Magreb

Túnez, el desmantelamiento en tiempo récord de una democracia

El régimen presidido por Kais Saied culmina su proyecto autocrático condenando a una pena de cárcel al líder del principal partido de la oposición, el islamista Rachid Ghannouchi

El líder del principal movimiento opositor de Túnez, Rachid Ghannouchi
El líder del principal movimiento opositor de Túnez, Rachid GhannouchiEuropa Press

Si el estudio de caso tunecino en el período 2011-2014 fue admirado tanto por investigadores y académicos como por periodistas y ciudadanos en general –especialmente en el mundo árabe, en tanto que el país magrebí se erigía en modelo- por su proceso de transición, al pasar, sin violencia y con amplios consensos, el poder de la dictadura de Zine el Abidine Ben Ali a un nuevo Estado de derecho, hoy Túnez sorprende por la rapidez y el estrépito de la destrucción de ese andamiaje democrático. Un proceso que tiene un protagonista principal y destacado: el presidente Kais Saied, elegido en las urnas en octubre de 2019 y mandatario autocrático desde su golpe de julio de 2021.

El último episodio de la triste actualidad tunecina se escribió esta misma semana con la condena a un año de cárcel del líder del principal partido político del país, la formación islamista Ennahda -primera fuerza en la última Asamblea de Representantes elegida democráticamente en octubre de 2019. Rachid Ghannouchi, de 81 años, último presidente del Parlamento unicameral del país norteafricano, fue condenado el pasado lunes por la división judicial antiterrorista por haber asegurado en el funeral de un dirigente de Ennahda que el fallecido “no temía a los dirigentes ni a los tiranos”.

Además, el veterano político tunecino había sido detenido el 17 de abril por afirmar que Túnez se vería amenazada por “una guerra civil” si los partidos de izquierdas e islamistas eran suprimidos. En noviembre Ghannouchi había sido juzgado por la misma división por un caso relacionado con el supuesto envío de yihadistas a Siria e Irak. También esta semana la justicia tunecina condenaba en segunda instancia al periodista de la radio privada Mosaique FM Khalifa Gesmi a cinco años de cárcel por divulgar informaciones contrarias a la ley antiterrorista.

Para el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y especialista en temas tunecinos Bosco Govantes, “a día de hoy no se puede hablar de democracia en Túnez”. “Ha sido totalmente destruida: los jueces han perdido su independencia, existe un Parlamento elegido por el 9% de la población que no tiene poder legislativo ni partidos y el gobierno lo ejerce Kais Saied a base de decretos”, explica el docente a LA RAZÓN.

Si durante unos veinte meses, los transcurridos entre su autogolpe de julio de 2021 y la reapertura del nuevo Parlamento sin apenas atribuciones el pasado mes de marzo –período durante el cual se aprobó una nueva Constitución ajustada a sus deseos-, el presidente tunecino puso en práctica sus planes megalómanos con ciertas dosis de cautela, la primavera de 2023 está siendo la de la ofensiva total e indisimulada contra toda forma de oposición y crítica a su figura.

“El caso de Ghannouchi, que tiene un gran valor simbólico, no es ni mucho menos el único: hay presos más de 30 políticos además de figuras relevantes de la sociedad tunecina, incluidos empresarios, sindicalistas, periodistas y simplemente ciudadanos críticos con el poder”, advierte Govantes a este medio. “Además, la persecución de Saied no se ha limitado a los islamistas de Ennahda, sino que ha afectado a todos los partidos del arco parlamentario, incluidas formaciones conservadoras seculares, islamistas e izquierdistas”, precisa el investigador. Junto a más de 150 académicos de todo el mundo, Govantes acaba de firmar un manifiesto en el que se pide la liberación del veterano líder de Ennahda, además de la de otros presos políticos, así como la restauración del sistema democrático construido a raíz de la revolución de los jazmines, que fue el inicio de la Primavera Árabe.

El bloqueo institucional de un país sin práctica en el ejercicio del poder compartido y la mala situación económica –convertida en catastrófica en los últimos tres años- fueron los grandes enemigos que tenía en casa la prometedora democracia tunecina. El reciente atentado en los alrededores de la sinagoga de Ghriba, en la isla de Yerba, en plena peregrinación anual, asesta un nuevo golpe al turismo, uno de los pocos sectores de la actividad que ofrecían signos esperanzadores tras años marcados por las secuelas de los varios atentados yihadistas de 2015 y los de 2018 y la pandemia.

Saied, el profesor de Derecho Constitucional que sigue convencido de que su autocracia transitoria es la única forma de salvar la democracia en Túnez, es consciente de que, a pesar de su ofensiva contra las libertades y los disidentes, la sociedad tunecina tiene en estos momentos nulas apetencias por una nueva tentativa revolucionaria, así como del descrédito de la política habida cuenta del fracaso de la experiencia a la hora de mejorar la existencia cotidiana de los ciudadanos. A golpe de sentencia y decreto, el mandatario diseña un régimen a su medida con la intención de perpetuarse en el poder. “La sociedad civil tunecina tiene cada vez menos medios de protesta pública: la situación es de una deriva autoritaria imparable”, sintetiza a LA RAZÓN, sin concesiones al optimismo, el profesor de la UPO.