Ecuador declara el estado de emergencia por los 116 muertos y decapitados en una prisión del país

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha declarado “el estado de excepción” en las 65 prisiones del país centroamericano para mantener el control en estos centros tras la peor masacre carcelaria de su historia: una guerra entre bandas “con armas de fuego y granadas” por el dominio de la prisión Guayaquil 1 en la que se han lamentado 116 muertos, entre ellos 6 personas decapitadas, y “cerca de 80 heridos”. El mandatario conservador permite al ejército la entrada en las prisiones durante los próximos 60 días ante este “lamentable suceso” que el martes por la tarde conmocionó a esta nación de 17,3 millones de habitantes al ver a reclusos armados en las azoteas de la prisión Guayaquil 1, también conocida como Penitenciaría del Litoral: “Se decreta el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad. Todos los fallecidos son personas privadas de libertad. Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder”. El mandatario ecuatoriano, quién asumió el cargo en mayo, ha presidido este miércoles la reunión del comité de seguridad en Guayaquil. Lasso ha asegurado que coordina las acciones que permitan al Estado “con absoluta firmeza recuperar el control de la Penitenciaria del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario”. En caso de incidentes flagrantes en el interior de las cárceles, la Policía, de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, “deberá intervenir de modo urgente dentro del marco constitucional y legal vigente y en respeto a los derechos humanos”.

La batalla entre reos que se prolongó varias horas se produjo por la disputa entre organizaciones criminales, vinculadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por el control de la venta de cocaína y otros menudeos dentro de la prisión. Los funcionarios aseguraron que el miércoles se retomó el control de la cárcel y se suspendieron las actividades “no prioritarias” durante 48 horas. El ejército y miles de policías rodearon con sus caballos y vehículos el centro penitenciario mientras los familiares se acercaban exigiendo información para saber si sus seres queridos habían perdido la vida y protección para evitar más asesinatos. “Queremos información porque no sabemos nada de nuestras familias, nuestros hijos. Yo tengo un hijo aquí, no sé nada de mi hijo”, se lamentaba una mujer.

Pese a que funcionarios ecuatorianos aseguraron que habían recuperado el control de la prisión, los vecinos de la zona declaran que han escuchado durante la tarde del miércoles disparos y detonaciones en el interior de la cárcel. La madrugada del jueves, unos 400 agentes realizaban un operativo dentro del penal con el objetivo de “mantener el orden” en el que requisaron tres artefactos explosivos, entre ellos una granada, y varios teléfonos móviles que los reclusos tienen prohibidos.

El brutal enfrenamiento entre “los choneros” y “los lobos”, brazos armados de los dos cárteles mexicanos más poderosos, profundiza el problema de los motines en las cárceles de Ecuador. Los amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles de tres ciudades diferentes provocaron 79 personas asesinadas el pasado 23 de febrero. Otra rebelión carcelaria en julio terminó con 22 víctimas mortales. Antes de la batalla carcelaria más sangrienta en la historia de Ecuador, las revueltas penitenciarias habían dejado 120 presos asesinados este año. El exdirector de la inteligencia militar ecuatoriana, Mario Pazmiño, asegura a AP que las bandas “quieren sembrar miedo”.

El control sobre el resto de bandas es más efectivo “mientras más radical y violenta sea la forma de asesinar. Es lamentable que las cárceles se pretendan convertir en un territorio de disputa del poder entre bandas”. El gobierno ha organizado puntos de atención a los familiares de los presos con servicios acompañamiento psicológico. Lasso acelerará el plan de intervención en las prisiones de 24 millones de dólares para mejorar sus infraestructuras y su tecnología. El exdirector del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, Fausto Cobo, ha resumido el peligroso desafío al que se enfrenta Ecuador ante el control de las prisiones de los carteles del narcotráfico: “Una amenaza que tiene un poder igual o superior al propio Estado”.