La oposición se prepara para un repunte de la represión chavista

La dura sentencia de casi 14 años de cárcel contra Leopoldo López en un proceso plagado de irregularidades ha puesto en guardia a los sectores opositores al Gobierno en Venezuela. A menos de tres meses de que se celebren las elecciones legislativas, se teme un recrudecimiento de la represión como táctica del régimen de Nicolás Maduro para mantener en el poder al oficialismo. «La estrategia del Gobierno parece ser una mayor dureza contra la oposición. Porque si se permiten las elecciones libres, se corre el riesgo de que el oficialismo pierda la mayoría», explica en entrevista con LA RAZÓN José Toro Hardy, uno de los economistas más respetados del país y figura próxima a la corriente política opositora agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). «Cuanto más cae la popularidad del Gobierno en las encuestas, más mano dura aplica. El caso judicial de Leopoldo López, que ha sido condenado sin una sola prueba válida, es un ejemplo perfecto. Pero también está la inhabilitación política de la ex diputada María Corina Machado, o el rechazo del Ejecutivo a la participación de observadores internacionales a las elecciones del 6 de diciembre», agrega Toro Hardy, quien recuerda que «el rechazo a la gestión del presidente roza ya el 80%» por problemas como la hiperinflación y la escasez de productos básicos como la harina, el papel higiénico o el jabón.

Un escenario económico de difícil resolución, por la dependencia de Venezuela del petróleo, y por el desmantelamiento sistemático del aparato productivo por las expropiaciones de Hugo Chávez. La injerencia del Ejecutivo en el sistema judicial para lograr condenas como la de López, explica Toro Hardy, se lleva a cabo por medio del nombramiento de jueces afines en cargos clave. «El 60% de los magistrados en Venezuela son provisorios, es decir, que pueden ser cambiados por el Gobierno si no gustan sus sentencias», subraya.

El proceso contra Leopoldo López –a quien el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha comparado con el fallecido líder surafricano Nelson Mandela– ha generado una gran atención política y mediática internacional. Pero su caso no es aislado, como ha reconocido la propia Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor, Leopoldo López, que el viernes reiteró tras la condena que «hay 78 familias en Venezuela que tienen a presos políticos encarcelados».

Sin ir más lejos, en el mismo juicio contra López eran condenados tres estudiantes que participaron en las manifestaciones del año pasado, mientras otras figuras políticas críticas con Maduro aguardan ahora el desenlace de sus causas. La primera audiencia del caso contra el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que cumple 200 días privado de libertad por un supuesto delito de conspiración y asociación para delinquir, está prevista para el 22 de septiembre. En su conjunto, las inhabilitaciones y los juicios marcadamente políticos suponen un intento del Gobierno de «desmoralizar» a la oposición ante la proximidad de los comicios, según el politólogo John Magdaleno.

La oposición también teme un eventual uso de la violencia en las marchas de protesta contra el Gobierno en este proceso electoral en el que el chavismo puede perder, por primera vez en 16 años, la mayoría parlamentaria. El 19 de septiembre hay convocada una marcha en Caracas de la MUD en la que la oposición espera catalizar el rechazo al Gobierno con la sentencia de López. «Nos preocupa que grupos de chavistas que actúan casi como paramilitares, como vimos a las puertas del Palacio de Justicia durante la audiencia de López, puedan crear escenarios de violencia en la manifestación que sirvan al Gobierno para suspender los comicios», señala Toro Hardy.

El clamor internacional contra la sentencia de López ha servido una vez más a Maduro para esgrimir el discurso antiimperialista, un viejo recurso del chavismo para desplegar cortinas de humo ante los problemas domésticos. El viernes el presidente venezolano dijo que está «revisando toda la relación que veníamos constituyendo con el Gobierno de los Estados Unidos», en reacción a las críticas del secretario de Estado John Kerry a la sentencia a López. «Tenemos que andar en todos los espacios enfrentando la diplomacia imperial», aseveró.

Presos del chavismo

- La jueza Afiuni, condenada a 30 años por dejar en libertad condicional a un empresario. Fue violada y torturada en prisión

- El comisario Simonovis Cumple 30 años de cárcel por ordenar disparar una marcha antes del golpe de 2002

- El ex ministro Baduel, amigo de Chávez, fue condenado a ocho años por apropiación indebida tras criticar la gestión del presidente

- El alcalde Antonio Ledezma Espera el juicio preliminar en régimen de arresto domiciliario acusado de conspiración