«Hay empresas que están diciendo que se van si no se hace el dragado»

En una provincia con más de 264.000 parados, cualquier iniciativa que atraiga a nuevas empresas debería estar mimada por las administraciones. Es el caso del dragado de profundización del Guadalquivir, puesto que los costes de transporte se han disparado y la vía más barata para realizar el traslado de mercancías es la marítima o la fluvial. Sin embargo, como otros muchos proyectos de la capital hispalense, la operación viene dilatándose demasiado tiempo, tanto que los fondos que ha consignado la Comisión Europea podrían perderse si las obras no comienzan de manera inminente.

Ayer, más de 120 empresas, organizaciones sociales y agentes de la sociedad civil se adhirieron a un manifiesto, impulsado por la patronal y los sindicatos, en el que se reclama a las instituciones públicas más celeridad a la hora de impulsar este proyecto.

Una de las voces más críticas con las trabas que está encontrando la iniciativa fue la de Juan Antonio Gilabert, secretario general de UGT en la provincia, quien exigió a la clase política que «espabile con este tema», ya que «hay empresas que están diciendo que se van si no se hace el dragado». «Nuestra provincia puede llegar a ser en los próximos años un desierto industrial», alertó.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, remarcó que el manifiesto «no va contra nadie, sino a favor de nuestro futuro», al tiempo que señaló que la unión empresarial y sindical, además del apoyo de la sociedad civil, «no hace más que marcar el futuro a nuestros dirigentes». «No se puede decir que se necesita más industria sin tomar decisiones», señaló Rus, quien denunció que la provincia «no puede seguir viviendo sólo del turismo, sino que hacen falta más patas».

A partir de este momento, la plataforma que impulsa el dragado mantendrá reuniones con representantes políticos locales, autonómicos y nacionales, a fin de recabar su apoyo y agilizar el proceso que debería desembocar en el inicio de las obras. De momento, la única institución que está moviendo ficha es la Autoridad Portuaria, que el próximo día 16 celebrará un consejo de administración en el que se tratará el nuevo proyecto para su licitación.

En relación al resto de actores que deben pronunciarse, el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, fue tajante: «No hay noticias de la Comisión Científica y la Junta de Andalucía está ocultándose». La administración que tiene la última palabra es el Ministerio de Medio Ambiente y su dictamen se eterniza.

Mientras, uno de los sectores que se vería más afectado por el dragado, el de los arroceros, sigue alzando su voz contra la operación. La Federación de Arroceros alertó del «claro perjuicio» que causaría y expresó sus dudas de que vaya a generar «beneficios» en otros sectores. «El aumento de salinidad conllevaría una merma en la producción y en la calidad y, al mismo tiempo, significaría un mayor consumo del agua de los embalses», denunció el colectivo. Sin embargo, el secretario general de CC OO en Sevilla, Alfonso Vidán, garantizó que «es compatible el aumento del calado con los empleos derivados del arroz».