¿Es legítimo un acuerdo de paz con las FARC sin plebicisto?

-¿Qué pasará si el acuerdo de paz con las FARC se aprueba en el Congreso sin el consenso de los partidarios del “no”? ¿Se profundizará la división social y política en Colombia?

-La división social, política, regional, de clases, racial etc, en Colombia es histórica, por tanto lo que ocurre no es del todo novedoso. Hablando del contexto actual, la eventual aprobación en el Congreso es sobre un acuerdo que tuvo ajustes teniendo en cuenta los argumentos de los partidarios del “no”. Con todo, los representantes del “no” pretenden cogobernar o ejercer un poder de veto, frente a una decisión que era de carácter plebiscitaria antes que refrendataria. En tal sentido, la división entre las élites políticas se hará más aguda, pero eso ya venía de antes. Que esto se extienda a nivel social, no es previsible más allá de los claros actores que en los territorios están en contra del acuerdo y ejercen el poder armado de forma paraestatal. En otros términos, las divisiones históricas entre los colombianos no van a cambiar mucho por esto. No visualizo una cuasi confrontación civil por esto. Si se aprueba el acuerdo en el Congreso, se estará cumpliendo con lo previsto en el marco constitucional y el acuerdo pasará a desarrollarse en forma de leyes jurídicamente vinculantes. Su alcance futuro dependerá de que un postrero Gobierno no las cambie y de que el Estado tenga la capacidad institucional de desarrollarlo, cosa sobre las que tengo dudas.

-¿Qué piensan las víctimas del nuevo acuerdo? ¿Cree que las víctimas están bien compensadas en este acuerdo?

-Las víctimas están divididas entre aquellas cercanas al Gobierno o a movimientos sociales, y las movilizadas por el uribismo y sectores de las Fuerzas Armadas. Estas últimas nunca estarán de acuerdo. En el ámbito de una justicia transicional, donde ya existe una ley de víctimas desde antes, creo que visto en clave histórica, el acuerdo busca resarcir a las víctimas de la mejor manera posible, aunque no la ideal. Esto no ha ocurrido antes en Colombia. Ahora bien, todo dependerá de la fortaleza de las instancias estatales para llevar a cabo esto en la práctica. El reto más difícil.

-¿Considera que las FARC tendrían que cumplir prisión, igual que los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz de 2007?

-Considero que los altos jerarcas de las FARC y del Estado colombiano deben pagar por los crímenes contra la humanidad y de guerra, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. Esto desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, la cosa es más compleja. Los actores del poder político lo son en cuanto logran impunidad respecto de sus abusos o no de la fuerza. Por tanto, como estamos en una negociación política, la impunidad es inevitable e igual para las FARC y los agentes del Estado. Aquí la política subordina al Derecho, como bien conocen en España. Finalmente, los paramilitares no pagaron realmente penas de cárcel, sólo hubieron 32 condenas para miles de abusos y el trato en las cárceles para muchos de ellos los protegió de enemigos externos y les dio tratamientos especiales en razón de la continuidad de su verdadero poder social en los territorios. Es así como Uribe tendría razón en que los paramilitares extraditados si están viviendo una verdadera cárcel, aunque no por sus crímenes de guerra o contra la humanidad y, además, en Estados Unidos y no en Colombia. Aquí las cárceles las controlan los delincuentes, no el Estado.

-Si no se refrenda el acuerdo en un plebiscito, ¿tendrá la misma validez? ¿serán las elecciones de 2018 el auténtico plebiscito?

-La validez no es discutible aquí, pues jurídicamente los acuerdos se entienden como norma internacional y como futura ley o leyes. La discusión es de legitimidad. Desde el punto de vista jurídico, la no refrendación popular del acuerdo renegociado no es ilegítima, puesto que el anterior plebiscito fue una decisión del Gobierno, no algo previsto obligatoriamente en el orden jurídico. Por tanto, la refrendación por el Congreso de los acuerdos es legítima en cuanto que es legal. Otra cosa es que políticamente lo sea, y a ese nivel hay discusiones irreconciliables entre el Gobierno y la oposición. Por tanto, el escenario de las elecciones de 2018 será el marco para eso, pero también para los temas irresueltos de inseguridad, desempleo, mayor o menor gasto público. Todo se mezclará y el tema de los acuerdos con las FARC se mezclaran indebida pero inevitablemente.