La regeneración institucional y la pobreza, los mayores desafíos de Arévalo en Guatemala

Para que Bernardo Arévalo finalmente asumiera la presidencia de Guatemala debieron ser superados un sinfín de obstáculos, incluyendo una retrasadísima sesión de investidura que el Movimiento Semilla, su partido político, denunciaba como las últimas jugadas de un «pacto de corruptos», el acuerdo de las élites políticas y económicas del país profundizados en los Gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Antes, repetidos intentos para anular su triunfo y su candidatura para que abanderados de los partidos tradicionales y conservadores fueran los únicos que pudieran competir en las presidenciales de 2023.

Arévalo tiene la banda presidencial cruzando su pecho, y ahora le toca lo más difícil: gobernar. Una tarea que le exigirá entrar en un pulso constante con la burocracia estatal y, especialmente, con los poderes públicos que no han dejado de ser señalados por estar dominados por los poderes fácticos, que han secuestrado al Estado desde hace décadas.

Justamente el jueves, la Corte de Constitucionalidad anuló la elección de la Junta Directiva del Congreso, que terminó en manos del Movimiento Semilla, acusando irregularidades aunque avalando su actuación en la juramentación del nuevo primer mandatario. Para los magistrados, aceptando un amparo interpuesto por terceros, hubo diputados que se incluyeron en la directiva del Parlamento aunque fueron declarados independientes por un fallo judicial, quedando excluidos de ser nombrados.

Un ejemplo de los obstáculos que desde dentro enfrentará Arévalo en sus cuatro años de mandato, que deberá navegar con minoría parlamentaria pues su partido tiene 23 de los 160 escaños del Congreso, aunque ha logrado alinear a otras formaciones. Francisco Rodríguez, politólogo y director del portal Plaza Pública en Guatemala, cree que el acento deberá estar en la recuperación institucional. «Giammattei logró capturar todas las instituciones de contrapeso al Ejecutivo excepto una, el voto. Y por allí se les coló Bernardo Arévalo luego de que anularon al resto de la competencia. El nuevo Gobierno llega a un país sin instituciones, con mucha opacidad, y con los servicios por el suelo», explica a LA RAZÓN.

Apunta que el presidente muestra ser consciente de ello, y ha comenzado a calificarse a sí mismo como un Gobierno «de transición». Rodríguez agrega que «lo que estamos viendo es cómo plantean una ruta para desmonopolizar el poder. Y pongo un ejemplo: con Jimmy Morales y con Giammattei la selección de ministros era percibida como la elección entre quién robara menos. Ahora el debate ya se está dando en función de credenciales y de méritos. Suena a poco, pero en Guatemala eso es un gran cambio en la percepción de la gente».

Y es parte también de su oferta de campaña. Arévalo prometió luchar contra la corrupción y ahora deberá mostrar cómo comienza por aquello que sí puede controlar: el Ejecutivo. «Ocuparse de la transparencia es clave. Aquí han pasado muchos años con contrataciones turbias, con muchos sobornos y grupos de poder. Allí puede tener la primera tarea: cambiar ese juego», comenta Francisco Rodríguez. «Además de la recuperación institucional está la necesidad de restituir el Estado de derecho, y eso pasa por insistir en la renuncia de la fiscal general e influir en la nueva elección de las Cortes», apunta Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas (Icesh) de Guatemala.

De acuerdo con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción correspondiente a 2023, Guatemala se ubica en el decimotercer puesto en una lista de 15 países, con 2.86 puntos, tras Venezuela y Bolivia, en los últimos lugares.

El Ministerio Público es visto como neurálgico del «pacto de corruptos». Lo encabeza Consuelo Porras, una funcionaria sancionada desde 2022 por Estados Unidos acusada de corrupción, que fue pieza clave en todos los intentos por impedir que Arévalo pudiera asumir el poder. Se prevé que desde allí se intentará limitar la acción gubernamental.

De hecho, a las puertas de la Fiscalía se desarrolló durante 106 días una vigilia de pueblos indígenas para «proteger la democracia», vistas las actuaciones de ese despacho. Una movilización ciudadana no vista antes y que también contó con otras fuerzas de la sociedad civil. Cuando se hablaba de la anulación de elecciones, incluso hubo un paro nacional que dentro del país se ha visto como la acción que evitó tal decisión.

Arévalo recibe una Guatemala con cifras bajas de inflación (4,18%), pero con más de la mitad de su población bajo la pobreza, 55,2% según cifró el Banco Mundial (BM) en 2023, con una economía informal que representa el 49% del PIB. «Un Estado pequeño e ineficaz, persistentes deficiencias en el acceso a servicios básicos, limitadas oportunidades laborales y productivas y frecuentes desastres son algunos de los factores clave que han contribuido a la pobreza en Guatemala», describe el BM.

El economista guatemalteco Enrique Maldonado recuerda que hay unas 4,2 millones de personas que no tienen suficientes ingresos para llegar a fin de mes. «Los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y del Instituto Nacional de Estadística (INE) desvelan que la tasa de desnutrición aguda por cada 1.000 niñas y niños menores de cinco años, se situó en 7,9». Señala que el aumento del habre está impactado con más fuerza en regiones donde fenómenos naturales como El Niño traen «sequía, plagas, menos cultivos, menos cosechas, menos ingresos», apunta el economista.

Maldonado cree que Arévalo deberá priorizar políticas alimentarias para combatir la desnutrición crónica.

"En Guatemala somos muy proclives a los desastres en tiempos de lluvia. Eso nos dice que hace falta mejorar las infraestructuras, los servicios públicos para atender esos problemas y al mismo tiempo combatir la corrupción que se ha visto en todas esas áreas", recuerda Úrsula Roldán. La directora del Icesh coincide con el politólogo Francisco Rodríguez en que también deberá priorizarse el acceso a la educación pública de calidad y en los servicios de salud universal, ambos sectores críticos.

El Banco Mundial dice que "Guatemala tiene un enorme potencial para generar crecimiento y prosperidad para toda su población", al considerar que “el país es rico en recursos naturales", y Arévalo ha dicho que buscará tener mayores relaciones comerciales con China, sin descuidar los compromisos con Taiwán y Estados Unidos.

La asunción de Arévalo se dio, coinciden los observadores, porque la comunidad internacional presionó para que se concretara. Estados Unidos había sancionado a 300 funcionarios, eliminando sus visas, incluyendo a 100 diputados de la legislatura saliente. Y voces del Congreso dijeron que hubo la amenaza de ampliar esa lista si no se producía la juramentación. También la Unión Europea, la OEA, Colombia, Chile y otros países se involucraron.

Washington tiene el interés de contar con un aliado más en la región, especialmente en un país clave para enfrentar las olas migratorias que colapsan su frontera sur. El Gobierno anterior se enfocó en desmantelar las caravanas que cruzaban su territorio para llegar a Estados Unidos. Pero nunca se avanzó en la instalación de oficinas de atención, ni en mejorar las condiciones económicas para evitar que más nacionales se sumen a ellas.

"Migrar en Guatemala es una cuestión cultural, un modelo que ya está instaurado. La idea de que el éxito es poder irse e instalarse en Estados Unidos para mandar dinero desde allá a la familia", menciona Francisco González. A su juicio, el apoyo de la Casa Blanca a la asunción de Arévalo generó "una factura que no sabemos cuál es ni cómo se va a cobrar", pero que seguramente tiene que ver con este asunto.

Úrsula Roldán recuerda que están pendientes las instalaciones de centros de procesamiento de migrantes, y la mejora en los procesos de reunificación familiar y asignación de visas de trabajo por parte de Estados Unidos. "Pero al Gobierno también le va a tocar la contención migratoria. No la puede evitar pero puede ser importante dar énfasis a la protección migratoria. Los flujos migratorios, con el impacto de Venezuela y otras nacionalidades, escapa de las capacidades de Guatemala. Tiene que haber muchos acuerdos en ese sentido".