Tras los pasos de Chile, Uruguay y Ciudad de México

Argentina no es el único país de Iberoamérica –el continente con mayor número de embarazos no deseados, según la OMS– que en los últimos años ha incorporado a su ordenamiento leyes cada vez más permisivas con el aborto. En agosto de 2017, Chile dejó de ser una de las naciones más restrictivas del planeta en esta materia al despenalizar la interrupción de embarazo en tres supuestos: riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. La presidenta entonces, Michelle Bachelet, logró materializar su proyecto estrella tras más de dos años de trámites legislativos. Cinco años antes, en 2012, se había dado el caso de Uruguay, que aprobó una legalización en toda regla en las 12 primeras semanas. Cabe señalar que el proceso se hace desde el principio hasta el final bajo la supervisión del Estado, que es el que paga la intervención.

Además del caso de Uruguay, sólo hay otros dos países donde el aborto es libre: Cuba y Puerto Rico. En el primero, es considerado un derecho y se realiza de manera gratuita. Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana son los únicos donde el aborto sigue prohibido. Un caso intermedio entre los dos extremos es México, que no tiene una legislación unificada al respecto, aunque la mayoría de entidades federales lo aceptan en mayor o menor medida. Sólo en la capital es libre. Brasil permite el aborto sólo si existe peligro para la vida de la madre, violación o feto con malformaciones cerebrales, como Paraguay, Panamá y Venezuela.