Cierre al grifo de las ayudas de FP con justificación pendiente

El nuevo modelo de Formación Profesional (FP) prescindirá de la exoneración como instrumento habitual por el que se permite que concurran y sean beneficiarios de incentivos públicos entidades que tengan pendiente alguna justificación anterior. «Un antes y un después» en la gestión de la FP, según el consejero de Educación, Luciano Alonso, siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Cuentas.

Alonso subrayó, en su intervención en el Parlamento a petición del PP, el compromiso de «justificar incentivos», «agilizar los trámites y «revisar expedientes» y pidió «la colaboración de los agentes implicados en la fiscalización de los expedientes». El consejero habló de «un nuevo tiempo para todos» y «cambiar aquello que no funciona».

Alonso pasó de puntillas por el informe de la Cámara de Cuentas que ha confirmado las irregularidades en relación a las partidas finalistas para formación gestionadas, principalmente, por la patronal y los sindicatos de clase: entre 2009 y 2010, 800 millones en entredicho. El consejero criticó que «los populares pongan todo el sistema de Formación Profesional para el Empleo bajo sospecha y acusen a todo un tejido asociativo de participar en un entramado de corrupción».

Alonso habló de «eficacia, eficiencia y retorno de inversión pública» como los parámetros para la FP con los «objetivos claros» de «formar desempleados para mejorar la inserción», «formar ocupados para mejorar sus posibilidades» y «dotar a las empresas de personal». El «retorno de la inversión» se producirá con «la mayor inserción laboral posible». El consejero, más allá de la autocrítica, se quejó de «la reducción en el presupuesto» por parte del Gobierno central con «la mitad de fondos que en 2011». Según Alonso, «Andalucía ha dejado de recibir en dos años casi 387 millones para la FP». Este año, se destinarán 173,2 millones, un 27% menos que en 2011, a la formación para desempleados; 18,2 millones, un 72% menos que hace dos años, para la formación de ocupados, con especial hicanpié en los autónomos; y 63,3 millones, un 60% menos, para la formación en alternancia (mitad en instituto y becado sobre el terreno). Otro de los objetivos esgrimidos por el consejero es el «impulso a los certificados de profesionalidad». En tres meses, avanzó, se contabilizan 6.614 certificados.

La diputada popular Teresa Ruiz Sillero comenzó su intervención exigiendo la dimisión del consejero. «Resulta increíble que no haga referencia al informe de la Cámara de Cuentas» en el que «se resume pasado, presente y futuro de la FP en Andalucía». Ruiz Sillero criticó el «relato fantasioso» del consejero. «La cruda realidad es lo que viene en este informe», subrayó, recordando que la Junta «recibe el mismo 22% de políticas activas de empleo» de los presupuestos. «Está amparando la corrupción», indicó la popular, recordando la dimisión de Rafael Velasco de la Junta y el PSOE en 2010 «tan rápido para tapar la corrupción». «Ya lo dijo Guerrero, que miráramos en la FP», añadió. «¿Cuándo se va a personar en la causa de UGT?», «¿hasta cuándo van a estar tapando al sindicato hermano?», son algunas de las cuestiones que lanzó Ruiz Sillero. «No hay criterio. Falta concreción y un baremo aplicable. Dice que sólo se destina el 11% para certificados de profesionalidad. A veces se da más de lo que se pide y no se justifica. No hay acuerdo para prácticas profesionales. Hay libramientos pendientes de justificar», resumió la popular. «Dar ayudas a quien no ha justificado las anteriores suena al caso de UGT», añadió. En este punto, Ruiz Sillero preguntó por las palabras del secretario general del sindicato, Cándido Méndez, que habló de «corresponsabilidad de la Junta al otorgar las ayudas y en el control».