El Salvador

La guerra de Bukele contra “las maras” deja 20.000 detenidos en un mes

El presidente de El Salvador impuso el estado de excepción en marzo para combatir la violencia de la pandillas

Supuestos "pandilleros" son trasladados desde la delegación policial "El Penalito" hacia una cárcel de San Salvador
Supuestos "pandilleros" son trasladados desde la delegación policial "El Penalito" hacia una cárcel de San SalvadorRodrigo SuraAgencia EFE

“Los tenemos sin colchoneta, durmiendo en el suelo, hacinados y con dos tiempos de comida. Les juro por Dios que no comerán ni un arroz. Y vamos a ver cuánto duran”. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha apostado por el Estado de Excepción, decretado el 27 de marzo y ampliado por 30 días más el domingo 24 de abril, para ganar “la guerra contra las pandillas”. La policía y el ejército salvadoreño han arrestado a 20.421 presuntos pandilleros en solo 33 días de Estado de Excepción. Los tribunales han decretado prisión preventiva contra 9.672 imputados. El régimen de excepción permite retener a los detenidos hasta 15 días sin justificación, en contraste con las 72 horas de límite en circunstancias normales.

El excéntrico presidente salvadoreño intenta poner fin a la ola de asesinatos de los últimos meses y al control que estas poderosas bandas criminales, como la Mara Salvatrucha o Barrio 18, ejercen en varias zonas de este pequeño país centroamericano de 6,4 millones de personas. Las 87 personas asesinadas durante el último fin de semana de marzo fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Bukele.

La policía y el ejército salvadoreño llevan más de un mes realizando detenciones arbitrarias a “terroristas” sin orden judicial y basadas en sospechas como tener antecedentes penales o tatuajes de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 o “marero” (pandillero). La escalada de homicidios de los últimos meses en El Salvador ha evidenciado una creciente inseguridad.

Tras las jornadas más violentas en El Salvador desde el fin de la guerra civil hace 30 años (1979–1992), el Congreso salvadoreño dio luz verde a la suspensión del derecho a la defensa, la libertad de asociación y la inviolabilidad de la correspondencia sin orden judicial. Los medios salvadoreños y los expertos en seguridad explican el drástico incremento de la violencia en El Salvador por la ruptura de un pacto secreto entre el gobierno de Bukele y las maras salvadoreñas. Sin embargo, Bukele siempre ha negado este acuerdo.

Naciones Unidas y Amnistía Internacional han mostrado su preocupación

El presidente Bukele ha presumido este miércoles en su cuenta de Twitter del éxito del Estado de Excepción al ser “el sexto día consecutivo con 0 homicidios”. Bukele, el mandatario con más apoyo popular de la región con el 76% de aprobación según M&R Consultores, ha justificado la ampliación del Estado de Excepción porque se calcula que unos 70.000 pandilleros en El Salvador delinquen y luchan por el control de las operaciones de extorsión y narcotráfico: “Ponen en riesgo los logros alcanzados”.

Sin embargo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se ha mostrado “profundamente preocupado” por las detenciones masivas, especialmente en las zonas más controladas por las temidas maras. Su portavoz, Liz Throssell, ha denunciado el trato “cruel, inhumano y degradante” a los sospechosos hacinados en las precarias cárceles salvadoreñas. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, se ha mostrado más contundente: “Durante los últimos 30 días, el gobierno de Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del Estado de Excepción”.

Bukele rechaza las denuncias: “Que se lleven a los pandilleros a sus países”

Bukele ha rechazado las críticas de varias organizaciones internacionales por las denuncias de violaciones de derechos humanos: “Si tanto les gustan los pandilleros a las organizaciones internacionales, que se los lleven a sus países”. Bukele ha llegado a comparar la extrema violencia en El Salvador con la lucha en Alemania contra el nazismo. El mandatario de 40 años trata de justificar la prohibición de grafitis o “cualquier expresión visual” que “explícita o implícitamente transmitan mensajes” sobre las maras que controlan varias zonas de la capital San Salvador y el resto del país. El sindicato de la policía salvadoreña ha denunciado que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en la “guerra contra las maras”.

Amnistía Internacional ha rechazado las medidas del Estado de Excepción que prohíben a los medios de comunicación “la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados” de las pandillas que puedan “generar zozobra o pánico en la población”: “Los periodistas pueden ser encarcelados solo por informar de actividades relacionadas con las pandillas. Los presos pueden estar recluidos sin alimentos y aire suficientes”, denuncia Guevara. Amnistía Internacional ha advertido sobre los abusos que el Estado de Excepción permite a policías, militares y jueces: “Niños de entre 12 y 16 años pueden ser condenados a penas de hasta 10 años de prisión sin derecho a defensa”.

Las amenazas de Bukele de dejar sin comer a los pandilleros han provocado consecuencias inesperadas entre reputados líderes “mareros”. Un cabecilla de la Mara Salvatrucha, Arístedes Dionisio alias El Sirra, ha pedido a las autoridades de El Salvador agilizar su extradición a EEUU, donde un tribunal de Nueva York le acusa de delitos de terrorismo. El Sirra está preso desde el año 2000 por una condena a 33 años de prisión por homicidio y extorsión. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ha informado este jueves de la petición de El Sirra y de los 20.421 presuntos pandilleros arrestados en 33 días de Estado de Excepción: “Lo curioso es que durante la audiencia este criminal solicita agilizar su salida hacia una cárcel norteamericana, pues ya no quiere enfrentar la justicia salvadoreña. Ahora ya no tiene ningún beneficio y su estado en la cárcel se ha vuelto un verdadero castigo a sus crímenes”.