El primer ministro de Georgia, Irakli Kobakhidzé, anunció medidas severas contra los líderes opositores tras las masivas manifestaciones registradas en Tiflis, donde decenas de miles de ciudadanos se congregaron para denunciar el rumbo autoritario del gobierno y exigir una mayor integración con Europa. La jornada estuvo marcada por enfrentamientos violentos y un frustrado intento de irrupción en el palacio presidencial.

Las fuerzas antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes, que intentaron derribar las rejas del Palacio Ceremonial de Georgia. El gobierno calificó el episodio como una “tentativa de golpe de Estado” y acusó a servicios de inteligencia extranjeros de instigar la movilización.

El Ministerio del Interior inició investigaciones por presuntos llamados a derrocar el orden constitucional, con la detención de al menos cinco dirigentes opositores. Las autoridades advirtieron que podrían enfrentar penas de hasta nueve años de prisión, interpretadas como una estrategia de intimidación hacia los movimientos de protesta.

La crisis se produce en el marco de unas elecciones municipales boicoteadas por la oposición, en las que el partido gobernante Sueño Georgiano se proclamó vencedor con más del 70 % de los votos. El expresidente Mikheil Saakachvili, actualmente encarcelado, había convocado a sus seguidores como “última oportunidad” para preservar la democracia en el país.

La creciente polarización entre el oficialismo y la oposición, las acusaciones de injerencia extranjera y la represión de las protestas han generado una atmósfera de profunda incertidumbre institucional. La libertad de expresión y el derecho a la protesta parecen cada vez más restringidos, mientras el diálogo político ha sido sustituido por la confrontación directa.