Emerita pide a la jueza del “caso Aznalcóllar” que amplíe la investigación en encausados y delitos

Acusa a la Junta de cambiar de versión sobre el permiso de investigación y la aceptación del yacimiento por Minera Los Frailes

Explicaciones que no bastan y evidencian una «falta de respeto a la Justicia». Esto es lo que Emerita Resources, una de las empresas a las que la Junta dejó fuera del concurso público por el que asignó la mina sevillana de Aznalcóllar a Minorbis-Grupo México, cree que el Gobierno andaluz ha demostrado en relación al proceso que cimenta el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla sobre el pilar de esa adjudicación. De hecho, en un escrito al que ha accedido LA RAZÓN, el abogado de la sociedad, Ramón Escudero, ha pedido a la titular del órgano judicial, Patricia Fernández, que se amplíe la investigación, «tanto en las personas como en los delitos», incluyendo los de «desobediencia y contra la Administración de Justicia, cometidos posteriormente» a la resolución del concurso, «a los que deben unirse los de encubrimiento, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal». Quiere además que sean llamadas como encausadas «la actual directora general de Industria, Energía y Minas –Natalia González–, y quien ocupara el cargo» el 7 de julio de 2015 –María José Asensio, que ya fue imputada–, por los presuntos delitos recogidos en el Código penal «contra la Administración de Justicia, prevaricación, desobediencia, tráfico de influencias y encubrimiento». ¿Por qué es importante la mencionada fecha y por qué ha pedido Emerita que se amplíen los márgenes de la causa? La respuesta está en las contestaciones del Ejecutivo regional a la jueza. La última pidió al primero que le remitiera el acto administrativo por el que se aprobó el proyecto de investigación que ampara los trabajos que ya se llevan a cabo en el yacimiento minero y el resto de un expediente ligado al concurso con la indicación expresa de si la Junta «da por válida o no la aceptación de Minera Los Frailes», que es la mercantil que opera en la mina, pese a que se otorgó a Minorbis-Grupo México. La Dirección General de Industria, Energía y Minas le remitió un escrito, consultado también por este periódico, en el que sostiene que la autorización «encuentra cobertura» en la resolución de ese órgano del Gobierno andaluz por la que se seleccionó a los ganadores de la licitación del 25 de febrero de 2015. Respecto a lo segundo, de acuerdo a lo trasladado al juzgado, el Ejecutivo autonómico «de forma indubitada» ha dado «plena validez a la aceptación de la adjudicación por parte de Minera Los Frailes, entidad que, en lo sucesivo, ha sido y sigue siendo parte en el procedimiento ordinario previsto en la regulación minera», se asevera en el texto. Un despropósito de afirmaciones para Emerita, que ha avisado al juzgado de que la dirección general ha negado «punto por punto» todo lo que desde la misma se había indicado a la instructora con anterioridad, «modificando arbitraria y gratuitamente su propio y previo criterio para poder salvar la cara, ante la evidencia de que las infracciones legales en todo este asunto no se agotan con la adjudicación». En ese punto recuerda a la magistrada que Industria, Energía y Minas aportó a la causa un escrito fechado el mencionado 7 de julio de 2015 con un informe adjunto a tenor del cual el adjudicatario de la mina «tenía que pedir un permiso de investigación, según los trámites legales habituales», una solicitud que «debía ser previa al comienzo de los trabajos» y que no se había demandado ni otorgado entonces todavía. A ello se sumaba que la dirección general no se «pronunciaría formalmente acerca de la aceptación por parte de Minera Los Frailes», a través de una resolución que según Emerita no existe, hasta que se pidiese la autorización para comenzar las labores de investigación.

Escudero no entiende por qué la Junta se ha «desdicho alegremente» y «sin motivo alguno». Es más, califica de «delirante» que la misma Administración «cambie su criterio arbitrariamente de forma tan descarada», máxime «estando inmersos en una instrucción penal, en la que se investigan hechos que la Audiencia Provincial de Sevilla ya ha califica como graves». ¿Y para qué? La representación procesal de esta empresa atribuye el «goteo de patentes y descaradas infracciones legales» al logro de un fin: «Entregar la mina a los responsables de Minera Los Frailes», pese a que, dice, no se puede asegurar que «esté realmente integrada por Grupo México y por Minorbis».

“Una trama orientada a entregar una mina”

Y es que en su nuevo escrito de diez páginas Emerita Resources insiste en una idea: la existencia de una «trama orientada a entregar una mina a unas determinadas personas». Para ello «se amañó presuntamente un concurso y después se siguió actuando para maniobrar ante los procedimientos judiciales en curso para obstaculizarlos» y para «conseguir la impunidad de los implicados». Acusa además a la Junta de «intentar sabotear» la instrucción que arma el juzgado sevillano en torno a la reapertura del yacimiento minero.