Arranca el centro de operaciones de la UE para recabar información sobre los crímenes de Rusia

Ni Ucrania ni sus aliados internacionales quieren que los crímenes de guerra cometidos por Rusia queden impunes. Por eso, este lunes ha comenzado ya a funcionar el Centro Internacional para la Persecución de Crímenes de Agresión contra Ucrania (ICPA por su siglas en inglés) dentro de la estructura en La Haya de Eurojust, la agencia comunitaria para la cooperación judicial penal.

Aunque no se trata de un organismo propiamente autónomo y su función será sobre todo coordinar las investigaciones y recogidas de pruebas para identificar a los responsables de los crímenes, se trata de la primera iniciativa en la Historia de la humanidad que arranca antes de que termine un conflicto armado y supone el primer paso para la creación de un tribunal que juzgue a los culpables.

La Corte Penal Internacional con sede en La Haya es competente para perseguir y juzgar por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio y en el mes de marzo emitió una orden de detención contra Vladimir Putin y una funcionara rusa por crímenes de guerra. Sin embargo, este tribunal internacional no puede acusar a Moscú de la invasión de Ucrania, ya que Rusia no es uno de los Estados signatarios del acuerdo para establecer estar corte y, por lo tanto, escapa de su jurisdicción en este punto.

Con el objetivo de cerrar este agujero legal, la Unión Europea está estudiando diferentes opciones. El propio presidente Volodimir Zelenski pidió en una visita a la Haya la creación de un tribunal ad hoc como el de Núremberg que se encargó de juzgar a los jerarcas nazis tras el final de la II Guerra Mundial. Además, los países europeos siguen dialogando sobre este tema con sus socios internacionales del G7, especialmente EE UU, con el propósito de que una eventual nueva corte goce de la máxima legitimidad posible. Por el momento, se espera que las investigaciones ICPA sean útiles tanto para tribunales nacionales, como para la Corte Penal Internacional o un posible nuevo tribunal. Una de las opciones sobre la mesa es la creación de una nueva corte ad hoc regida por la ley ucraniana, pero con jueces internacionales.

Para el fiscal superior de Ucrania, Andriy Kostin, ICPA “es la prueba de que la creación de un tribunal especial es ya inevitable” ya que “ si no se hubiesen cometido los crímenes de agresión no habría otros 93.000 crímenes de guerra”.

Aparte de Ucrania, este centro cuenta con equipos investigadores de Lituania, Letonia, Estonia, Polonia y Rumanía y la colaboración de la Corte Internacional. Además, EE UU ha nombrado a un fiscal especial para el crimen de Agresión que también apoyará estas actividades.

Según ha explicado el fiscal adjunto, Kenneth Polite, en la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa, habrá un acceso sin restricciones a los documentos y recursos del Departamento de Justicia de EEUU.

Ésta no es la única iniciativa que busca que los crímenes cometidos por Rusia no queden impunes. El pasado mes de mayo el Consejo de Europa creó un registro de daños, una especie de embrión de un futuro mecanismo internacional para indemnizar a las víctimas de la agresión rusa. De momento, se han adherido 43 países a esta iniciativa. Se espera que antes del receso veraniego, la Comisión Europea publique una propuesta sobre cómo utilizar los rendimientos de capital de los activos inmovilizados rusos. La UE tiene a buen recaudo 200.000 millones de euros en activos congelados pertenecientes a las divisas del Canco Central de Rusia y gran parte de estos fondos están depositados en Euroclear, una cámara de compensación y liquidación global. Ahora mismo, esas reservas han generado unas ganancias de 750 millones de euros. Aunque el propósito reside en utilizar este dinero para la reconstrucción de Ucrania, existen dificultades legales a la hora de poner en marcha un plan. En cuanto a los bienes incautados a los oligarcas rusos- mansiones, coches, yates y cuentas corrientes- tan sólo pueden ser requisados ( puestos a la venta o subastados para después utilizar este dinero) ,si se comprueba un nexo claro entre su adquisición y un delito, como por ejemplo, el blanqueo de capitales. Fuentes diplomáticas explican que el propósito de las sanciones europeas no reside en castigar a los afectados sino que pongan fin al comportamiento que ha llevado a estas medidas. Esto significa que cualquier paso en falso puede acabar en los tribunales.