Ecologistas en Acción y Junta vuelven a chocar por la mina Las Cruces

Los conservacionistas temen que una rampa de investigación que construye la empresa sea en realidad un proyecto de minería subterránea aunque el Gobierno lo niega

La Junta ha autorizado un proyecto para construir una rampa de investigación minera en el complejo «Las Cruces», perteneciente a los términos municipales sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, que no convence a Ecologistas en Acción. De hecho, esta organización advierte al Gobierno andaluz en un escrito, fechado el pasado 17 de agosto y consultado por LA RAZÓN, de que «no será jurídicamente viable ninguna nueva autorización de labores de profundización de la corta minera de Las Cruces» mientras «no se ejecute efectivamente la sentencia de 15 de junio de 2015 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía», que adquirió «firmeza» tras «la sentencia del 28 de abril de 2017 de la Sección 4 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo». Ambas anularon la Resolución de abril de 2009 de levantamiento de la suspensión de aquellas tareas.

«En tanto la empresa CLC –Cobre Las Cruces– no solucione efectivamente los problemas de afección a las aguas subterráneas de dominio público hidráulico (contaminación y extracción ilegal) que provocan las labores mineras de profundización de la mina», se asevera en el texto, «no es posible legalmente que esta autoridad minera» pueda dar vía libre a más profundizaciones, «en este caso mediante minería subterránea en forma de rampa y galería, que afectan todavía con más contundencia a esas mismas aguas subterráneas», defienden.

Y no es el único punto a reseñar del escrito. Los ecologistas indican varios incumplimientos de las leyes de transparencia y que no les consta que «exista una autorización del Plan de Restauración Ambiental de la Rampa de Investigación Minera», por lo que es «incongruente» que se quiera ahora modificar. «Parece», se asevera en el texto, que «lo que se pretende aprobar» es «conjuntamente» ese plan y «una modificación» del «de Restauración de la Concesión Minera de 2004», pese a que «nada de eso se indica en los anuncios de información pública», mantienen. Dicho de otro modo, Ecologistas en Acción cree que el plan de la rampa de investigación es «realmente un proyecto de minería subterránea», por lo que tendría que «ser sometido al instrumento de Autorización Ambiental Unificada (AAU)», y que el mineral que se extraiga «va a ser explotado» en «la planta de tratamiento que ya ha construido la empresa». Apunta además que los valores de infiltración de aguas subterráneas ligados al proyecto incrementarían «muy ostensiblemente los 160.000 metros cúbicos al año actualmente autorizados» y supondrían «una modificación flagrante de la protección de las aguas subterráneas» establecida en 2002. En relación a ese punto, los conservacionistas recuerdan a la Junta otra «sentencia firme»: la de «condena por delitos contra el medio ambiente y daños continuados al dominio público hidráulico dictada en septiembre de 2016 por la Audiencia Provincial de Sevilla contra tres ex directivos de Cobre Las Cruces». En definitiva, entienden que «resulta necesaria la Evaluación de Impacto Ambiental» para la rampa, «mediante el instrumento de la AAU» regulado por ley y piden a la Junta que «de manera inmediata» se publique de nuevo y en sede electrónica «toda la documentación del expediente». Solicitan además que se traslade el plan a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), para que, «en cumplimiento de la legislación vigente en materia de aguas, realice los informes preceptivos y vinculantes» y «tramite las autorizaciones obligadas».

Fuentes de la Consejería de Empleo, competente en materia minera, sin embargo, trasladan a este diario que en mayo se publicó en el BOJA el anuncio de la apertura del trámite de información pública del plan de restauración ambiental de la rampa y que Ecologistas alertó de que no se había hecho en la sede electrónica y se subió al portal de transparencia de la Junta el 23 de junio. Ya el 5 de julio se difundió en el BOJA una corrección de errores del anuncio de mayo, «modificándose el plazo de exposición pública del 6 de julio al 17 de agosto». Después, el 12 de septiembre, se notificó a la organización «verde» la resolución de autorización del proyecto de investigación minera, organización a la que se le ha facilitado «cuanta información y documentación» ha demandado, dicen, «en relación con el expediente». Por último, quieren anotar que la rampa «no es un proyecto de minería subterránea», esto es, que «no se van a realizar labores extractivas», por lo que «no es necesaria la AAU». Añaden que, de acuerdo a la valoración de los técnicos de la delegación sevillana de la consejería y a informes externos, la rampa proyectada por Cobre Las Cruces no pretende «el aprovechamiento o tratamiento del potencial recurso mineral», sino «ampliar el nivel de definición de los potenciales recursos de mineral primario existentes dentro de la concesión, por lo que su ejecución no podría incluirse dentro de las denominadas propias de minería subterránea».