"Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. (...) No vamos a permitir que un grupo de vándalos impida que trabajemos por ustedes". Las palabras del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, ponen de manifiesto la crisis de seguridad que atraviesa el país andino. El intento de magnicidio sufrido por el primer mandatario revela que Ecuador se encuentra en uno de los peores momentos de su historia respecto a la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico.

En enero de 2024, el gobierno de Daniel Noboa declaró un estado de excepción, catalogando el enfrentamiento contra las mafias del narcotráfico como un "conflicto armado interno". En octubre de 2025 se renovó el estado de excepción en cinco zonas costeras y regiones con alta actividad criminal. Asimismo, Ecuador recibió apoyo financiero de Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal. Ese mismo año, la Asamblea Nacional aprobó una reforma que permite la presencia de bases militares extranjeras con el fin de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

Mientras tanto, la oposición política, liderada por Rafael Correa —quien se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana y fue condenado en ausencia por cohecho agravado como "autor mediato", es decir, como quien ordena o influye dentro de una red de aportes ilegales a cambio de contratos estatales—, condenó el ataque al presidente. Sin embargo, el origen del problema de inseguridad y narcotráfico recae en los diez años en que Correa gobernó el país, entre 2007 y 2017.

Más de 4.600 homicidios en el primer semestre

Durante su gestión, el Estado no combatía con firmeza a ciertas mafias; además, existían zonas donde el crimen operaba con impunidad selectiva. Por ejemplo, Lenín Moreno, exvicepresidente de Correa, afirmó que "hubo alianzas con el narcoterrorismo, con los grupos de delincuencia organizada y se indultó a narcotraficantes". La hipótesis de cohabitación o tolerancia estatal hacia el crimen durante esa época, como parte de un “consenso tácito” para evitar conflictos demasiado complejos, resulta evidente.

En 2025, Ecuador enfrenta una escalada alarmante de violencia: más de 4.600 homicidios en el primer semestre y una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes. El crimen organizado, la debilidad institucional y la corrupción profundizan la crisis, mientras las políticas de seguridad de Noboa generan debate por su efectividad y legitimidad.

En consecuencia, lo que hoy se vive en Ecuador es producto de la desidia y la corrupción que, durante una década, se enquistaron en el entorno sociopolítico del país andino. En este sentido, el mayor reto que enfrenta Noboa es impedir la normalización de la violencia. El peor augurio sería que Ecuador se convirtiera en la Colombia de los ochenta, cuando el crimen organizado era más poderoso que los gobernantes. En tal escenario, el riesgo de que el Estado se convierta en fallido sería latente. Hoy, evitar ese cáncer aún es posible, y Noboa tiene una cita con la historia para lograrlo.