Un juez absuelve a Tommy Robinson de terrorismo y critica a la policía por detenerle por "sus creencias políticas”

El activista británico de extrema derecha Tommy Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, ha sido hoy absuelto de un delito vinculado a la ley antiterrorista tras negarse a facilitar la clave de su teléfono móvil durante un control fronterizo en el túnel del Canal de la Mancha en julio de 2024. El juez Sam Goozee determinó que la detención había sido motivada por las creencias políticas del acusado y no por indicios de relación con actividades terroristas. “No puedo ignorar que fue lo que usted representa, y sus ideas, lo que motivó el registro”, afirmó el magistrado al dictar sentencia.

Robinson, de 42 años, fue detenido mientras conducía hacia España en un Bentley Bentayga, cuando la policía le exigió desbloquear su iPhone bajo el artículo 7 de la Ley de Terrorismo, que autoriza controles en puertos británicos para prevenir posibles delitos de terrorismo. El activista alegó que el dispositivo contenía material periodístico confidencial, motivo por el que se negó a colaborar. Durante el juicio, su defensa acusó a los agentes de emprender una “expedición de pesca” sin pruebas, mientras que el juez destacó la “falta de memoria” de los oficiales respecto a las preguntas realizadas durante la detención, calificando su actuación de discriminatoria.

Tras la absolución, Robinson agradeció públicamente al empresario estadounidense Elon Musk, a quien atribuyó la financiación de sus gastos legales -una cifra cercana a las 100.000 libras, según el propio activista-, aunque el entorno del magnate no ha confirmado esa información. El vínculo entre ambos ha despertado preocupación en el ámbito político: representantes laboristas y liberales han advertido sobre la influencia de actores extranjeros en los movimientos de extrema derecha británicos.

Mientras sus seguidores celebraban el veredicto en la sala, el fallo de Goozee reabre un viejo debate en el Reino Unido: los límites entre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el sesgo ideológico en la aplicación de las leyes antiterroristas.