El SAE deja a trabajadores sin un complemento por «falta de crédito»

«El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) necesita constantemente buscar de forma urgente y contrareloj fondos extraordinarios para pagar las nóminas de sus empleados», confirma a LA RAZÓN el presidente del Sector de Administración General de la Junta de CSIF-A, Enrique Álvarez de Toledo. Una nueva prueba de ello es otro motivo que se ha sumado al «caos» existente en las oficinas de la agencia de régimen especial dependiente de la Consejería de Empleo. En esta ocasión el conflicto está ligado a un complemento de productividad que cobra tanto el personal laboral como la plantilla de funcionarios de la Administración autonómica. En el caso del primer colectivo el plus ronda los 80 euros, que se elevan hasta los 200 en el del segundo, según los datos que maneja el sindicato. Lo valoran cada cuatro meses los jefes de servicio o de oficinas, en base a unos criterios que están fijados en una Orden, y se abona habitualmente al segundo o tercer mes de su devengo, dependiendo de la periodicidad establecida en cada consejería. Esa rutina se ha roto en la nómina de octubre.

«Ante la falta de crédito presupuestario suficiente, el complemento de productividad del segundo cuatrimestre se ha abonado de forma aleatoria, a la luz de lo que nos han trasladado desde distintas oficinas del SAE», explica Álvarez de Toledo. De hecho, CSIF ha solicitado ya una reunión para tratar este asunto con la viceconsejera de Empleo, Antonia Jesús Moro, pero aún esperan la respuesta. «Desde agosto», apunta el dirigente sindical de CSIS, «el SAE ha tenido problemas para pagar, lo ha hecho con retraso, y ahora esto. Todo ello repercute en la prestación del servicio final a los ciudadanos», advierte. Y es que, al «malestar» por las retribuciones hay que añadir otras cuestiones que también pretenden abordar con la viceconsejera. ¿Cómo cuáles? A la plantilla del SAE se han sumado personas procedentes de la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo, más conocida por sus siglas Faffe y ahora bajo la lupa judicial; o los antiguos agentes locales de promoción de empleo (ALPE), que han tenido que ser readmitidos por la Junta por orden de los tribunales. CSIF teme que a esos trabajadores «se les estén facilitando las claves del Hermes –el programa informático con el que se gestionan las políticas activas de empleo–, pese a que no deben asumir las responsabilidades a las que dan acceso». «No son funcionarios –recalca– y no pueden ejercer potestades públicas, por lo que queremos información sobre qué van a hacer». El sindicato duda también de que, en ese escenario, se vaya a cumplir un anuncio que la presidenta andaluza, Susana Díaz, hizo en el Parlamento: el pago de «la totalidad de las pagas extras» a los 260.000 empleados públicos. «Las dificultades manifestadas en la consecución de créditos para el personal del SAE puede dejar a éstos, al menos a parte de ellos, sin cobrarla», asocia Álvarez de Toledo. Hasta las promesas se gastan.