La capital de Filipinas vivió este domingo una jornada histórica: más de 130.000 manifestantes inundaron calles y avenidas en un estallido social contra el gigantesco escándalo de corrupción en los proyectos de control de inundaciones, valorados en unos 9.500 millones de dólares. Los manifestantes exigen cuentas por el presunto saqueo, un latrocinio que pone en jaque la credibilidad del Ejecutivo de Ferdinand Marcos Jr. Se trata de una de las movilizaciones más multitudinarias desde el “Segundo People Power” de 2001.

El epicentro de las protestas fue el parque Luneta y el icónico EDSA Shrine, símbolos de la lucha por la democracia. Desde allí la marea humana, ondeando miles de banderas nacionales y pancartas con el lema “Ya basta, a la cárcel”, avanzó hacia la zona de Mendiola, junto al palacio presidencial. Las autoridades desplegaron a miles de policías y soldados en estado de alerta máxima, pero aun así se produjeron enfrentamientos esporádicos: grupos radicales lanzaron piedras y botellas, incendiaron neumáticos y hasta un camión, mientras los antidisturbios respondían con cañones de agua. Al menos 17 personas fueron detenidas y varios agentes resultaron heridos.

La indignación popular estalló cuando salió a la luz que los contratistas Sarah y Pacifico Discaya, beneficiarios de múltiples licitaciones públicas, presumían de una ostentosa colección de autos de lujo europeos y estadounidenses. En paralelo, miles de familias viven en situación precaria tras sucesivas tormentas e inundaciones, evidenciando el abandono de las infraestructuras prometidas.

El presidente Ferdinand Marcos Jr., que en julio ya admitió anomalías en 9.855 proyectos, reactivó un comité independiente para investigar lo que calificó como un fraude “aterrador”. Si bien asegura que comprende el descontento ciudadano, ha ordenado a las Fuerzas Armadas permanecer en “alerta roja” para evitar un desborde violento. Hasta ahora, los organizadores han insistido en que su demanda no incluye la dimisión presidencial, sino el castigo a funcionarios, parlamentarios y empresarios implicados.

La Iglesia católica, acompañada de otras confesiones cristianas, jugó un papel clave en la convocatoria. El cardenal Pablo Virgilio David, presidente de la Conferencia Episcopal, pidió a los fieles manifestarse de forma pacífica: “Nuestro objetivo no es la desestabilización, sino fortalecer la democracia”. La fecha elegida no es casual: 21 de septiembre, aniversario de la proclamación de la ley marcial por Marcos Sr. en 1972.

Las embajadas de Estados Unidos y Australia emitieron alertas de seguridad, aconsejando a sus ciudadanos mantenerse alejados de las protestas. Aun así, el tono civil prevaleció en buena parte de la movilización. Voces jóvenes marcaron el pulso de la indignación. “Vivimos en pobreza, perdemos nuestras casas y nuestro futuro, mientras ellos se enriquecen con nuestros impuestos”, denunció una estudiante.

En las avenidas de Manila se coreó contra la corrupción y resonó un reclamo más amplio: que el país, asolado por tormentas, desigualdades y una clase política cuestionada, pueda dejar atrás la sombra del clientelismo y garantizar que cada peso público se traduzca en infraestructuras reales, no en fortunas privadas.

Este estallido se inscribe en un contexto regional de efervescencia, con paralelismos en los disturbios de Indonesia y Nepal, y expone las grietas de una nación donde la deshonestidad no es un mal aislado. Las autoridades escudriñan el horizonte, mientras la sociedad civil demanda una purga profunda que restaure la integridad y proteja el porvenir ante las crecientes amenazas ambientales.