Arrestos, asesinatos y un oficio sin garantías: los obstáculos del periodista en el Sahel

He estado cinco veces en Mali desde el golpe de Estado que llevó a Assimi Goita al poder en agosto de 2021. En un trayecto en autobús que se dirigía al sur del país, en 2023, fui acusado de espía por el resto de los pasajeros. En 2022 fui retenido durante cuatro horas e interrogado por la policía local de Yanfolila, tras sospechar las autoridades que era un espía. En abril de 2023 fui amenazado por Al Qaeda en Burkina Faso; los terroristas asaltaron en ese mismo viaje una aldea, al día siguiente de entrevistarme con su jefe, buscándome, y mataron a siete personas durante el terrible ataque. En abril de 2024 fui arrestado tras visitar Melgué, una localidad ubicada en la frontera maliense con Mauritania, y pasé los ocho días siguientes en una prisión militar donde me acusaron de espionaje y de terrorismo, encapuchado en una celda sin ventanas hasta mi liberación.

Ser periodista europeo en el Sahel es como convertirse en sardina en un banco de tiburones. Los grupos armados vinculados al sunismo salafista o wahabita (o las dos) secuestran, asesinan, y los gobiernos sospechan de todo nacido con el tono de piel claro y que camine por sus naciones formulando preguntas indiscretas. En los últimos 10 años, cinco periodistas (dos de ellos españoles) han sido asesinados en la región, mientras que varios han sido secuestrados por periodos que han superado los cuatro años. Mali, Burkina Faso y Níger han sufrido un brusco descenso en su libertad de prensa desde que los militares tomaron el poder, y lo demuestra el informe más reciente de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa en el mundo: Mali (114º) ha descendido un puesto en el último año; Burkina Faso (86º) se ha desplomado 28 puestos; y Níger (80º) ha descendido 20 puestos desde que el general Tchiani se hiciera con el control del país.

El caos informativo que caracteriza a la práctica totalidad de las naciones africanas se convierte aquí en una tormenta de miradas recelosas y preguntas arrojadas con la brusquedad de la sospecha que se multiplica cuando el periodista es de nacionalidad francesa. Las corresponsales de Le Monde y France24 fueron expulsadas de Burkina Faso en abril de 2023. El enviado especial de la revista Jeune Afrique, Benjamin Roger, fue expulsado de Mali en 2022 tras ser arrestado en su hotel por una brigada judicial. Yo mismo fui expulsado de Mali en mi última visita, tras ser detenido y pese a quedar probado que era inocente de estas estrafalarias acusaciones de espionaje y terrorismo; incluso siendo inocente, y sin recibir en ningún caso las lógicas disculpas por una detención ilegal en la que no se me permitió contactar con nadie (consulado, abogado, familia) durante más de una semana.

Una periodista europea con residencia en Burkina Faso y que prefiere mantener su anonimato (prueba ideal del asunto que se trata en este artículo) reconoce que “[Burkina Faso] es un país en guerra y es lógico que quieran saber quién está aquí, quién está investigando, quién está preguntando… es normal que quieran saber quién es esta persona, qué hace y con quién se mueve aquí… no es nada diferente a lo que encontrarías en cualquier país en guerra”, pero no niega que “tengo prohibido ir a casi la mitad del país”. Más del 60% de Burkina Faso está hoy controlado por grupos terroristas y la muerte y el secuestro son alternativas razonables para el profesional de la información. La periodista indica que, lamentablemente, “no puedes ir a corroborar la información sobre el terreno y conocer si lo que ha pasado es cierto o no. Tienes que fiarte de los informes. Y, evidentemente, siempre vives con la presión de si lo que vas a escribir va a gustar o no, o si va a ser bien recibido por el gobierno de Burkina Faso”.

Aunque la censura de las juntas militares no se aplica a medios españoles, la realidad fluye muy diferente para los medios franceses y anglosajones. El 27 de abril de 2024, sin necesidad de ir más lejos, la junta militar burkinesa suspendió el acceso a las páginas web de TV5 Monde, Deutsche Welle, Ouest-France, Le Monde, ApaNews, The Guardian y AgenceEcofin con la justificación de que se “detectó en los distintos medios declaraciones tendenciosas contra el ejército burkinés […], lo que constituye una desinformación que puede desacreditar al ejército burkinés”. El prestigioso medio RFI ya fue suspendido en diciembre de 2022, igual que ocurrió con La Chaîne Info en julio de 2023. France24 y RFI también fueron suspendidos por la junta militar maliense en marzo de 2022.

Y todo ello persigue dos objetivos claros: el primero, impedir a las poblaciones europeas conocer los acontecimientos del Sahel, que pueden considerarse de una relevancia notable al tratarse éste del “flanco sur” de la OTAN; el segundo objetivo, que resulta fundamental para sostener a los golpistas en el poder, es el de negar a sus propios ciudadanos el acceso a una información de calidad, veraz e independiente a las directrices establecidas por los regímenes militares. Ningún periodista occidental ha obtenido en los últimos dos años la anhelada autorización para “empotrarse” con los militares malienses o burkineses en las zonas rojas, mientras que únicamente los periodistas locales y afines al poder se encuentran con este privilegio. Paradójicamente, cuando un periodista acude a los ministerios de comunicación para solicitar el acceso a las zonas rojas, reciben como respuesta que únicamente podrán acceder a ellas “empotrados” con las fuerzas armadas nacionales… que posteriormente rechazarán esta posibilidad y devolverán al periodista europeo al punto de partida, a la nada informativa.

El periodista freelance, doblemente expuesto

Lo explica maravillosamente el punto tres del informe de RSF de 2023 sobre las condiciones del periodismo en el Sahel:

“Un espacio para cubrir cada vez más reducido: la expansión de las zonas prohibidas o de difícil acceso para los periodistas es apabullante en el Sahel. Además de las amenazas directas a su integridad física, algunos Estados imponen trabas administrativas abusivas. Lograr una acreditación y todas las autorizaciones necesarias para informar es, a veces, una carrera de obstáculos. Además, los periodistas corren el riesgo de ser expulsados arbitrariamente”.

La paranoia es absoluta. Durante mi último arresto, cuando explicaba a los interrogadores que era periodista y que podían encontrar fotografías y vídeos con mi rostro en Google, contestaban cortantes que “eso se puede falsificar”, y lo mismo respondieron ante mi acreditación de prensa internacional. En ningún momento mostraron interés por contactar con los medios con los que colaboro y contrastar así mis declaraciones. Incluso cuando creyeron finalmente que era periodista (aunque todavía pensaban que era espía a tiempo parcial), un capitán de la gendarmería maliense proclamó en voz alta, antes de investigar el contenido de mis artículos: “ahora es cuando vamos a ver si eres una persona inteligente o nuestro enemigo”. Y luego vino la celda y la capucha y cuatro días después me expulsaron del país sin darme otra explicación.

El resultado inmediato de la censura que imponen las juntas militares es el establecimiento de una fuente de información única, institucional, vinculada a los intereses del Gobierno y proyectora de una realidad tergiversada. No son pocos los burkineses y malienses que habitan en las capitales de sus respectivos países (los que luego salen a manifestarse a favor de sus líderes y que aparecen en las cámaras) que opinan que no hay una guerra en curso en sus territorios. Burkina Faso fue en 2023, según el ranking publicado por el Global Terrorism Index, el país más afectado del mundo por el terrorismo; Mali fue el tercero. Opinan convencidos que la audacia de sus gobernantes ha puesto en fuga a los grupos armados y que lo único que resta son partidas de bandidos sin mayor importancia. Y esta es una realidad que podrá comprobar de primera mano cualquiera que pasee y pregunte por una calle aleatoria de Bamako o de Uagadugú. Sus gobernantes son grandiosos y los europeos son motivo de sospecha. Esta es una ley no escrita en el Sahel, hoy, ahora.

La periodista entrevistada tampoco quiere dejar de señalar una realidad que afecta a la mayoría de los periodistas occidentales que trabajan en el continente africano: “el sistema actual de periodistas freelance es lo primero que nos pone en riesgo, estés donde estés trabajando, porque las condiciones de seguridad son nulas y la precariedad invalida nuestro trabajo. Terminas sacando temas, uno detrás de otro, para intentar tener un sueldo a final de mes. Porque si tienes que dedicar un mes a un artículo, al final es imposible sostenerte económicamente […]. El primer eslabón de inseguridad y de tener a periodistas en riesgo en esta zona, y de tener vacíos informativos, no se debe únicamente a que estos países no te dejen trabajar con tranquilidad, sino que proviene de que los medios no tienen la capacidad de cuidar la información ni a los periodistas que se encuentran en el terreno”.

El Sahel ha cambiado en la última década, lo mismo que las condiciones de los periodistas que arriesgan su vida, su cabeza y su libertad para llevar la información a casa. Y nadie dentro de la profesión duda que no importa que haya un dictador o un presidente democrático en el poder, porque el machete del yihadista todavía puede atravesarte cuando tu protección se limita a una acreditación que “se puede falsificar” y a un antibalas pagado a plazos. Cuando nos preguntemos cómo se origina la desinformación en el Sahel y busquemos un culpable rápido en el periodista que arriesga su vida por nuestro derecho a la información, es imprescindible señalar a los tres actores principales: la amenaza terrorista, los gobiernos autoritarios… y los medios de comunicación que pagan 150 euros (con suerte) por un artículo que pudo ser letal para quien se atrevió a escribirlo.