Magreb
Túnez redobla la represión contra la oposición en la cuenta atrás de las presidenciales
Túnez redobla la represión contra la oposición en la cuenta atrás de las presidenciales
Cumplidos el pasado 25 de julio, Día de la República, tres años desde el autogolpe de Kais Saied -que asumió todos los poderes del Estado—, la persecución de la disidencia sigue arreciando en Túnez en la cuenta atrás para la cita con las presidenciales del próximo seis de octubre. Este jueves el Tribunal de Primera Instancia de Túnez imputaba a más de una veintena de opositores, entre ellos varios líderes, por los cargos de “terrorismo”, en lo que se ha convertido en una práctica habitual.
Con una mezcla de nacionalismo, xenofobia y populismo, el presidente tunecino puede presumir de haber desmontado en tres años el andamiaje institucional nacido de la revolución de 2011, incluida una Constitución de consenso aprobada tres años después y la marginación de los partidos políticos, sin una oposición interna que le inquiete a día de hoy. Con el regreso del autoritarismo, la esperanza de una democracia liberal en el mundo árabe y norte de África parece definitivamente disipada.
Entre los acusados se encuentra el veterano Rachid Ghannouchi, líder del partido islamista Ennahda -que dominaba el Parlamento tunecino cuando se produjo la asonada presidencial— y bestia negra de Saied al que también se le imputa por “conspiración”. Además, el citado tribunal tunecino investiga al exjefe de Gobierno Youssef Chahed, la exjefa de gabinete Nadia Akacha y a destacados miembros de la oposición como Mustafa Jedher, Lofti Zitun, Kamel Bedui o al ex director general de Seguridad Nacional Kamel Guizani, según recogía la agencia Europa Press.
Asimismo, este jueves al ex primer ministro Mehdi Ben Gharbia y otro alto cargo de Ennahda identificado como Ahmed al Amari también han sido imputados por terrorismo en relación a una serie de crímenes ocurridos dentro de las cárceles del país, según ha informado la emisora tunecina Mossaique y recogía Europa Press. El pasado 1 de agosto se conoció la noticia de la detención de Sihem Bensedrine, antigua presidenta de la Instancia Verdad y Dignidad, nacida tras la revolución de 2011 para arrojar luz sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Ben Ali. Bensedrine fue detenida acusada de haber falsificado las conclusiones del informe final de la entidad, según se hizo eco AFP.
La decisión del tribunal tunecino se une a una larga lista de acciones judiciales que han tenido en los últimos meses como objetivo a políticos opositores, periodistas, activistas de derechos humanos, jueces y empresarios juzgados peligrosos para el Estado. La oposición no tiene dudas de que las acusaciones de “terrorismo”, “corrupción” o “insulto a cargo público” encierran un claro interés político por parte del presidente tunecino: silenciar cualquier voz disidente o crítica.
Sin rival para Saied
Previstas para dentro de menos de dos meses, las elecciones presidenciales cerrarán el primer mandato de Kais Saied y abrirán previsiblemente el segundo ante la ausencia de rivales de entidad habida cuenta de la criba política y judicial llevada a cabo por las autoridades tunecinas contra quienes han intentado concurrir. Hasta diez candidatos han visto vetadas sus candidaturas horas antes del cierre del plazo de presentación de las mismas el pasado 6 de agosto, como recogía el digital local Business News.
Reunida en torno al Frente de Salvación Nacional, la amalgama de partidos de opositores trata de mantener viva la llama de la protesta en la calle en medio de la desmovilización y la apatía generalizada hacia un proceso, el de la instauración del Estado de Derecho, que no pocos tunecinos han identificado con la inestabilidad y el deterioro de sus condiciones materiales. Con todo, el descontento está presente en la sociedad tunecina y no puede subestimarse la capacidad de movilización de los partidos de izquierda e islamistas.
Una de las razones del descontento de la población tunecina en los últimos años no ha sido otro que el empeoramiento de la situación económica, y fue justamente la promesa de enderezar el rumbo del país una de las razones sobre las que Saied justificó su autogolpe de julio de 2021. La inflación se situó en junio en el 7,3%. Se espera que el crecimiento del PIB en 2024 sea un modesto 2,1%. Según el Banco Africano de Desarrollo, las perspectivas económicas a medio plazo para Túnez “pueden empeorar debido al alto riesgo de sobrendeudamiento por falta de acceso a la financiación externa, las tensiones sociales debidas al elevado coste del nivel de vida y los altos tipos de interés en las economías desarrolladas”.
Apenas un año después de su nombramiento, el presidente relevaba esta semana al primer ministro Ahmed Hachani -su mandato ha durado prácticamente lo mismo que el de su predecesora, Najla Buden, quien es hasta la fecha la primera mujer en dirigir un gabinete en el mundo árabe— para designar al ministro de Asuntos Sociales, Kamel Maduri, al frente del Gobierno.
Antes de ser nombrado ministro de Asuntos Sociales en mayo, fue presidente de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad y presidente de la Caja Nacional de Jubilaciones y Seguridad Social. El nuevo e inesperado primer ministro es investigador y especialista en derecho comunitario, derecho institucional y relaciones internacionales, informa el portal de noticias Kapitalis.
Asimismo, Saied destituyó este martes al ministro de Economía, Samir Saied, sin dar explicaciones sobre las razones del cambio de titular en la cartera, que de forma temporal estará en manos de Seham al Bogdiri Nomsia.
Esta medida tiene lugar cuando el país atraviesa una gran crisis económica y financiera, por la cual se encuentra negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de 1.700 millones de euros para afrontar una deuda pública récord de 89% de su PIB.
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