Matanza de los jesuitas en El Salvador: las claves del juicio

Hoy arranca el juicio en la Audiencia Nacional de Madrid para juzgar al ex coronel y ex viceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano y René Mendonza por su presunta participación en “la decisión, diseño o ejecución” del asesinato de cinco jesuitas españoles, entre los que se encontraba Ignacio Ellacuría, en la Universidad Centroamerica (UCA) en 1989 en El Salvador, hechos por los que Montano se enfrenta a 150 años de cárcel.

El 16 de noviembre de 1989, un batallón del Ejército de El Salvador entró en la sede la Universidad Centroamericana y perpetró una matanza que tuvo una gran repercusión internacional en la que además de los cinco jesuitas españoles otro sacerdote salvadoreño fue asesinado junto a dos mujeres. La Sala tiene fijadas 10 sesiones de juicio repartidas entre el 8 de junio y el 16 de julio. Ante el inicio del juicio, la Compañía de Jesús en Centroamérica ha dicho en un comunicado que confía en que “la vista pública permita revelar la verdad sobre este crimen que conmovió al mundo entero”. Éstas son las claves del juicio.

¿Qué sucedió el 16 de noviembre de 1989?

Un escuadrón del batallón Atlácatl, un comando entrenado en Estados Unidos, irrumpió en la Universidad Centroamericana (UCA) y ordenó a los seis jesuítas y a dos mujeres salir al jardín y tumbarse boca abajo. Todos fueron disparados y sus cuerpos quedaron envueltos en sangre dispersos en cuartos y en el jardín. “Sus rostros y cerebros fueron despedazados como animales que se destazan sin piedad”, recordó en el vigésimo aniversario de los hechos el portal oficial de los jesuitas para América Latina. La Comisión de la Verdad, formada en El Salvador en 1992, recopiló documentos en los que se decía que la UCA era considerada un “refugio de comunistas” y que los soldados habían recibido órdenes de eliminar a los “elementos subversivos conocidos”. Los autores del crimen dejaron señales y pruebas falsas para que parecieran que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla insurgente.

¿Quiénes eran las víctimas?

El entonces rector la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, jesuita español, rector de la universidad y defensor de la Teología de la Liberación; Ignacio Martín-Baró, jesuita español y vicerrector académico; Segundo Montes, jesuita y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón Moreno, jesuita y director de la biblioteca de Teología; Amando López, jesuita y profesor de Filosofía; Joaquín López y López, jesuita salvadoreño y fundador de la universidad; Elba Ramos, salvadoreña y cocinera de la residencia de los jesuitas, y Celina Ramos, de 16 años, salvadoreña, hija de la cocinera.

¿Quiénes son los acusados: Inocente Montano y René Yusshy?

El ex coronel y ex viceministro de Defensa Inocente Montano, considerado por la fiscal Teresa Sandoval como uno de los líderes de La Tandona” (grupo de militares que controlaban los puestos claves del Ejército y del Gobierno en el país centroamericano), confesó hace tiempo haber participado en una reunión de todos los mandos de la Fuerza Armada de El Salvador la noche anterior al asesinato, pero negó que en ella se hablara de los jesuitas ni se diera orden de asesinarles. Será el primer militar salvadoreño que responderá ante la Justicia española por la matanza de la Universidad Centroamericana. La Fiscalía pide para él 150 años de cárcel. Montano, ya septuagenario, se encuentra preso desde 2017 y su prisión provisional ha sido prorrogada hace unos meses, por lo que urge sentarle en el banquillo, informa Efe. Montano estuvo dos años detenido en EEUU hasta su entrega a España el 29 de noviembre de 2017 y tras comparecer ante el juez en silla de ruedas y alegar motivos de salud para evitar ir a la cárcel (se desvinculó de cualquier responsabilidad en la matanza), se encuentra en prisión preventiva. La defensa de Montano ha buscado tumbar el procedimiento al alegar, entre otras cuestiones, la prescripción del delito o que los hechos ya fueron juzgados en El Salvador en los 90. Según el juez que procesó a Montano en España, las pruebas le sitúan en reuniones en las que el coronel Emilio Ponce dio la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides (el único condenado en El Salvador por estos hechos) de asesinar a Ellacuría. En 1980, monseñor Oscar Arnulfo Romero había sido asesinado durante una misa en 1980.

En el banquillo le acompañarán René Yusshy Mendoza, que era teniente del ejército de la República de El Salvador destinado en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios y miembro del batallón Atlácatl, ejecutor de los asesinatos. Según la Fiscalía, ambos “participaron en la decisión, diseño o ejecución”. Para este acusado, la Fiscalía pide una pena de un año por cada uno de los cinco asesinatos, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño. La Fiscalía sostiene que “los procesados, junto con terceras personas no investigadas en el presente procedimiento, constituyeron dentro del Estado de El Salvador, una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población a través de ejecuciones de civiles, desapariciones forzadas...”.

¿Qué sucedía en El Salvador en 1989?

El Salvador había celebrado elecciones recientemente apoyadas por EEUU. Alfredo Cristiani, candidato del partido conservador Arena, ganó con el 53% de los votos, pero un 50% de los votantes no acudió a las urnas siguiendo las directrices del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Según la Fiscalía, “los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo” para negociar una salida dialogada al conflicto armado. Ellacuría “era el único intermediario que hablaba con todas las partes y actuaba de puente entre el presidente (Alfredo) Cristiani y los rebeldes”, lo que lo convirtió en “objetivo de los militantes de la extrema derecha”, que culpaban a la Iglesia de formar parte “de una conspiración comunista internacional” y que desde la Teología de la Liberación se incitaba a los campesinos a participar en “una conspiración comunista internacional”. La guerra civil de El Salvador acabó con la vida de 75.000 personas y dejó más de 8.000 desaparecidos entre 1979 y 1992.

¿Qué hizo la justicia de El Salvador?

Condenó en 1991 al coronel retirado Guillermo Benavides a 30 años de prisión por su implicación en el asesinato. Aunque no estuvo en la escena del crimen, fue condenado por haber dado la orden de matar a los religiosos. Sin embargo, fue puesto en libertad gracias a una amnistía que en 1993 perdonó los crímenes cometidos en la guerra civil salvadoreñas, pero fue detenido nuevamente en febrero de 2016 a petición del juez español Eloy Velasco al ser anulada ley de amnistía de 1993 por un falló de la Sala de lo Constitucional de la CSJ en julio de 2016. Este hecho abrió la posibilidad de llevar a la justicia casos de masacres y crímenes de la guerra civil. Benavides ha cumplido cuatro años de prisión, tres de ellos entre 1990 y 1993 antes de ser liberado por la Ley de Amnistía, y cumplió su cuarto año de cárcel tras ser detenido en 2016.

Según la Compañía de Jesús de Centro América y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, "la protección del estado salvadoreño a los militares que cometieron este crimen se ha mantenido a lo largo del tiempo. Las repetidas dificultades y barreras para que en El Salvador se juzgue a los autores intelectuales del mismo, e impedir la extradición a España de los militares que fueron requeridos por el Juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, son las principales muestras de ello.

¿Conocía EE UU que la operación contra los jesuítas?

El entonces presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani admitió la responsabilidad de miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas en la matanza y dijo que las investigaciones habían contado con la ayuda de la policía federal de EE UU, de la policía española, de Scotland Yard y de los servicios secretos de Canadá. El abogado de derechos humanos Wilfredo Medrano explicó a la BBC que las operaciones del Batallón Atlactl formaron parte de una serie de estrategias diseñadas desde Estados Unidos para combatir la insurgencia en Latinoamérica. “Bajo el gobierno de Ronald Reagan se destinaba al gobierno de El Salvador casi un millón diario, que iba a pertrechos militares, adiestramiento, alimentación, colaboración de asesores o la formación de los batallones de contrainteligencia que fueron a formarse al Comando Sur o a Georgia”, indicó. Elliott Abrams, ahora enviado especial de Trump para Venezuela y quien fuera en los primeros años de la Guerra Civil en El Salvador subsecretario de Estado para derechos humanos y asuntos humanitarios, descartó las denuncias de los crímenes de la dictadura en El Salvador como “propaganda comunista”.