Londres y París firmaron hoy lunes un nuevo acuerdo para reforzar su cooperación ante la crisis migratoria del Canal de la Mancha, un problema que afecta particularmente a Downing Street. En lo que va de año, han llegado más de 40.000 personas de manera ilegal a las costas británicas, casi el doble del año pasado. Comparado con otros países europeos, la cifra no es desmesurada. En España, sin ir más lejos, en 2018 el número de personas que alcanzaron el territorio nacional de manera irregular fue de un récord de 64.300. En 2021, bajó a 41.945.

Pero en Reino Unido son cifras cargadas de simbolismo político. Al fin y al cabo, la gran promesa del Brexit fue la de “recuperar el control de las fronteras”, por lo que las imágenes de las pequeñas embarcaciones llegando a las playas –solo el pasado fin de semana llegaron más de 1.800 personas- suponen una auténtica humillación para los `tories´, ya bastante castigados en las encuestas, cuando falta poco más de un año para las próximas elecciones generales.

Con el nuevo pacto, Londres aportará 72,2 millones de euros para incrementar un 40% el número de agentes que patrullan las playas francesas. En su día, el Ejecutivo de Boris Johnson ya firmó el desembolso de más de 50 millones con el mismo propósito. Pero la relación más que tensa entre el británico y el presidente francés, Emmanuel Macron, -con todas las polémicas asociadas con el tortuoso Brexit- no facilitó especialmente la cooperación.

Con la llegada del moderado Rishi Sunak al Número 10, sin embargo, se ha iniciado ahora un “bromance”. Los dos mandatarios congeniaron en su primer encuentro la semana pasada en la COP27. Por lo que el nuevo pacto pretende iniciar una nueva era en las relaciones bilaterales.

Aparte del aumento de las patrullas en las playas francesas en el curso de los próximos cinco meses, se incluye el uso de tecnologías de punta, como cámaras de vigilancia en los principales puntos de paso. Y, por primera vez, habrá observadores embarcados en naves del otro país, con el objetivo de mejorar la comprensión y la comunicación a ambos lados del Canal.

“Solo trabajando conjuntamente podemos esperar resolver este complejo problema”, señaló la titular de Interior británica, Suella Braverman. “No hay soluciones rápidas, pero este nuevo acuerdo significa que podemos incrementar de forma significativa el número de gendarmes franceses que patrullan las playas del norte y asegurar que agentes de ambos países trabajan hombro con hombro para detener a estos traficantes de personas”, añadió.

La ministra -hija de inmigrantes provenientes de Kenia y Mauricio- ha protagonizado estos días una gran polémica, que le ha valido el título de “Cruella Baverman”, por hacer caso omiso a las advertencias de estar deteniendo de manera ilegal a miles de solicitantes de asilo. Alrededor de 4.000 inmigrantes están alojados en el centro de procesamiento de Manston en Ramsgate, Kent, cuando las instalaciones están diseñadas para albergar, como máximo, a 1.600 personas.

Pese a que no pueden estar allí más de 24 horas, algunos llevan ya un mes. La mayoría llegó a la costa sur británica después de cruzar el Canal de la Mancha. Las condiciones son deplorables. Ya hay brotes de difteria y sarna, y el personal ha reportado episodios de violencia a medida que aumentan las tensiones por las condiciones de hacinamiento.

Después de que el escándalo haya salido a la luz, algunos fueron trasladados a Londres para que pudieran ser acogidos por familiares o amigos. Pero los que no conocían a nadie, fueron dejados a su suerte en la estación de autobuses de Victoria en chanclas y con solo una manta para protegerse de las bajas temperaturas.

La titular de Interior habría elegido “deliberadamente” no cerrar más hoteles para recolocar a los inmigrantes en un intento por reducir la factura de 8 millones de euros al día que ya paga el Ejecutivo para albergar a los solicitantes de asilo. En la actualidad, hay un tapón de 100.000 peticiones. Cada una tarda una media de 480 días en procesarse.

Braverman -representante del ala dura del Partido Conservador- se refirió a la crisis migratoria en la Cámara de los Comunes como “una invasión” y aseguró que no todos los que llegan a las costas son “refugiados en peligro”.

La palabra “invasión” ha creado bastante controversia. Pero en lo otro no le falta razón. Según la BBC, las bandas de narcotraficantes albaneses están utilizando los campamentos de inmigrantes del norte de Francia como reclutamiento, ofreciendo pagar el pasaje de aquellos preparados para trabajar en la industria de las drogas de Reino Unido a su llegada, lo que preocupa a la Policía de ambos lados del Canal de la Mancha. Los albaneses representan alrededor de un tercio de los que han llegado este año en pequeñas embarcaciones.

Albania ha accedido a readmitir rápidamente a los ciudadanos a los que se les niega el derecho a permanecer en Reino Unido y ha enviado personal para ayudar a la policía fronteriza británica. Pero el primer ministro del país, Edi Rama, explica que las redes que operan en el norte de Francia son de naturaleza internacional, por lo que su Gobierno tiene límites a la hora de abordarlas.