El frágil equilibrio político de Sudán del Sur volvió a quebrarse este jueves, tras la acusación formal contra el vicepresidente Riek Machar por asesinato, traición y crímenes contra la humanidad. El detonante de esta ruptura fue el asalto ocurrido entre el 3 y el 7 de marzo a una base militar en Nasir (estado del Alto Nilo) por parte del llamado Ejército Blanco. Esa es una milicia compuesta en gran medida por jóvenes de la comunidad nuer, a la que pertenece Machar. El ataque dejó más de 250 soldados muertos (incluyendo un general) y concluyó con en el derribo de un helicóptero de Naciones Unidas que intentaba evacuar a militares heridos.

El ministro de Justicia, Joseph Geng Akech, sostuvo que los hechos constituyeron "graves violaciones de las Convenciones de Ginebra y del derecho internacional humanitario, incluyendo la profanación de cadáveres, la persecución de civiles y los ataques a trabajadores humanitarios". Además de Machar, el Gobierno imputó a otras 20 personas por delitos que se estiran desde la conspiración y el terrorismo hasta la destrucción de propiedad pública. Trece de los acusados permanecen huidos de la justicia, mientras que dos figuras clave (el ministro de Petróleo, Puot Kang Chol, y el subjefe del Estado Mayor, teniente general Gabriel Duop Lam) fueron detenidas junto a Machar.

La respuesta política fue inmediata. Horas después del anuncio de Akech, el presidente Salva Kiir firmó un decreto suspendiendo a Machar de su cargo y extendió la medida a Puot Kang Chol. En Yuba, los accesos a la residencia del vicepresidente quedaron bloqueados por tanques y soldados, y Machar continúa bajo arresto domiciliario desde marzo. El Gobierno insiste en que se trata de un proceso de rendición de cuentas: "Quienes cometan atrocidades contra el pueblo de Sudán del Sur rendirán cuentas, independientemente de su cargo o influencia política".

La oposición responde que es una "caza de brujas política". El SPLM-IO de Machar rechaza las acusaciones a la que denuncia que el sistema judicial "opera como tribunales dirigidos políticamente". El partido sostuvo en un comunicado que los cargos están "fabricados para abrogar el acuerdo de paz, marginar al Dr. Machar y al SPLM-IO y afianzar un control total del gobierno", llegando a acusar al oficialismo de intentar imponer un "gobierno de una sola tribu". La ONU, la Unión Africana y los países vecinos han pedido calma, mientras diplomáticos y organizaciones civiles locales, como la Organización de Empoderamiento Comunitario para el Progreso, reclaman que cualquier juicio sea "competente y no un tribunal popular".

Historia reciente y lo que está en juego

Para entender la gravedad de los acontecimientos sería necesario volver a 2011, cuando Sudán del Sur logró su independencia con una promesa de paz poco duradera. En 2013, las tensiones entre Kiir (de la etnia dinka) y Machar (nuer) derivaron en una guerra civil de cinco años que concluyó con cerca de 400.000 muertos y millones de desplazados. El sufrido acuerdo de paz de 2018 dio paso a un gobierno de unidad que reunió a los rivales bajo un mismo paraguas de gobierno, pero no desactivó la desconfianza ni la violencia esporádica. La última gran oportunidad de normalización, que fueron las elecciones previstas para diciembre de 2024, se evaporó al ser aplazadas por dos años. Esto vino a alimentar el escepticismo sobre la voluntad reformista del poder.

Los combates en Nasir han reordenado la correlación de fuerzas. El Gobierno presenta la ofensiva del Ejército Blanco como la prueba definitiva del control de Machar sobre milicias nuer y su responsabilidad en los crímenes mencionados; el SPLM-IO lo niega, como es lógico, y acusa al oficialismo de instrumentalizar la justicia para desmantelar la coalición de 2018. Y la sociedad civil vuelve a quedar atrapada entre dos narrativas irreconciliables y un terreno donde cada acto político suele leerse en clave étnica. La reciente advertencia de la misión de la ONU sobre una "regresión alarmante" no es, en definitiva, una exageración.

Analistas apuntan a que Kiir busca una salida definitiva a la cohabitación con Machar, abriendo así la puerta a terceros aliados como. El segundo vicepresidente Benjamin Bol Mel, aunque sancionado por Estados Unidos, podría ser uno de los grandes beneficiados al concluir el proceso. De hecho, se conoce que funcionarios sursudaneses han planteado a Washington la posibilidad de levantar las sanciones a Bol Mel.

Sudán vuelve al filo de al violencia

El dilema actual es claro. ¿Puede el Estado procesar a un líder de la talla de Machar sin dinamitar el pacto que ha mantenido unida a la élite desde 2018? El pasado del país recuerda que la "justicia" ejercida sin un consenso político suele degenerar en nuevas olas de violencia. Varios factores serán determinantes en un futuro inmediato: que el Gobierno permita un proceso judicial con garantías que convenzan a observadores y a parte de la oposición; que el SPLM-IO opte por mantener la disputa en el terreno político; y que la comunidad internacional logre involucrarse con algo más que comunicados.

Más de una década después de su ansiada independencia, Sudán del Sur vuelve a caminar sobre el filo ya conocido de la violencia. Con Machar suspendido y bajo arresto, con una lista de cargos que incluye crímenes de guerra y con una oposición que denuncia persecución, el país más joven del mundo enfrenta otra vez su pregunta fundacional: si es posible construir un Estado donde los desacuerdos del poder no sean una excusa para la guerra.