Meloni niega un chantaje de Libia para liberar al torturador Al Masri

La excarcelación del caudillo libio Ossama Al Masri, detenido en Italia y repatriado con un vuelo de Estado varios días más tarde a pesar de que la Corte Penal Internacional (CPI) había emitido una orden de arresto, amenaza con acorralar a Giorgia Meloni.

La primera ministra italiana, que está siendo investigada por la Fiscalía tras la liberación de Al Masri, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad, se mantiene en silencio después de que su Gobierno diera versiones contrapuestas sobre su excarcelación, y dejó que fueran los ministros de Justicia e Interior --que también están siendo investigados por este caso-- quienes comparecieron ante el Parlamento para explicar los motivos que llevaron a no atender la petición de los jueces de la corte con sede en La Haya.

Sin embargo, las explicaciones del ministro de Justicia, el primero en intervenir ante la Cámara de los Diputados, indignaron a los partidos de la oposición, ya que Carlo Nordio aprovechó su intervención para reivindicar su gestión y cargar contra la Corte Penal Internacional, a quien acusó de haber creado “un enorme desorden” en el caso.

Osama Al Masri fue detenido en Italia el 19 de enero después de asistir a un partido de fútbol en Alemania. La operación se inició tras una orden de la Interpol, que le localizó en Turín, justo un día después de que la CPI emitiera una orden de arresto. Según el procedimiento habitual, el ministro de Justicia debería haber recibido primero la solicitud de arresto y después haberla transmitido a través de la Fiscalía general al Tribunal de Apelación, pero no lo hizo.

La versión oficial asegura que la liberación de Al Masri se debió a un error de procedimiento ya que el Tribunal de Apelación de Roma no validó la detención por no haber recibido una comunicación del Ministerio de Justicia italiano. En un primer momento, el titular de Justicia se justificó alegando que la orden estaba en inglés y árabe y necesitaba más tiempo para traducirla. Sin embargo, más tarde se supo que el mismo día de la liberación, el martes por la tarde, mientras Nordio aseguraba que estaba “evaluando” aún la transmisión de los documentos, un avión de la aeronáutica militar italiana aterrizaba en Turín desde Roma para trasladar a Al Masri a Libia, lo que permite hipotizar que la decisión de liberarlo estaba ya tomada.

Ante el Parlamento, Nordio justificó su inacción asegurando que la orden de arresto estaba llena de contradicciones que la hacían defectuosa, en concreto, el período de tiempo de los supuestos crímenes de Al Masri. “La propia corte las detectó e intentó cambiarlas cinco días después, porque se dio cuenta de que se había cometido un enorme desastre”, indicó el ministro. Nordio explicó además que sólo recibió un “correo electrónico informal de unas pocas líneas” de Interpol tres horas después de que el caudillo fuera arrestado. Sin embargo, como le recordó la líder del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, ante una petición de la CPI, el ministro competente no debe evaluar la orden sino ejecutarla.

Más tarde fue el turno del ministro del Interior, Matteo Piantedosi, quien aseguró que la repatriación del caudillo a bordo de un vuelo de Estado fue por “motivos de seguridad” nacional y negó que el Gobierno tenga a Al Masri como “interlocutor” para controlar la inmigración irregular a través del Mediterráneo, como denuncia la oposición, que asegura que Meloni habría cedido ante las presiones de las autoridades libias para evitar una oleada de migrantes hubiese sido entregado a la CPI.

La primera ministra fue la gran ausente en una larga jornada en la que las explicaciones de los ministros no convencieron a la oposición, que denunció la ausencia de Meloni, quien sólo se ha referido a este asunto en sus redes sociales. Algunos parlamentarios protestaron exponiendo carteles en los que se podía leer 'Meloni, patriota a la fuga'.

Al Masri es el jefe de la Policía judicial libia. Como responsable de las Fuerzas Especiales de Disuasión, la Rada, un grupo paramilitar que opera en la región este de Trípoli, estuvo a cargo de las prisiones donde permanecen detenidos yihadistas y también miles de inmigrantes subsaharianos que intentan llegar a Europa. Está acusado por la Corte Penal Internacional de asesinato, tortura, violencia sexual contra hombres, mujeres y niños.

La liberación del presunto torturador libio creó un gran malestar en La Haya, sede de la CPI, que emitió un comunicado en el que recordó a Italia que está obligada a “cooperar plenamente” con sus procesos judiciales y exigió aclarar que había ocurrido exactamente.