Jenny Field, una pensionista de 76 años de Hamworthy, en Dorset (Reino Unido), se ha visto obligada a poner en venta su vivienda tras perder una prolongada disputa por los límites de su terreno con su vecina. El conflicto comenzó en 2020, cuando Pauline Clarkinstaló una valla que Field aseguraba estaba colocada unos 30 centímetros dentro de su propiedad. A partir de ahí, se sucedieron demandas y contrademandas que se extendieron durante cinco años.

El tribunal ha dado a Field un plazo de tres meses para saldar la deuda y ha advertido que, en caso contrario, su vivienda será puesta en venta para cubrir el pago. El conflicto comenzó cuando Field contrató a unos obreros para derribar la valla instalada por su vecina, lo que llevó a Clark a denunciarla por daños, hurto y allanamiento.

En 2022, un tribunal falló a favor de Clark y ordenó a Field pagar unos 16.000 euros por los daños y los costes iniciales. Sin embargo, la pensionista decidió apelar varias veces, lo que elevó las costas judiciales hasta unos 133.000 euros. Según el juez encargado del caso, muchas de las apelaciones presentadas eran “sin fundamento”, lo que contribuyó a incrementar de forma desproporcionada los gastos.

Ante la imposibilidad de hacer frente al pago, el tribunal ha dado a Field un plazo de tres meses para saldar la deuda o proceder a la venta de su casa. La jubilada había comprado la vivienda en 2016 por unos 315.000 euros, y ahora la ha puesto en el mercado por cerca de 700.000 euros con el fin de cubrir la factura judicial.

El juez calificó la decisión de forzar la venta como un “remedio drástico”, pero subrayó que no había otra salida tras años de litigios. El caso ha generado atención mediática en Reino Unido por el contraste entre la minúscula franja de terreno en disputa y las consecuencias económicas devastadoras para la propietaria.