Promesa electoral
Biden rescata el Obamacare para avanzar en una sanidad universal
Apenas una semana después de su llegada al despacho Oval, el demócrata ha comenzado a tomar acciones que pretenden revertir el efecto de la administración Trump
Donald Trump llegó a la presidencia prometiendo que derogaría el Obamacare y Joe Biden, cuatro años más tarde, ha firmado una orden ejecutiva para relanzarlo. «No estamos haciendo nada nuevo», defendió el presidente, «excepto restaurar la Ley de Atención Sanitaria a Precios Asequibles y restaurar el Medicaid de la forma en que existía antes de que Trump se convirtiera en presidente». Biden ha acusado a su predecesor de hacer hecho más «inaccesible, más caro y más difícil» para reunir los requisitos para optar a la atención sanitaria. Las nuevas órdenes ejecutivas han sido diseñadas para intentar revertir las disposiciones del gobierno de Trump respecto al Medicaid y reabrir el plazo para poder apuntarse y elegir seguros subsidiados, que el gobierno anterior recortó a la mitad.
Trabajar para que el Obamacare sea ya una realidad insoslayable, tan imbricada en la vida de cientos de millones de estadounidenses que resulte imposible desembarazarse de ella, era y es una de las grandes obsesiones tanto de Barack Obama como de Biden, que acusaron en numerosas ocasiones a sus oponentes de poner en riesgo la cobertura de los enfermos crónicos y de las personas que, afectadas por una condición preexistente, eran rechazadas por las aseguradoras.
Trump respondía que el Obamacare vulnera aspectos esenciales de la Constitución, se entromete en la libertad de los Estados y entorpece el acceso a un mercado sanitario más variado y robusto y encarece los recursos disponibles. Prometió un plan. Pero nunca lo formuló. El sector más a la izquierda de los demócratas, por su parte, considera que el Obacamare fue sino un parche. Una solución de compromiso, digna de un gobierno de posibilistas, pragmáticos y liberales, el de Obama, que dejaba intactos los peores aspectos del sistema de salud. En un país, acostumbran a recordar que cuenta las facturas médicas como una de las primeras causas de bancarrota de las familias.
La batalla por el modelo sanitario es desde hace años una de las más enconadas de la política estadounidense. En tiempos más recientes cabe recordar la incapacidad de Bernie Sanders para explicar a los periodistas que le preguntaban cómo pensaba financiar su flamante sanidad universal y gratuita. O los fracasados intentos de Hillary Clinton para sacar adelante una sanidad universal y gratuita inspirada en los modelos europeos. Sin olvidar la traición del senador John McCain, que tumbó en la Cámara Alta el intento de la administración Trump para liquidar el Obamacare. Para añadir sal a la herida, McCain, que estaba enfermo de muerte y ya no ocultaba el profundo desprecio que le inspiraba Trump, bajó el pulgar en el momento de introducir su voto. Su gesto provocó la ira del presidente Trump. Hace apenas tres años un juez de Texas declaró inconstitucional el mandato del Obamacare que obligaba a todos los ciudadanos estadounidenses a tener un seguro médico. Basó su resolución en la reforma fiscal aprobada en 2017, que suprimió las penalizaciones a las personas que no suscriban un seguro médico.
Todo esto sin contar la rebelión de hasta 20 fiscales generales en otros tantos Estados, todos ellos gobernados por los republicanos, y que trataron de llevar hasta las puertas del Tribunal Supremo la constitucionalidad de los principios esenciales de la ley. Una batalla legal en buena medida irresuelta. Cuando el juez sentenció contra aspectos del Obamacare Trump declaró que la ley era inconstitucional y animó a los legisladores a aprobar «una ley FUERTE que proporcione GRAN atención médica y proteja las condiciones preexistentes». Nunca llegó.
Por lo demás la parte más polémica de esta nueva batería de acciones ejecutivas es la decisión de que EE.UU. vuelva a financiar a entidades sin ánimo de lucro que asesoran y practican abortos en el extranjero. Biden y su equipo sostienen que la medida resulta crucial para que Estados Unidos ayude a las mujeres más desfavorecidas en el Tercer Mundo. El primer presidente en prohibir esta ayuda fue Ronald Reagan, que en 1984 firmó la llamada Política de la Ciudad de México. Cuando Bill Clinton accedió a la presidencia procedió a derogarla y sus sucesores republicanos en la Casa Blanca volvieron a ponerla en pie.
Obama la derogó, Trump la reinstauró, y además prohibió que dar dinero federal a ninguna onegé que pueda tener algún tipo de relación con los programas de abortos, por más que los fondos estadounidenses fueran para otros fines. Ahora, liquidando la norma de Reagan y las disposiciones adicionales de Trump, Biden renueva un clásico del ejecutivo en Washington. Un juego de poder que define fronteras ideológicas y cosmovisiones, de enorme potencia simbólica y por supuesto humana, y que una y otra vez ha sido reeditado por los nuevos inquilinos de la Casa Blanca.
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