Kirchner, procesada por un delito de «administración infiel»

Un juez acusa a la ex presidenta de causar un perjuicio al Estado de 105 millones de dólares

La Justicia argentina determinó ayer el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en una causa que investiga presuntas irregularidades en contratos de venta de futuros de dólar en el Banco Central (BCRA) en el tramo final de su mandato. El juez Claudio Bonadio dictó el procesamiento de la ex mandataria por el delito de «administración infiel en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa por el dólar futuro», explicó el Centro de Información Judicial (CIJ). El objetivo de estas operaciones financieras era asegurar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio ligeramente menor al previsto en los mercados internacionales.

También procesó al ex ministro de Economía Axel Kiciloff, al ex titular del BCRA Alejandro Vanoli y a otros 12 imputados, y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por más de un millón de dólares. El caso se inició por la denuncia de parlamentarios integrantes del frente Cambiemos, liderado por el actual presidente argentino, Mauricio Macri.

Según los denunciantes, mediante la celebración de contratos de futuros de dólar el Banco Central habría vendido dólares a un precio que rondaba los 10,65 pesos por unidad, por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos (por entonces, alrededor de 14 pesos por unidad). Bonadio entiende que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado, se desprende que por los contratos cerrados (septiembre a diciembre 2015) el Banco Central registró una pérdida de 1.552 millones de pesos (105,5 millones de dólares).

En el auto de procesamiento, el juez señaló que «es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de 5.000 a 17.000 millones de dólares» y «que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato», sea desarrollada «sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional».