El Ejército de Burkina Faso es acusado de asesinar a 200 civiles en una campaña de castigo

El bebé aparece en el vídeo entre los brazos de su padre asesinada. En un primer momento, el bebé también parece muerto, inmóvil, manchado con la sangre de su progenitora y con los ojos abiertos y vidriosos. Luego mueve uno de sus bracitos: está vivo. Otro niño de dos años llora a gritos, todavía atado a la cintura de su madre, que está desmadejada en el suelo y no volverá a arrullarle para dormir. Hay charcos de sangre empapando la tierra roja. Al menos 15 cadáveres (niños incluidos) pueden verse en este vídeo de un minuto y medio, mientras los rebuznos histéricos de los burros que vieron la matanza resuenan de fondo. Estos dos bebés, los huérfanos, son los más afortunados del horror que vive hoy Burkina Faso ante el silencio de la comunidad internacional.

Estos civiles no han sido asesinados por los yihadistas del Estado Islámico, ni por ninguna de las filiales de Al Qaeda en el país. Han sido los propios militares burkineses quienes les han matado. El vídeo corresponde a uno de los poblados que han sido atacados en los últimos días mediante una campaña de represalias ejercidas por la junta militar burkinesa contra los pobladores de la provincia de Soum, en los alrededores de la ciudad de Djibo, después de que el Ejército lograra arrebatarle el territorio a los yihadistas tras casi dos años en su poder. Los números bailotean, pero se estima que en torno a 200 civiles han sido asesinados entre el 10 y el 15 de diciembre. Se suman así a los 31 civiles supuestamente asesinados por las fuerzas de seguridad burkinesas el 8 de diciembre en la localidad de Fô (en este caso, se duda si la autoría del crimen correspondió a los yihadistas), a alrededor de 200 civiles asesinados en la localidad de Karma en abril, y a otros 100 en Zaongo, a principios de noviembre.

Únicamente las sociedades civiles burkinesas y un comunicado del grupo yihadista JNIM confirman lo ocurrido. El Gobierno burkinés guarda silencio, sin negar ni confirmar lo ocurrido pese a las continuas exhortaciones hechas por la UE y por Estados Unidos para que frenen esta espiral de violencia contra los civiles. Que el Ejército burkinés haya tomado el control de los alrededores de Djibo en la última semana, coincidiendo con las fechas de las masacres y otros asesinatos en masa perpetrados en los últimos meses por hombres uniformados, hace suponer que las informaciones sean ciertas y que quienes juraron proteger a la población civil burkinesa han asesinado este años (al menos) a 500 personas. Igual que resulta representativa la reticencia de la junta militar a la hora de culpar a los yihadistas por lo ocurrido, a quienes sí que han acusado de otras matanzas. Los agresivos métodos del capitán Traoré para combatir el yihadismo desangran así a la población civil.

Estas masacres se suman a las promovidas por los yihadistas; nadie escapa a la barbarie. De hecho, antes de abandonar Djibo durante la ofensiva del Ejército burkinés, los terroristas asesinaron a cuarenta personas, igual que son conocidas las matanzas ejercidas por el Estado Islámico en las localidades que han ido ocupando a lo largo de los últimos años en el Sahel.

El motivo de estas masacres cometidas por las fuerzas de seguridad burkinesas sigue una nueva política de la junta militar, vigente desde el ascenso de Traoré al poder, en donde cualquier ciudadano burkinés que sea acusado de colaborar con los yihadistas será tratado como uno, y ejecutado sumariamente, sin juicio, en el momento. No importa que seas una niña de diez años, o una mujer que vendió agua al hombre equivocado. Morirás igual. Tampoco importa que la acusación sea falsa porque no habrá un juicio que lo compruebe. La conexión vigente entre la etnia peul y el yihadismo acentúa estas condiciones. A sabiendas de que Ibrahim Traoré ha acusado a esta etnia en repetidas ocasiones de ser los agentes de violencia en el país, no debería extrañar que las últimas matanzas en los alrededores de Djibo hayan afectado a civiles de origen peul.

Los pocos defensores de los derechos peul en el país están siendo reclutados de manera forzosa para ser enviados al frente sin apenas preparación militar. Tal es el caso del doctor Daouda Diallo, firme defensor de los derechos peul y opositor político de Ibrahim Traoré, quien hace apenas dos semanas desde que fue reclutado junto con otros opositores al régimen. Los peul, que se servían de activistas como el doctor Diallo para garantizar su supervivencia en un contexto de guerra abierta manchado con tintes étnicos, se encuentran ahora aislados políticamente y abandonados a las armas que les tirotean en las zonas remotas del país. La situación de los peul en Burkina, siempre precaria, amenaza con ser crítica. No quedan voces en el país que pidan por ellos.