Ortega celebra 44 años de la revolución con una Nicaragua plagada de problemas

El 44 aniversario de la revolución sandinista en Nicaragua llegó con un sismo de 6,4 en la escala de Richter que se sintió en todo el país en la tarde del martes, con la solicitud de los senadores demócratas en Estados Unidos de aprobar un Estatus de Protegido Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para nicaragüenses y con la publicación del reporte del Monitoreo Azul y Blanco señalando al menos 519 violaciones de derechos humanos ocurridas en esta nación centroamericana durante los primeros seis meses de 2023.

Entre enero y junio de este año, organismos y defensores de derechos humanos han registrado 146 detenciones, 114 casos de hostigamientos y 102 incidentes de judicialización, entre otras incidencias como 33 casos de represión migratoria y 25 cancelaciones de representación legal.

Además, la situación económica no mejora. En 2023 se ha enfriado el dinamismo de la inversión extranjera en el país, con una caída de flujo neto de 34% en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, principal motor económico, y el turismo tampoco se recupera de la pandemia ni la crisis de 2018.

Los pronósticos de The Economist Intelligence Unit auguran que, a pesar de que llegue un crecimiento económico «mediocre» al país y de oportunidades en sectores como la minería, Nicaragua seguirá siendo «uno de los países más pobres de América Central».

Es en ese marco, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) celebró el 44 aniversario de la revolución que derrocó por las armas a la dictadura de Anastasio Somoza el 19 de julio de 1979. Entonces se definía como un movimiento guerrillero marxista desde julio de 1963. Ahora se presenta como socialista y cristiano.

Los actos del miércoles, ocurridos en horas de la tarde y hasta la noche, cerraron una celebración que comenzó el primero de mayo en el marco de «las efemérides revolucionarias», como las califica Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega y también la segunda al mando del país. Durante varias semanas ha habido actos públicos sectoriales, caravanas de motorizados y mucha propaganda oficial.

Desde 2018, cuando se desató la más grande crisis sociopolítica del país que condujo a un centenar de muertes y violaciones de derechos humanos, los actos del 19 de julio son restringidos a grupos de simpatizantes sandinistas. Atrás quedaron los tiempos de las movilizaciones masivas, siempre con organización de las instituciones del Estado. Ahora son actos regionalizados, de acceso controlado y listas de asistencia: estar anotado hace obligatorio ir so pena de castigos posteriores.

Ortega y Murillo son los únicos protagonistas de aquella gesta colectiva. Pero el tiempo y la deriva autoritaria de la pareja gobernante hace 16 años ha ido alejando incluso a los más cercanos. Los exguerrilleros Dora María Téllez, Mónica Baltodano o Hugo Torres, quien murió en febrero de 2022 cuando estaba encarcelado en la cárcel de El Chipote, pasaron a ser críticos. Fueron borrados.

La fiesta decretada como tal por el primer Gobierno sandinista, que encabezó también Daniel Ortega entre 1979 y 1990, ahora es solo cuestión de un grupo, el más cercano a quienes se han perpetuado en el poder durante cinco periodos consecutivos y tras continuas denuncias de fraude electoral y de anulación de adversarios políticos. En las últimas elecciones, los candidatos opositores fueron todos inhabilitados, encarcelados y desterrados, además de la expropiación de sus propiedades. Al premio Cervantes Sergio Ramírez, exiliado desde hace varios años y a quien le fue retirada la nacionalidad como a Gioconda Belli, le fue confiscada su casa hace dos semanas.

Quienes a la distancia recuerdan los «logros» de aquella revolución y su devenir en un autoritarismo posterior se unen en la crítica a quienes nunca se afiliaron a los postulados del sandinismo. Si las posiciones son demasiado públicas, se castigan con cárcel y expulsión, hasta retiro de la nacionalidad.

En prisión continúa el obispo Rolando Álvarez acusado de «traición a la patria». El Gobierno intentó expulsarlo del país, pero se negó a irse a Estados Unidos. Entonces Ortega lo calificó de «soberbio» y de «desquiciado». Un día después fue sentenciado a más de 26 años de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida. El hecho ocasionó que el papa Francisco tildara a Nicaragua como una «dictadura grosera».

Una encuesta reciente de la firma CID-Gallup dice que el 56% de los nicaragüenses desaprueba la gestión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con solo 16% expresando simpatías por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) mientras que 77% de los encuestados manifestó que no tiene preferencia por ningún partido político.

Aun así, Daniel Ortega de 77 años ha dicho que el FSLN «va quedando en manos de los jóvenes, poco a poco ustedes la van tomando», y ha pedido a su militancia una transición con armonía y sin confrontación. En total, el dictador acumula 26 años y tres meses –no consecutivos– en el poder, siendo la persona con mayor tiempo al frente de Nicaragua y superando por una década a Anastasio Somoza.