La Justicia británica determina diez años después que el líder ruso ordenó el asesinato del ex espía, envenenado con polonio 210 en Londres. El agente tenía nacionalidad inglesa, lo que ha disparado la tensión con Moscú.

Londres y Moscú reabren un serio conflicto diplomático. Detrás del enfrentamiento entre ambos países, de nuevo, el mismo hombre: Alexander Litvinenko. El caso del ex espía envenenado en 2006 con polonio 210 volvió ayer a recobrar todo el protagonismo después de que una investigación pública dictaminara que Vladimir Putin dio «probablemente» la autorización final para asesinar al que fuera agente del antigua KGB. La conclusión a la que llegó el juez Robert Owen tras escuchar a varios testigos de los servicios secretos en sesiones a puerta cerrada fue más fuerte de lo esperado. Y ahora que se señala directamente a Putin con el dedo, crecen las presiones para que el «premier» David Cameron responda con firmeza. Al fin y al cabo, se está hablando de un asesinato a un ciudadano británico (Litvinenko logró la ciudadanía en 2005).

El papel que Rusia juega en Oriente Medio dificulta la situación, pero, de no tomarse medidas, el mensaje que se lanzaría es que Moscú sale inmune de lo que ayer fue descrito como un «acto de terrorismo nuclear» en las calles de Londres.

En una declaración parlamentaria, la ministra del Interior, Theresa May, consideró que el caso supone una «evidente e inaceptable violación» del derecho internacional, si bien admitió que la conclusión no era una «sorpresa». May subrayó que el Gobierno toma «muy en serio» el análisis del magistrado y dejó claro que estudiará cuidadosamente el contenido del informe para establecer posibles medidas. Por su parte, Cameron, quien ayer se encontraba en Davos (Suiza) en el Foro Económico Mundial, recalcó que Reino Unido tendría que tener «algún tipo de relación» con Rusia debido a la crisis siria, pero que se tomará desde la distancia. Habrá que esperar, por tanto, a ver cuáles son los pasos que toma a su regreso a la capital británica.

Fue a finales de 2012, cuando, tras la insistencia de su viuda, Marina Litvinenko, la Fiscalía decidió abrir una nueva pesquisa sobre el asesinato del ex espía. Tras conocer ayer el dictamen, ésta se mostró eufórica. «Estoy muy satisfecha de que las palabras que mi esposo pronunció en su lecho de muerte, cuando acusó a Putin, hayan sido probadas ahora por un tribunal británico», matizó. Durante una rueda de prensa, también pidió al Gobierno medidas concretas contra las autoridades rusas, como la imposición de sanciones a Putin.

Según los términos de la investigación dictados por el Ejecutivo, Owen no podía formular acusaciones civiles ni criminales, sino que debía limitarse a explicar las circunstancias de la muerte del ex espía y la presunta responsabilidad sobre la misma. En su informe de 245 páginas, no hay pruebas concretas que demuestren inequívocamente la participación directa de Putin en el envenenamiento de Litvinenko. Sin embargo, teniendo en cuenta «todas las pruebas y análisis disponibles», el magistrado implica directamente al presidente ruso en la operación de la FSB (antiguo KGB) para matar al ex espía. En este sentido, puntualizó que el uso de polonio 210 era un «fuerte indicio de participación estatal», ya que requiere de una infraestructura que incluya laboratorios y acceso a una instalación nuclear. Por otra parte, el juez también señala como autores materiales del asesinato a los ciudadanos rusos Andrei Lugovoi y Dimitri Kovtum, con los que Litvinenko se reunió la tarde que tomó el té envenenado. Scotland Yard señaló ayer que aún están vigentes las órdenes de arresto contra ellos. El objetivo es conseguir la extradición de ambos para procesarleos en Reino Unido, pero Moscú rechaza entregarlos.

Lugovoi, que hoy es diputado ruso, declaró a la agencia Interfax que los resultados de la investigación no hacen más que mostrar «una vez más la posición antirrusa de Londres». «Los sucesos en Ucrania de 2014, que coincidieron con la reanudación de la investigación, indican un patético intento de Londres de utilizar un ‘cadáver en el armario’ para apoyar sus ambiciones políticas», añadió. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, achacó la conclusión del juez a «ese humor británico tan refinado» y advirtió de que este informe «envenenará aún más la atmósfera de nuestras relaciones bilaterales». Para Peskov el proceso parece una broma «por el hecho de que una investigación pública y abierta se base en datos secretos de unos servicios de inteligencia que no se nombran, y porque el veredicto, que se sostiene en esas informaciones efímeras, emplea con asiduidad palabras como ‘posiblemente’ y ‘probablemente’».

El embajador ruso en Reino Unido, Alexander Yakovenko, que ayer fue llamado al Foreign Office, calificó el dictamen de «absolutamente inaceptable». «El tiempo que ha llevado cerrar este caso nos hace creer que se trata de un encubrimiento de la incompetencia de los servicios especiales británicos», señaló. «La provocación repugnante de las autoridades británicas daña inevitablemente nuestras relaciones», añadió.

Litvinenko, que temía por su vida y la de su familia, huyó de Rusia en el año 2000 y en noviembre de ese año solicitó asilo al llegar al aeropuerto londinense de Heathrow. Un mes antes del asesinato, obtuvo la nacionalidad británica y colaboró con los servicios secretos británicos MI6. El espía falleció el 23 de noviembre de 2006, a los 43 años, en la cama de un hospital londinense, tras ingerir una dosis letal de polonio 210, una sustancia altamente radiactiva. 150