La Audiencia juzga 30 años después el asesinato de Ellacuría en El Salvador

Treinta años después de que Ignacio Ellacuría, firme referente de la Teología de la Liberación, y otros cuatro jesuitas españoles fueran asesinados en la universidad Centro Americana (UCA) de El Salvador el 16 de noviembre de 1989, la Audiencia Nacional juzga desde hoy a dos de los supuestos responsables de esa matanza.

En el banquillo se sientan el coronel Inocente Montano, ex viceministro de Seguridad Pública salvadoreño -que se encuentra en prisión provisional desde que fue extraditado por EE UU en 2017, y para quien la Fiscalía pide una condena de 150 años de prisión- y el entonces teniente René Mendoza, que se enfrenta a una petición de condena de cinco años de cárcel, por su supuesta participación, junto con otros 18 procesados en rebeldía, en la “decisión, diseño o ejecución” de los asesinatos. A todos ellos, el Ministerio Público los encuadra en una “estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población” a través de ejecuciones de civiles y desapariciones forzadas.

En el escrito de acusación, la fiscal Teresa Sandoval señala a Montano como uno de los líderes de “La Tandona”, el puñado de militares que controlaban los puestos claves del Ejército y del Gobierno en el país centroamericano, desangrado por una guerra civil que ya duraba más de una década y a la que no se adivinaba final. En ese contexto, las elecciones de 1989 suponían una oportunidad para alcanzar unos acuerdos de paz con el movimiento guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En esos comicios, en el que un 50% no acudió a votar, se impuso el conservador ARENA, que apostaba, como los integrantes de “La Tandona”, con retomar la “guerra total” con el FMLN, cerrando la puerta al diálogo que propugnaba el padre Ellacuría, rector de la UCA.

Los jesuitas, recuerda la Fiscalía, “habían sido un blanco durante toda la década” de conflicto civil, siendo objeto de amenazas de muerte y atentados en la propia UCA “que fueron creciendo en intensidad” en 1989, con acusaciones “cada vez más virulentas”. El elemento central de la negociación era, subraya, la expulsión de “La Tandona” del poder, lo que para el núcleo duro del Ejército resultaba “inasumible”.

La Fiscalía mantiene que el 15 de noviembre de ese año, tras una "discusión, planificación y autorización previas", el coronel responsable de la Escuela Militar "dio la orden directa de asesinar a los jesuitas" a la unidad de comando del batallón Atlacatl. Días antes, recuerda, se sucedieron "los ataques virulentos" contra Ellacuría y los jesuitas con el objetivo de crear el "clima adecuado para matar a los sacerdotes", a quienes se señalaba como "el enemigo" y se responsabilizaba de haber ocultado armas en la UCA para la guerrilla.

La universidad fue registrada por soldados del batallón de elite Belloso el 12 de noviembre, pero no se hallaron armas. El registro se repitió al día siguiente, pero fue igualmente infructuoso. El padre Ellacuría acababa de incorporarse al campus tras viajar a España. Ese registro, subraya la fiscal, era "el preludio planeado de los asesinatos". La decisión de matar a los que consideraban "líderes intelectuales" de la guerrilla ya estaba tomada.

Cuando los comandos militares rodearon la residencia de los jesuitas, cinco sacerdotes salieron alertados por el ruido. Los soldados les ordenaron que se tirasen al suelo “y empezaron a disparar, matándolos”. Además de Ellacuría, perdieron la vida a consecuencia de los disparos los sacerdotes Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno. En la matanza también fueron asesinados un sacerdote salvadoreño, Joaquín López, y la empleada de hogar de la residencia jesuita, Julia Elba, y su hija Celina.

La Fiscalía precisa que cuando participió en estos hechos Mendoza "tenía notablemente disminuida su capacidad electiva", pues la desobediencia a una orden directa del Estado Mayor y de sus superiores "suponía una amenaza real, seria e inminente contra su vida o integridad física o la de su familia". Además, resalta, ha colaborado "muy activamente" con la Justicia española en el esclarecimiento de la matanza, por lo que le aplica la eximente completa de miedo insuperable y la atenuante muy cualificada de arrepentimiento. La defensa del procesado ha solicitado al tribunal que archive el procedimiento contra él porque considera que los hechos por los que se le juzga han prescrito.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), la familia de uno de los jesuitas asesinados, Ignacio Martín-Baró, y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San José de la Compañía de Jesús de Valencia ejercen también la acusación en este procedimiento. Una de sus letradas, Almudena Bernabéu, hace hincapié en que este juicio “es la culminación del enorme esfuerzo que comenzó en El Salvador hace 30 años” y “el testimonio de la resiliencia de las familias de las víctimas y de ese sufrido pueblo”, por lo que se congratula de que “incluso en el contexto de la actual crisis mundial, se pueda hacer justicia”.

La Apdhe recuerda en un comunicado que “el sacrificio de Ellacuría y sus compañeros, demostración de su compromiso inquebrantable con los más desfavorecidos, con los derechos humanos, con la paz y la justicia, conmovió al mundo entero y sigue constituyendo un referente y un ejemplo de coherencia y servicio para las sucesivas generaciones de defensores de derechos humanos”. De ahí que resalta que “procurar que se les haga justicia tres décadas después de sus asesinatos es nuestra contribución a su memoria”.