La Comisión Europea (CE) ha dado este miércoles un paso significativo en su relación con Israel al proponer la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación UE–Israel, en vigor desde hace más de treinta años. La medida surge como respuesta al deterioro de la situación humanitaria en Gaza y a lo que Bruselas considera una violación de derechos humanos y principios democráticos por parte del Gobierno israelí.

La propuesta no supone interrumpir el comercio con Israel, sino eliminar las preferencias arancelarias de las que se beneficiaba. En la práctica, esto implica que el 37 % de las exportaciones israelíes a la UE —valoradas en unos 5.800 millones de euros— perderán trato preferente y estarán sujetas a los mismos aranceles que los productos de otros países sin acuerdo de libre comercio.

La CE estima que la reintroducción de aranceles supondría para Israel un coste adicional de 227 millones de euros anuales, afectando principalmente a los productos agrícolas. El comercio bilateral continuará, pero en condiciones menos favorables para Israel.

Junto a las medidas comerciales, la Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, propuso sanciones contra los ministros israelíes Bezalel Smotrich (Finanzas) e Itamar Ben-Gvir (Seguridad Nacional), ambos de la ultraderecha del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Las sanciones incluyen la congelación de activos en territorio europeo, prohibición de financiación y veto de entrada a la UE.

También se contemplan medidas contra siete colonos violentos israelíes y contra diez miembros del politburó de Hamás, en Gaza, Cisjordania y en el extranjero. Estas sanciones, a diferencia de la suspensión comercial, requieren unanimidad de los Veintisiete.

Suspensión de cooperación

La CE ha decidido además congelar su apoyo bilateral a Israel, con excepción de proyectos destinados a la sociedad civil y al Yad Vashem, el Museo de la Historia del Holocausto. Esto afectará a las asignaciones anuales previstas para 2025-2027 y a proyectos en curso, con un total de 14 millones de euros suspendidos en el periodo 2020-2024, de los que 9,5 millones estaban aún pendientes de asignación.

La propuesta debe ser aprobada por el Consejo de la UE, donde para la suspensión parcial se requiere mayoría cualificada, mientras que las sanciones personales necesitan unanimidad. De prosperar, supondrá un cambio de peso en la relación económica y política con Israel, que tiene en la Unión Europea a su principal socio comercial.