No hay paz para la familia Barrios

Diez miembros de un mismo clan han sido asesinados en un pueblo de Venezuela en los últimos 15 años

Al joven Rony David, de 17 años, se lo encontraron muerto a machetazos una madrugada del pasado mes de mayo en el municipio venezolano de Guanayén. A su padre Luis Alberto lo habían asesinado en 2004 en el mismo lugar. Tres tíos y cinco primos suyos también habían sido ejecutados antes que él. Y también en Guanayén. En total, diez miembros de la familia han muerto ajusticiados desde 1998 sin razón aparente en este pequeño pueblo del estado de Aragua. La tragedia de la familia Barrios, además de un escándalo para el Gobierno de Nicolás Maduro, se erige en un insólito caso de ensañamiento que no tiene igual en Venezuela.

Justina y Brígido, el tronco de la familia, llegaron con sus hijos a Guanayén en los años ochenta. Al cabo de dos décadas, el clan había crecido hasta sumar más de treinta miembros. Eran humildes trabajadores del campo, y como familia estaban muy unidos. Hasta que la sangre empezó a correr.

El primero que murió asesinado tenía 28 años. Se llamaba Benito y regentaba una licorería donde a menudo se emborrachaban los policías locales sin pagar un céntimo. Un día, un cliente que dijo ser familiar de un agente, también se quiso ir sin abonar la cuenta. Pero entonces Benito explotó y comenzó una pelea. Horas después, un grupo de policías se llevó detenido a Benito, que apareció al día siguiente sin vida. La Policía declaró que actuó en defensa propia. La fiscal tardó nueve años en acusar a tres hombres del homicidio, pero aún no ha habido juicio y los imputados continúan trabajando en la comisaría de Aragua.

Narciso, de 22 años, fue ajusticiado cinco años después, en 2003. Varios hombres desconocidos actuaron de noche, sin testigos, y usaron armas de fuego, un modus operandi muy parecido al seguido por los autores en todos los crímenes. Por el caso de Narciso hay dos funcionarios sentenciados y, en teoría, privados de libertad, aunque continúan trabajando en la Policía.

Antes de que el tercer miembro de los Barrios fuera asesinado, la familia ya había llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este dato marcó un punto de inflexión en la cronología de la tragedia. Liliana Ortega, de la ONG de derechos humanos Cofavic, recuerda que a partir de entonces se produjo una persecución, con amenazas y palizas a varios de sus miembros.

Ninguno de los autores de los crímenes ha ido a la cárcel, y el entorno de las víctimas está convencido de que detrás de tanta desgracia está la mano siniestra de varios policías dispuestos a evitar que nadie en la familia pueda declarar ante un tribunal por los ajusticiamientos cometidos.

La Corte Interamericana dictó nueve resoluciones, pero todas han sido «sistemáticamente incumplidas por el Estado de Venezuela», protesta Luis Aguilera, abogado de las víctimas, porque las autoridades no han garantizado la vida de los amenazados ni les ha indemnizado, tal y como ordenaba la CIDH. El abogado Aguilera sostiene que estamos ante un «grupo de exterminio que cuenta con el apoyo de la Gobernación de Araguas y del Ministerio Fiscal». Sin su colaboración, añade, los culpables de tales fechorías estarían ahora entre rejas.

Eloísa es hermana y tía de las víctimas y ejerce como portavoz de la familia. Cree estar en el punto de mira de los asesinos puesto que ella está dirigiendo la batalla legal. «La mayoría de las muertes se ha producido como venganza por haber denunciado los crímenes», afirma sin el menor atisbo de duda a este periódico.

Quince años después de la primera muerte, los más de treinta miembros de la familia Barrios que vivían en Guanayén se dispersaron para instalarse en otras provincias ante el temor de ser los siguientes de esta lista macabra. Algunos residen en casas oficiales del Gobierno, pero intuyen que el riesgo no ha desaparecido.

En noviembre se cumplirán dos años de la sentencia de la CIDH, en la que se declaró la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las ejecuciones extrajudiciales de Benito y Narciso Barrios. Sin embargo, el Gobierno no ha decretado medidas especiales para proteger la vida del clan. «Estos hechos son una vergüenza para las autoridades del Estado», afirma Eloísa. Si el Gobierno no ha mostrado diligencia en este asunto, los políticos de la oposición tampoco «han hecho nada» por arrojar algo de luz, lamenta Eloísa.

Desde 2003 no pasan más de dos años sin que se produzca una nueva muerte que lleve el apellido Barrios. Pero las sucesivas investigaciones que se han ido abriendo se eternizan o acaban archivadas por falta de pruebas. En Venezuela, aquel a quien le han asesinado a un pariente prefiere callar por temor a ser represaliado si pone una denuncia, explica Liliana Ortega, pero la familia Barrios, fuerte y valiente como pocas, persiste en su empeño en pos de una justicia que no llega.

Un país donde reina la impunidad

Las ejecuciones extrajudiciales son un fenómeno frecuente en Venezuela, según denuncia la ONG Cofavic, que ha prestado ayuda a la familia Barrios durante su causa judicial. Desde el año 2000 y hasta el 2008, las cifras oficiales registraron 8.350 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, según Cofavic. En promedio, serían 1.044 casos por año, aunque en realidad el número de víctimas podría ser mayor. En Venezuela –uno de los países con mayor tasa de asesinatos de la región–, el 97% de los homicidios quedan enterrados bajo el manto de la impunidad, y la mayoría de los casos que llegan a juicio son sobreseídos.