Starmer endurece su política migratoria para frenar a Farage

El premier Keir Starmer se tira de lleno al fango con su política migratoria endureciendo las condiciones que deberán cumplir aquellos que aspiren a construir su vida en el Reino Unido. La regulación de los extranjeros -tanto los que entran legalmente como ilegalmente- se ha convertido en el campo de batalla de la política británica ante el auge del populismo de Nigel Farage, líder Reform UK.

El íntimo amigo de Donald Trump, que es ya de facto la verdadera oposición en Westminster ante el desmoronamiento de los tories, ha recuperado el discurso xenófobo del Brexit del que fue protagonista para agitar la calle y encabeza todas las encuestas con gran margen de ventaja. Por lo que Starmer, que hasta ahora se había presentado como un laborista moderado con el compromiso de alejarse de las estridencias del pasado, ha decidido recalibrar su estrategia.

La recién estrenada ministra del Interior, Shabana Mahmood, hija de paquistaníes y “musulmana devota”, tomó ayer la palabra en la conferencia que celebra esta semana el Partido Laborista en Liverpool con mensajes contundentes, pensados tanto para tranquilizar a un electorado inquieto como para responder a la presión creciente de la derecha populista. “No podemos seguir con una inmigración descontrolada. Quien venga a este país deberá hablar inglés, tener un empleo estable y demostrar que contribuye a nuestra sociedad. Esto no es negociable”, proclamó. Hubo aplausos en las gradas, pero en realidad el ambiente que se respira es de preocupación y malestar con el primer ministro, quien podría enfrentarse a una moción de confianza en primavera si no consigue mejorar la actual crisis del Gobierno.

El tono de Mahmood, una de las figuras ascendentes del laborismo, fue inequívoco al anunciar los nuevos requisitos para obtener la residencia permanente. La lista es clara: demostrar un elevado nivel de inglés; tener un historial penal limpio e impecable; haber contribuido a la economía nacional, durante al menos diez años, con el pago de cotizaciones sociales a través de un trabajo regular; y no haberse beneficiado de ningún tipo de ayuda pública durante su estancia en territorio británico. Y a todo eso se añadirá la exigencia de haber realizado algún tipo de voluntariado social que demuestre una contribución efectiva al bien de la comunidad.

Se trata de criterios que hasta hace poco estaban asociados al discurso conservador, pero que ahora el laborismo hace suyos en un intento por cerrar ventaja de Farage. La ministra de Interior subrayó que no se trata de xenofobia, sino de justicia: “Quien contribuye es bienvenido, quien abusa no tiene cabida”. Con estas palabras, intentó tender un puente entre la tradición progresista del partido y la exigencia de orden que reclama gran parte de la opinión pública.

No obstante, pese a apostar control migratorio y “disciplina comunitaria”, se marcaron diferencias morales y políticas con el populismo que Farage personifica. A diferencia de Reform UK, el Gobierno laborista no planea deportar a quienes ya tienen el permiso de residencia indefinido sin necesidad de solicitar la ciudadanía británica. Farage se ha comprometido a abolir el permiso de residencia indefinido, que está abierto a personas que han trabajado y vivido en el Reino Unido legalmente durante cinco años continuos y sus dependientes, amenazando a decenas de miles de personas que viven legalmente en el país con la deportación a menos que cumplan reglas estrictas.

“La narrativa del señor Farage es tóxica y peligrosa”, afirmó Mahmood, “porque busca dividirnos. Nosotros apostamos por un patriotismo inclusivo, donde todos los que contribuyen puedan sentirse orgullosos de este país”.

Mahmood adelantó reformas legales para frenar lo que considera abusos del sistema. Criticó con dureza las tácticas de abogados que bloquean devoluciones de migrantes en el último momento y prometió recursos judiciales más ágiles. “No podemos permitir que nuestro sistema migratorio sea ridiculizado por quienes saben manipularlo. La ley debe cumplirse y nosotros nos aseguraremos de que así sea”. Estas palabras arrancaron ovaciones en el plenario y dejaron claro que el Gobierno quiere pasar de la retórica a la acción.

Todos estos requisitos extra se suman a la decisión ya anunciada por parte del Ejecutivo de elevar de cinco a diez años el tiempo previo de estancia necesario para solicitar el permiso de residencia indefinido. Aunque las nuevas condiciones no afectarían a quienes ya disfrutan de un permiso de residencia indefinida actualmente en el Reino Unido.

“Nuestra política migratoria no es de odio ni de miedo, es de responsabilidad”, aseguró la ministra de Interior, tratando de marcar distancia del populismo. El riesgo, sin embargo, está en alienar a la izquierda social, que ve en estas medidas un retroceso ético. Organizaciones de derechos humanos ya han advertido que imponer criterios tan estrictos puede dejar fuera a familias vulnerables, reforzando desigualdades.