Hong Kong asiste paralizada al peor desastre civil desde su retorno a China. El complejo residencial público Wang Fuk Court, situado en el distrito de Tai Po, que consta de ocho torres de 31 plantas construidas en 1983 y destinadas a 4.600 residentes, muchos de ellos mayores de 65 años, ha quedado reducido a un cementerio vertical. El fuego se declaró el miércoles en la torre Wang Cheong House, y fue clasificado como alarma 5, la segunda desde 1997.

En unas seis horas, las llamas se propagaron a seis torres adicionales, alimentadas por intensos vientos secos y una alerta roja de riesgo ígneo emitida por el Observatorio de Hong Kong. El siniestro, controlado tras más de 24 horas de intervención, dejó este viernes un balance provisional de 128 fallecidos confirmados, 89 cadáveres pendientes de identificación por carbonización extrema, al menos 200 personas en paradero desconocido y 79 heridos graves, once de ellos efectivos de emergencias. El suceso se erige ahora como el cuarto incendio más letal en la historia de Hong Kong y el peor desde el fuego en el almacén Wing On de Sai Wan en 1948, que cobró 176 vidas.

Los informes preliminares del Departamento de Edificios y del Cuerpo de Bomberos, divulgados el viernes, son inexorables en su diagnóstico. La propagación fulminante se debió a la instalación, durante las obras de rehabilitación integral iniciadas en 2023, de paneles de poliestireno expandido (EPS) de alta inflamabilidad en huecos de ascensores y ventanas, material prohibido explícitamente desde la revisión normativa de 2011 para intervenciones en altura. Al contacto con las llamas iniciales, estos paneles provocaron la rotura térmica en cascada de los cristales, generando entradas horizontales masivas de fuego en cada planta.

Las redes de protección exterior, compuestas de mallas de nylon no ignífugas, violaron la norma, y los andamios de bambú —cubriendo el 70 % de las fachadas y material tradicional en la región desde hace décadas— funcionaron como conductores verticales incontrolables. Las temperaturas máximas alcanzaron los 500 °C en las fachadas, con zonas interiores que, veinticuatro horas post-extinción, registraban aún más de 200 °C. El director del Cuerpo de Bomberos, Andy Yeung, certificó que los sistemas de detección y alarma de los ocho bloques fallaron en su totalidad: detectores de humo desconectados o saboteados, altavoces de evacuación mudos, sin una sola activación.

El contrato de rehabilitación, adjudicado en junio de 2023 por 330 millones de dólares hongkoneses (36,5 millones de euros) a Prestige Construction & Engineering entre 57 licitantes, evidencia indicios de irregularidad sistémica. Prestige arrastraba un historial sancionador: multas administrativas por deficiencias en andamiaje, inhabilitación de cuatro meses para obras menores ese mismo año y tres procedimientos abiertos desde julio de 2024.

Nueve días antes del incendio, el Departamento de Trabajo emitió un requerimiento formal para retirar materiales combustibles, ignorado por la empresa. La consultora técnica Will Power Architects le concedió la calificación máxima (B) en precalificación, pese a estos antecedentes. Residentes habían denunciado durante meses comportamientos negligentes de la constructora, incluyendo fumadores en andamios —imágenes captadas momentos antes del estallido— y el uso de cubiertas plásticas inflamables.

Homicidio imprudente grave

La respuesta judicial ha sido inmediata y contundente. El jueves, la policía arrestó a tres directivos de Prestige —Hau Wa-kin y Ho Kin-yip, directores ejecutivos, y Steve Wong Chung-kee, jefe de seguridad— por homicidio imprudente grave. Un día después, la Comisión Independiente contra la Corrupción detuvo a Wong Hap-yin y Ng Yeuk de Will Power Architects por presunta corrupción y falsedad en informes técnicos, registrando sus oficinas en Kowloon Bay y secuestrando documentación. El Gobierno ha suspendido cautelarmente los once contratos activos de Prestige en edificios privados y ha ordenado inspecciones urgentes en los 184 conjuntos de vivienda pública en rehabilitación. Además, ha creado un fondo de apoyo abierto a donaciones públicas.

El Jefe del Ejecutivo, John Lee, activó el Centro de Monitoreo y Apoyo de Emergencias y presidió una reunión interdepartamental inmediata. El jueves visitó el epicentro del siniestro y decretó: 10.000 HKD por núcleo familiar afectado, habilitación de 1.800 unidades de vivienda transitoria (equivalente al parque total de Wang Fuk Court) y la sustitución progresiva pero irrevocable del andamiaje de bambú por estructuras metálicas en toda la Región Administrativa Especial. Asimismo, amplió la directriz a revisiones integrales de todos los edificios en obras mayores.

Calles perimetrales fueron cerradas, servicios de transporte suspendidos y refugios temporales —como el Centro Comunitario Kwong Fuk y el Centro Comercial Tai Po— habilitados para más de 1.000 evacuados. La Policía estableció mesas de registro para desaparecidos y una línea directa de consultas en el Hospital Alice Ho Miu Ling Nethersole. Las elecciones legislativas del 7 de diciembre están en vilo, con fuentes oficiales admitiendo un aplazamiento inminente.

El sector privado ha desplegado una movilización sin precedentes, comprometiéndose en menos de 48 horas a más de 1.400 millones de dólares hongkoneses en donaciones directas, vivienda gratuita y suministros esenciales, cifra en ascenso constante. Entidades financieras y promotoras han forjado un fondo conjunto de reconstrucción proyectado a medio plazo, la mayor respuesta económica civil de los últimos tiempos. Voluntarios han distribuido ropa, medicamentos y alimentos en centros de acopio, mientras universidades han abierto cuentas dedicadas para contribuciones, elogiando iniciativas estudiantiles de recolección de ayuda.

Un residente compartió en redes sociales el testimonio que encapsula la angustia colectiva: "Abrí la puerta y el humo negro me tragó. No podía respirar ni encender la linterna del móvil. Cerré y volví dentro. Mi mujer lloraba. El vestíbulo era un infierno. La única salida estaba cortada. Solo quedaba esperar la muerte o el rescate. Oí gritos en el pasillo, salí con una toalla mojada, encontré a una pareja mayor y los metí en casa. Les puse calcetines, zapatos, gorras. Les dije: “Si hay que saltar, estamos en el segundo, se puede”. Llamé a mi madre al extranjero: “No te preocupes, los bomberos me sacarán”. Colgué y lloré. A las seis de la tarde subieron la escalera. Insistí en que salieran ellos primero. Cuando me quedé solo miré alrededor: figuras de colección, ropa de marca… Quise llevármelo todo y no pude llevar nada. En el hospital la enfermera me preguntó si tenía prisa por volver a casa. Negué con la cabeza. ¿Qué casa?".

Fallos encadenados

El infierno de Wang Fuk Court no es un acto fortuito de la naturaleza, por el momento apunta a la materialización inexorable de fallos concatenados: materiales vetados, alarmas inoperativas, contratos adjudicados a entidades sancionadas previamente, inspecciones corruptas. En una metrópolis de 7,5 millones de habitantes donde el 93 % reside por encima del décimo piso, la normativa contra incendios trasciende el ámbito burocrático, constituye la barrera última entre la existencia cotidiana y una extinción masiva.

Esta catástrofe no solo enluta a la urbe semiautónoma, obliga a una revisión radical de sus pilares de seguridad, antes de que el próximo incidente reclame lo que queda de confianza pública.