La reforma de las pensiones en Francia: ¿Fin para Macron?

Desde hace semanas, Francia está paralizada. Vive tensiones sociales en varios sectores profesionales porque el Gobierno pretende reformar el sistema de pensiones aumentando la edad legal de jubilación (64 años en lugar de 62). En el pasado, en los años 1995, 2010 y 2019, los intentos de reformas del sistema fracasaron en la calle. Pero la Francia de 2023 ha cambiado desde el COVID-19. El desarrollo del teletrabajo y las nuevas formas de movilidad han modificado la relación de los franceses con la organización de su vida laboral y personal. La huelga se generaliza. La población activa y los jóvenes siguen el llamamiento de los sindicatos.

Las manifestaciones del 7 de marzo demostraron que el Gobierno francés y Emmanuel Macron han perdido en todos los frentes: la opinión pública, donde han seguido empantanándose en errores de comunicación, presentados por sus adversarios como mentiras organizadas; la calle, como demuestra la magnitud de las manifestaciones. El movimiento no está agotado. Está remontando, y ahora amenaza con extenderse con reivindicaciones más radicales.

El texto de la reforma está en su fase final. Para la oposición, marcada por los dos extremos (a la derecha con Marine Le Pen, a la izquierda con Jean-Luc Mélenchon), si la ley se adopta, el movimiento social se apagará poco a poco, pero la amargura permanecerá en la opinión pública francesa. Esta amargura estará presente en otros movimientos sociales venideros. Los dos partidos fuertes de la oposición (Le Pen-Mélenchon, la derecha conservadora y los socialistas siendo casi borrados del campo político) ya piensan en las próximas elecciones presidenciales de 2027, a las que Macron no podrá presentarse como candidato. Quieren sacar provecho de esta amargura. Sea cual sea el resultado del pulso, es la veta de la ilegitimidad del poder, su supuesta incapacidad para escuchar o entender a los franceses, lo que explotarán los dos partidos. Exigirán elecciones (disolución o referéndum) que serán inevitablemente rechazadas, lo que les legitimará aún más en el paisaje.

Se trata de un cálculo peligroso. En primer lugar, porque contribuye un poco más al debilitamiento de la democracia representativa, ya moribunda en Francia. Y en segundo lugar, porque nada permite afirmar que el caos en desarrollo no beneficiará a la extrema izquierda o a la extrema derecha en las próximas elecciones presidenciales.

Así que esta semana, Francia ha vuelto a ser una caricatura de sí misma: una población a la que se impide circular; unos sindicatos que juran poner al país de rodillas; y un proyecto de reforma de las pensiones que ya nadie entiende. Al principio, sin embargo, las cosas parecían claras. La nueva situación demográfica está modificando rápidamente la proporción entre activos e inactivos en favor de estos últimos. Y todo el mundo ve la necesidad, sobre todo después de la crisis del covid, de reforzar las inversiones estatales en sectores como la sanidad, la educación y el armamento. De ahí la necesidad de trabajar un poco más y de retrasar la edad de jubilación.

Sin embargo, al final, hay que reconocer una gran torpeza en la forma en que el Gobierno vendió su reforma, presentada más como una medida contable que como un verdadero proyecto social. La carrera por obtener el asentimiento de la derecha en el Parlamento ha desvirtuado en gran medida el texto, que se ha vuelto difícil de entender, con un rendimiento financiero limitado al final. Y el diálogo social, una vez más, ha estallado por la falta de voluntad de acuerdo, convencidos cada uno de que el otro está equivocado, lo que no es la mejor manera de trabajar por el bien común. Una vez más, Francia muestra una preocupante incapacidad para hacer reformas con un cierto nivel de consenso.

Hasta los años 70, en Europa, el Estado del bienestar desempeñaba un papel positivo a la hora de alimentar la capacidad de consumo. Las pensiones se consideraban un instrumento de apoyo a la actividad económica. Para luchar contra el desempleo, muchos países decidieron introducir la jubilación anticipada. Pero el giro neoliberal iniciado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los años 80 afirmó que el crecimiento no debía apoyarse en la demanda sino en la oferta, lo que implicaba reducir los impuestos. Las pensiones se consideraron así un coste para las finanzas públicas.

En este contexto, un informe del Banco Mundial de 1993 abogaba por un modelo de tres pilares. Según éste, el Estado sólo debería garantizar una renta básica contra la pobreza. En segundo lugar, habría que pasar del reparto a la capitalización obligatoria: consiste en confiar el dinero ahorrado por cada persona para su jubilación a gestores de activos que lo inviertan en la economía. El tercer pilar consistiría en una capitalización individual facultativa. Inspirándose en el informe del Banco Mundial, la UE ha impuesto reformas estructurales a algunos países, entre ellos... España.

Frédéric Mertens de Wilmarses profesor y coordinador del Grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia