“Plata o plomo”: la estrategia del narco mexicano para someter a alcaldes y gobernadores

El abogado y candidato a la presidencia municipal de Cajeme por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, recibió diez impactos de bala tras charlar con los vecinos de la colonia Allende sobre la inseguridad en esta ciudad al noroeste de México y escribir en su Twitter: “Cajeme ya no puede, ni va a seguir tolerando a políticos corruptos que dejen impunes a quienes arremeten contra los ciudadanos”.

A tres semanas de la cita en las urnas, su muerte rompió la relativa paz que reinaba en el estado de Sonora desde el inicio del proceso electoral en septiembre. Los guardaespaldas y los chalecos antibalas acompañan a muchos aspirantes de la contienda electoral más grande de la historia de México ya que este domingo 6 de junio se elegirá gobernador en 15 de los 32 estados, se renovarán más de 20.000 cargos locales y 500 plazas federales.

Pese a contar con más de diez escoltas, el respetado político de 58 años se convirtió en uno de los 143 candidatos, cargos públicos, exfuncionarios o activistas que han sido asesinados durante esta campaña. El informe de Integralia, consultora experta en violencia política, multiplica las 14 víctimas reconocidas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El presidente mexicano ha asegurado que “se investigará a fondo”. Su plan de protección de candidatos no está siendo efectivo en estas elecciones donde se arriesga a perder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Los comicios reflejarán el apoyo a sus primeros tres años de la ‘Cuarta Transformación’. Los datos reflejan una violencia similar a la campaña de 2018 que fue la más cruenta de la historia.

El narcotráfico busca aumentar su influencia en las instituciones. El profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ignacio Martínez Cortés, explica a LA RAZÓN las tres grandes oficinas públicas que el crimen organizado persigue controlar: “Seguridad, licencias de comercios como bares y construcción. Su objetivo es conseguir puntos de venta de droga y limpiar el dinero negro más fácilmente. Por ello, la mayoría de las agresiones se han lanzado contra candidatos a cargos locales. Todos los partidos tienen casos de personas vinculadas a las redes clientelares. El narco sí es plural. En ocasiones apoya a varias candidaturas. Siempre gana. Su poder político es muy grande. Es el Estado del narco dentro del Estado”.

El académico destaca que “la impunidad está provocando el incremento de la violencia política”. La exdiputada y Secretaria de Asuntos Internacionales de Movimiento Ciudadano, Vania Ávila, sostiene que “los objetivos son personas que no se someten a los cárteles y tienen opciones de ser elegidos”. El 75% de las agresiones se han producido contra políticos de la oposición de los diferentes gobiernos locales y estatales. Ávila recuerda: “Murrieta decía que no tenía miedo. Esa era su respuesta a las amenazas”.

La violencia política ha estado presente en 27 de los 32 estados en esta campaña. Al menos 18 candidatos han abandonado por agresiones. Ávila lamenta la falta de libertad de elección de los ciudadanos: “El miedo lo olemos todos”.

El crimen organizado utiliza la estrategia conocida como ‘plata o plomo’: colaborar y ser recompensado económicamente o dar la espalda al narco, vivir amenazado y, tal vez, ser ejecutado. Los familiares también sufren peligro. La diputada del Partido de la Revolución Democrática y la coalición Va Por México, Verónica Juárez, admite a este diario que a sus seres queridos “les afecta y alguna vez me han pedido que lo deje”.

La casa de Blanca Merari, candidata por el Partido Verde Ecologista de México, fue atacada el pasado sábado en la ciudad caribeña de 320.000 habitantes de Puerto Morelos. Dos escoltas resultaron heridos graves. Merari ha suspendido su campaña. Otros candidatos también han comenzado actos exclusivamente virtuales.

Pese a que muchos cargos públicos viven amenazados, los partidos no encuentran soluciones para frenar la escalada de amenazas, ataques y asesinatos. Cortés considera clave una reforma de la ley electoral que permita al Instituto Nacional Electoral investigar más fácilmente las cuentas de partidos y candidatos: “Desde los años cincuenta el nexo entre la política y el crimen organizado ha ido creciendo. Todos los partidos están involucrados. No hay propuestas que atajen esta relación entre crimen organizado y política. Es complicado ya que los cárteles han penetrado en las instituciones. Hay cargos públicos en su círculo de influencia ingresando dinero del narco. ¿Crees que el beneficiado lo va a solucionar? Es como el zorro cuidando el gallinero. No se ha invalidado ni una sola candidatura por vínculos con organizaciones criminales desde 1996 pese a los casos publicados en la prensa y perfectamente conocidos”. El poder político del narcotráfico amenaza la democracia mexicana.

La oscura labor social del narco

La plata y el plomo no son las únicas armas de los grupos de narcotraficantes para el incremento de su poder institucional. El profesor Cortés subraya sus intentos para ganarse el favor de los vecinos: “El Cártel Jalisco Nueva Generación ha repartido comida y enseres pidiendo el voto para un candidato”. El miedo es también utilizado por los partidos. La candidata municipal por Metepec de la formación del presidente López Obrador, Gabriela Gamboa, amenaza al intermediario de un candidato de la oposición en la filtración de una llamada: “Se lo advertí muchas veces, que no se olvide que tiene una hija. Recuérdaselo cabrón”. La líder local del Movimiento Regeneración Nacional sostiene que esta grabación “ha sido manipulada” con “más de 21 cortes”.

AMLO ha acusado a la prensa de exagerar las informaciones sobre la violencia política durante esta campaña: “Es amarillismo”. Ávila replica al presidente: “En absoluto exagera la prensa. La complacencia del Gobierno federal con su discurso de ‘Abrazos y no balazos’ no ha frenado la violencia política. Es urgente que López Obrador cambie su estrategia de seguridad”.