas son quizá la comunidad más vulnerable. A menudo viven en parajes de gran riqueza natural, pero se encuentran desprotegidos por las autoridades. Los asesinatos en Guatemala, 16 el año pasado, de activistas medioambientales es uno de los titulares más destacados del informe de Global Witness. Para comprender cómo se ha convertido en el país con más asesinatos per capita de la región hay que mirar atrás.

Tras el final de la guerra civil guatemalteca, en 1996, las autoridades abrieron el país a las inversiones privadas extranjeras. Un efecto fue que grandes extensiones de territorio se entregaron a empresas agrícolas, mineras e hidroeléctrica, lo que derivó en desalojos forzosos y violentos, especialmente en las zonas indígenas, según revela el informe.

En este contexto murieron el año pasado los hermanos Neri y Domingo Esteban Pedro, cuyos cuerpos fueron encontrados a orillas del río Yalwitz por oponerse a un proyecto hidroeléctrico en la región de Ixquisis, al oeste de Guatemala. Dicha infraestructura está relacionada con una de las familias más ricas y poderosas del país. “Dicen que somos terroristas, delincuentes, asesinos y que tenemos grupos armados aquí; pero en realidad sólo nos están matando”, lamenta Joel Raymundo, integrante del movimiento Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis. “Tenemos miedo de ir a la policía a denunciar las amenazas que estamos recibiendo porque sabemos que existen órdenes de captura contra nosotros, y que la policía puede arrestarnos si lo desea”, añade Raymundo.

Global Witness lamenta que autoridades de muchos países latinoamericanos hacen la vista gorda con los asesinatos de los ecologistas. El Gobierno de México creó a través de la Secretaría de la Gobernación un mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos, pero Reneaum señala que no está siendo eficaz: “Los mecanismos de protección que ofrece no son capaces de prevenir a las 1.500 personas incluidas en este programa, sólo se actúa cuando las agresiones han ocurrido”.

Las regiones más peligrosas para los ecologistas en México, señala Reneaum, son Oaxaca (campos eólicos), Chihuahua (explotación de minas a cielo abierto) y Puebla. En Yucatán también existen protestas para la defensa de los acuíferos.