La ultraderecha francesa duda si agitar la teoría del complot contra Le Pen

El desarrollo en paralelo de tiempos judiciales y políticos marcará la carrera por el Elíseo en 2027. El terremoto que supuso la sentencia que inhabilita por malversación de fondos europeos a Marine Le Pen, primera hasta ahora en todos los sondeos para suceder a Emmanuel Macron, va a tener una onda expansiva hasta la fecha electoral con un recurso en verano de 2026 que deberá certificar definitivamente la condena o bien permitir que la líder de la ultraderecha francesa pueda concurrir. Hasta entonces, la estrategia del Reagrupamiento Nacional no parece clara. Tras conocer el veredicto, Le Pen se presentó como la víctima de un complot de la Justicia y Europa para apartarla del poder tachando la sentencia como «decisión política» y alentando a sus seguidores a salir a la calle. El 6 de abril la respuesta fue cuanto menos tibia, con muchos menos simpatizantes en la plaza Vauban de París –apenas 3.000– de lo que en principio el partido calculó y en medio de numerosas críticas de lanzarse a una deriva trumpista con las instituciones en el punto de mira. Una estrategia arriesgada para un partido que tiene por bandera la ley y el orden. La teoría del complot judicial no ha calado entre los ciudadanos que señalan mayoritariamente en los sondeos aparecidos desde que salió la sentencia que esta es justa y que no debe existir ningún privilegio para un político que ha sido condenado, incluida la propia Le Pen.

La paradoja demoscópica es que el RN sigue liderando las encuestas sin apenas erosión bien con la opción de Le Pen o con la de su «Plan B», el delfín Jordan Bardella. Un sondeo de Elabe para BFMTV realizado entre el 2 y el 4 de abril, los días posteriores al veredicto, le otorgan a ella entre un 32% y un 36% y a él tan solo un punto por debajo. El problema en una hipotética segunda vuelta es que el rechazo del resto de votantes sería aún mayor, y todas las opciones de la ultraderecha para llegar al Elíseo pasan por romper ese techo de cristal que siempre se lo impide en la vuelta definitiva.

Los dirigentes del partido han ido matizando esa deriva anti institucional subrayando, por ejemplo, que condenan las amenazas de muerte que está recibiendo la presidenta del tribunal que expuso la sentencia y que en la actualidad vive bajo protección policial. Pero a nadie se le escapa que la tensión que Le Pen ha puesto sobre la Justicia ha sido el caldo de cultivo de esas amenazas por las que ya se han producido arrestos. Desde que se conociera la sentencia, los ataques en redes sociales se han multiplicado contra Bénédicte De Perthuis, presidenta de la 11ª Sala Correccional, quien firmó la sentencia. Su rostro, su dirección y la información biográfica básica se han podido encontrar colgada en las redes sociales junto a comentarios agresivos y degradantes. En el universo ultra, es la encarnación del complot contra el RN. Tanto el fiscal general como el presidente del Tribunal de Casación han expresado la necesidad de «defender el Estado de derecho», mientras que la presidenta del Tribunal de Apelación de París también comentó su preocupación. Por su parte, el Sindicato de Magistrados ha establecido un sistema de vigilancia en redes sociales. Todo ello ha ido repercutiendo en una ciudadanía más sensibilizada con esos ataques.

Pero más allá de los ultras, la estrategia de alentar a sus seguidores en la calle y presentarse como víctima del sistema genera dudas en una Francia que, pese a todo, dista de moverse en las mismas claves que EE UU. Y menos aún ahora con una ultraderecha que tiene un quebradero de cabeza para defender al mismo tiempo los intereses patriotas y la sintonía con Trump en plena guerra comercial. Como reflejo de estas dudas estratégicas, el ruido y la bronca han caído notablemente en los últimos días y los dirigentes de la formación lepenista han optado por un perfil mucho más reposado que semanas pasadas.

La onda expansiva también está facilitando a candidatos de otros bloques su posicionamiento de salida para la sucesión de Macron en 2027. El ejemplo más claro es el del joven exprimer ministro Gabriel Attal, que programó un acto para liderar el centro tomando el relevo de Macron coincidiendo con la concentración de Le Pen del 6 de abril. Attal hizo una cerrada defensa institucional y de la Justicia con un mensaje claro para conectar con los franceses: «El que roba, paga. Y sobre todo cuando eres responsable político». A su acto, celebrado en el desfavorecido departamento de Saint-Denis, asistieron el primer ministro, François Bayrou, y el ex primer ministro Édouard Philippe, quien también aspira a presentarse a las presidenciales de 2027.

Según las últimas encuestas, el hipercentro macronista volvería a jugarse en una hipotética segunda vuelta la presidencia con Le Pen/Bardella. Y todo ello a falta de ver qué pasa con el tercer polo, la coalición de izquierdas que parece condenada a desintegrarse. La figura de Jean-Luc Mélenchon crea demasiado rechazo en las otras formaciones, que ven al líder de La Francia Insumisa como un lastre para la izquierda tras sus numerosas diatribas antisemitas. Mélenchon, que también ha tenido causas con la Justicia, ha sido una de esas figuras que ha rechazado la inhabilitación política de Le Pen, al igual que Bayrou.