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Brasil

Los abogados de Bolsonaro acusan a la policía brasileña de querer "desmoralizarlo"

Además de la imputación del expresidente, las autoridades del país también han acusado a su hijo Eduardo "coacción" contra el sistema judicial y por presunto "golpe de Estado"

La defensa de Jair Bolsonaro negó este viernes que el expresidente brasileño violara las medidas cautelares en torno a su detención durante el juicio por intento de golpe de Estado y acusó a la policía de intentar "desmoralizarlo", según un documento presentado ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo de Brasil comenzará a debatir el veredicto contra Jair Bolsonaro el 2 de septiembre, quien está siendo procesado por un presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, en las que Luiz Inácio Lula da Silva ganó.

La situación judicial de Bolsonaro se torna cada vez más compleja. Además de su conocida imputación, la policía brasileña ha solicitado formalmente la inculpación de su hijo Eduardo, señalándolos por presuntas acciones de "coacción" contra el sistema judicial y por presunto "golpe de Estado" en el contexto posterior a las elecciones.

Una situación que no augura esperanza para el expresidente brasileño

La policía afirmó en un informe que Eduardo Bolsonaro y su padre actuaron "con el objetivo de interferir en el proceso penal", y recomendó que se les imputaran cargos de "coacción en el proceso judicial" y "abolición del Estado democrático de derecho", delitos que conllevan penas acumulativas de hasta 12 años de prisión.

Todo esto se suma al hallazgo de los últimos días sobre la supuesta solicitud de asilo político dirigida al presidente argentino Javier Milei. Los abogados de Bolsonaro rechazan enérgicamente estas acusaciones, calificándolas como parte de una estratégica guerra jurídica.

Desde agosto, el expresidente se encuentra bajo arresto domiciliario por violar las medidas que le prohibían publicar mensajes en redes sociales. Su equipo legal ha presentado argumentos contundentes ante la Corte Suprema, sosteniendo que se trata de una persecución política más que de un proceso judicial legítimo.