Hong Kong se mimetiza con la China comunista

A las puertas de una semana crucial para Hong Kong, en la que la tradicional marcha del 1 de julio no ha sido autorizada y se espera que se dé un nuevo paso para promulgar la Ley de Seguridad Nacional que Pekín pretende imponer en la ciudad, numerosos ciudadanos salieron ayer a la calle para mostrar su disconformidad. La protesta contra una normativa que socava los derechos y libertades de los hongkoneses, según sus opositores, devolvió a la ciudad la tónica habitual previa a la epidemia del coronavirus con unos enfrentamientos entre policías y manifestantes que dejaron medio centenar de detenidos «por reunión ilegal».

Hong Kong ha vivido un año convulso repleto de protestas contra el Ejecutivo local y Pekín que han dejado a la ciudad tocada y a su sociedad herida. De la policía más querida a la más odiada. De la pulcritud y el orden a los semáforos reventados y las calles pintarrajeadas. De ser una de las ciudades con mejor movilidad del mundo a pasar los fines de semana recluida en casa ante el parón de sus medios de transporte. Del paseo con bubble tea de cada fin de semana a las flechas y catapultas improvisadas.

A lo largo del último año, las multitudinarias y pacíficas marchas, que arrancaron como rechazo a una ley de extradición que hubiera permitido llevar a China a detenidos en este territorio, se tornaron en violentos enfrentamientos con la Policía. Cada fin de semana se multiplicaban los detenidos y las carreras hasta llegar, a día de hoy, a unos 9.000 arrestados (1.700 de ellos han sido imputados) y unos 2.300 heridos. Conforme avanzaba el conflicto, aumentaron las demandas de los hongkoneses, y cuando la líder del Ejecutivo, Carrie Lam, retiró su iniciativa, ya era demasiado tarde.

Hasta finales de 2019 éste era el panorama en la ex colonia británica y no fue hasta que los pro democráticos arrasaron en las elecciones municipales de noviembre cuando los ánimos se apaciguaron. Aquella victoria significó el respaldo popular a las protestas y dio un respiro a la ciudad, que retomó parte de su ritmo habitual.

Atrás quedaban las imágenes de los alrededores de la Universidad Politécnica ardiendo, la ocupación del aeropuerto o el asalto al Parlamento. Pero pese al optimismo reinante entre los colectivos prodemocráticos, la otrora perla de Oriente ya se había dejado la piel. Su sociedad había quedado irreparablemente dividida y su economía había entrado en recesión, acuciada por la falta de turismo y las caídas de las ventas minoristas.

Entonces, llegó el coronavirus y frenó casi en seco la lucha de numerosos ciudadanos por alejar la mano de Pekín de su querida Hong Kong. Fue en esa especie de tregua obligada cuando el Gobierno de Xi Jinping decidió poner la casa en orden. Primero, sustituyó a los responsables de las oficinas de representación de Pekín en Hong Kong por otros más cercanos a Xi. Después, lanzó su órdago: la imposición de una Ley de Seguridad Nacional que se iba a tramitar a miles de kilómetros de la urbe.

Todo un mazazo para los activistas prodemocráticos, ya que la norma prevé juzgar actos de subversión, terrorismo, separatismo o injerencias extranjeras, y abre la posibilidad de que los agentes comunistas operen en suelo hongkonés. Para muchos, el certificado de defunción del «un país, dos sistemas» que rige en la ciudad desde que volvió a manos chinas en 1997.

Con esta jugada, Pekín puso de manifiesto que nada ni nadie se iba a interponer en su objetivo de recuperar el control total sobre la ciudad. Por eso, aunque las protestas se han intensificado recientemente son muchos los que, cansados y desesperanzados, miran para otro lado en busca de un lugar que les permita mantener sus libertades.

«Hong Kong ha perdido claramente su autonomía. Algunos habitantes han comenzado sus solicitudes de migración, incluso los que tienen pasaportes extranjeros, y aunque todavía no han hecho las maletas y dejado la ciudad, están preparados para lo peor», advirtió Albert Cheng, un reconocido empresario de la ciudad. Una de ellos es Xiao Hua, una enfermera de 35 años que vive provisionalmente en Taipei y que ahora baraja instalarse allí definitivamente.

«Es un lugar en el que todavía podemos expresar nuestras opiniones libremente», afirma. En Taiwán, la presidenta Tsai Ing Wen se ha comprometido a acoger a cientos de manifestantes exiliados como Xiao. También en Reino Unido se ha abierto la posibilidad de nacionalizar a los casi tres millones de hongkoneses que poseen el pasaporte de nacional británico de ultramar.

Para Cheng, los residentes restantes tendrán solo dos opciones: ser un ciudadano obediente o unirse a la resistencia. «La mayoría de las personas dejarán finalmente de luchar y aceptarán su destino. Solo algunos jóvenes idealistas continuarán luchando en las calles y se sacrificarán por el sueño inalcanzable de la democracia plena en Hong Kong», aventura.

La ley ha calado también de puertas para afuera y desde el otro lado del Pacífico Washington ha amenazado con retirar el estatus económico especial que mantienen con Hong Kong en un intento por castigar a Pekín.

Esta misma semana, el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, anunció que ya se están imponiendo restricciones de visados a los funcionarios del Partido Comunista Chino considerados responsables de socavar las libertades en Hong Kong.

Mientras otros países se muestran “profundamente preocupados” sin entrar en detalles, las cábalas sobre el futuro de la ciudad llegan a todos los sectores. Algunos analistas económicos aventuran que la ley podría traer cierta estabilidad e incluso hay algunas firmas extranjeras como HSBC o Standard que ya han mostrado su apoyo. Sin embargo, los grupos de la oposición han comenzado a mover fondos al extranjero y a digitalizar archivos históricos sobre el movimiento prodemocrático en la China continental de 1989 antes de que la mano de Pekín los haga desaparecer y borre del recuerdo la masacre de Tiananmen.

El temor entre los activistas es patente, pero eso no les ha frenado de continuar persiguiendo sus ideales. El propio Joshua Wong, cofundador del partido político Demosisto y uno de los rostros más conocidos del movimiento prodemocrático de la ciudad, afirmó que nadie está a salvo. “Los periodistas, los grupos de derechos humanos, las ONG y los expatriados pueden ser víctimas de la nueva ley, ya que todas las voces disidentes podrán ser acusadas de incitar a la subversión”, advirtió.

Sin embargo, solamente la reunión de tres días que comenzó ayer en la capital china para avanzar con la norma arrojará algo de luz sobre la incertidumbre que sobrevuela los rascacielos de la ciudad desde hace meses. Mientras, las ansias democráticas quedarán a pie de calle, donde muchos amenazan con seguir saliendo hasta que se cumplan sus deseos. En el horizonte quedan las elecciones legislativas de septiembre, comicios en los que los demócratas tienen puestas todas sus esperanzas. De fraguarse, habrá que ver cómo se combinan con la nueva ley que trae Pekín a la ciudad.