La izquierda italiana, atrapada en la tela de araña del «Qatargate»

El mayor escándalo de corrupción que ha sacudido el corazón de la Unión Europea hasta la fecha está siendo un auténtico terremoto político con réplicas en Italia. Todas las informaciones alrededor de la trama de sobornos con los que presuntamente Qatar y Marruecos trataron de influir en la capital comunitaria apuntan hacia el país transalpino, y amenazan con hundir en una profunda crisis al Partido Democrático (PD) de Enrico Letta, que atraviesa el peor momento desde su fundación.

El nombre de Pier Antonio Panzeri era prácticamente un desconocido fuera del Parlamento Europeo hasta que fue detenido a principios de diciembre por la Policía belga. Panzeri está considerado el presunto cerebro de la trama de corrupción. Con un pasado como sindicalista, el ex eurodiputado de 67 años lleva instalado en Bruselas desde que en 2004 entró por primera vez en el Parlamento Europeo. En 2009 fue confirmado en las listas del PD, pero en 2017 abandonó a los socialdemócratas para unirse a Artículo Uno, una escisión liderada por el exministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, de la que fue suspendido tras conocerse su presunta implicación.

Entre 2017 y 2019, Panzeri presidió la subcomisión de Derechos Humanos que, según los investigadores, le habría permitido establecer estrechos contactos con emisarios de Marruecos y Qatar. En prisión desde el pasado 11 de diciembre, Panzeri confesó a los investigadores que “influyó” en las políticas europeas a favor de estos dos países a cambio de dinero y regalos, pero cuando no era eurodiputado. Según publicó el diario ‘Il Fatto Quotidiano’, Panzeri aseguró que el acuerdo se produjo “después de 2019″ y preveía que “trabajase para evitar resoluciones contra esos países” a cambio de 50.000 euros. Pero lo cierto es que cuando la policía judicial belga registró el domicilio del ex eurodiputado a principios de diciembre, encontró alrededor de 600.000 euros en metálico.

Mientras el arresto de Panzeri irrumpía como un tsunami en las instituciones europeas, en Italia, su mujer, Maria Dolores Colleoni, y su hija, Silvia Panzeri, abogada de 38 años, fueron detenidas. Las autoridades belgas sospechan que ambas eran partícipes de los oscuros negocios del ex eurodiputado, que habría permitido a la familia disfrutar de una vida de lujo y vacaciones pagadas de hasta 100.000 euros. En concreto, las dos mujeres están acusadas de haber sido cómplices en el transporte de regalos del embajador de Marruecos en Polonia, Abderrahim Atmoun.

Esta semana, un Tribunal italiano aceptó que Colleoni fuera extraditada a Bélgica para ser interrogada, aceptando las peticiones de las autoridades belgas, pero aplazó hasta enero la vista que deberá decidir la suerte de la hija del matrimonio. La defensa de Colleoni anunció que recurrirá la decisión porque al no tener un domicilio en Bélgica, la mujer del ex eurodiputado deberá entrar directamente en prisión.

Desde 2019, Panzeri permanecía en la capital comunitaria como presidente y fundador de la ONG Fight Impunity (‘Lucha contra la impunidad’, en inglés), de la que también forma parte Francesco Giorgi, otro de los principales acusados en el ‘Qatargate’ y pareja sentimental de la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili, imputada también en la presunta trama de corrupción.

Giorgi, quien permanece en prisión provisional desde el pasado día 14, confesó ante el juez instructor belga su participación en una organización que recibía presuntamente sobornos de Qatar y Marruecos para ganar peso político y económico en la UE a través de su influencia en el Parlamento Europeo, pero trató de exculpar a Kaili, con quien tiene una hija de dos años. Sin embargo, la policía belga encontró cientos de miles de euros en el domicilio que ambos comparten en Bruselas, después de pillar ‘in fraganti’ al padre de la política griega cuando salía de un hotel de la capital belga con bolsas llenas de dinero en efectivo.

En su lugar, Giorgi señaló como uno de los principales responsables de la trama a su ‘jefe’, el europarlamentario del PD Andrea Cozzolino, de quien era asistente en la Eurocámara. El político italiano, de 60 años, es miembro de la subcomisión de derechos humanos y forma parte de la investigación parlamentaria sobre el uso de programas espías como Pegasus, que salpica directamente a Marruecos. Después de que su nombre fuera involucrado en la presunta red, el Partido Democrático suspendió a Cozzolino de todos los órganos de la formación, al menos, hasta que termine la investigación, pero el daño para la imagen del partido, en pleno proceso de reconstrucción, podría tener consecuencias aún difíciles de prever.

Las últimas encuestas de intención de voto dejan a la formación socialdemócrata con apenas el 14% y superado por el Movimiento Cinco Estrellas. “Es un escándalo de dimensiones enormes, un episodio vergonzoso”, denunció Elly Schlein, una de las principales líderes de la formación progresista y candidata a suceder a Letta en las primarias que se celebrarán en 2023.

En el pequeño edificio situado en el 41 de la calle Ducale de la capital belga, ‘Fight Impunity’, la organización capitaneada por Panzeri, compartía sede social con la ONG ‘No Peace without Justice’ (No hay paz sin justicia, en inglés), que estaba dirigida por otro italiano, el lobbista Niccolo Figa-Talamanca, quien presuntamente también formó parte de este entramado corrupto y actualmente se encuentra en libertad condicional. En el Consejo Honorífico de la organización de Panzeri figuran, entre otros, la ex Alta Representante de Política Exterior de la UE, la socialista italiana Federica Mogherini, y el excomisario de Migración griego Dimitri Avramopoulos. Este último, además, percibía desde 2020 una remuneración por parte de la organización.