Inspectores proponen multar a los malos docentes y premiar a los mejores

El sindicato USIE reclama autoridad para que su criterio prevalezca en la evaluación al profesorado y exige a la Junta que publique un ránking con las notas de los colegios e institutos públicos y concertados

«Si un médico de principios del siglo pasado levantara la cabeza y viera un hospital, le daría un desmayo por los adelantos; si lo hiciera un maestro, se encontraría en muchos casos con que nada ha cambiado». La imagen que brinda el presidente del sindicato de inspectores de educación Usie Andalucía, Antonio Asegurado, es elocuente. «Todavía cuando visito un aula me encuentro a docentes que dan la clase de la misma manera que hace 40 años, sin grupos en el aula, con clases magistrales que solo siguen el libro de texto», expone.

USIE se estableció hace un año en la comunidad. A principios de mes, celebraron sus primeras jornadas de formación, con la participación de la viceconsejera de Educación y todos los partidos con representación parlamentaria. Su principal reclamación es ganar en «independencia y transparencia», ligada a cambios profundos en sus atribuciones. «Llevan razón los maestros, los inspectores no pisamos el aula. Queremos pisarla, visitar los centros, pero que nuestros informes tengan consecuencias», reclaman. Esas «consecuencias» irían desde «premiar» a los docentes por sus buenas prácticas a sancionar a los «malos profesores», incluyendo suspensiones de empleo inmediatas. «No supone apartarlo del ejercicio, sería como una multa de advertencia», detalla este inspector con 25 años de experiencia. Para él, es fundamental «contar con herramientas legales y con potestad sancionadora» para que su trabajo tenga repercusión en el sistema educativo y no sea «un mero entreteninimiento, una tarea burocrática». En este sentido, exigen a la Consejería que active «una carrera docente, con grados que aporten estímulos al profesorado para mejorar, más que sanciones».

El alto índice de fracaso y abandono escolar asedia históricamente al sistema educativo andaluz. «La Consejería ha invertido en los últimos años mucho dinero en centros educativos, en recursos, en personal, pero no hay un control sobre eso. Ésa sería una clave del éxito», asegura. El vicepresidente andaluz de USIE, Manuel López, coincide en la necesidad de que sus informes tengan «consecuencias directas». «Es el gran temor de la Consejería porque se molestaría a los colectivos de profesores, a los sindicatos de clase, etc», lamenta. Según López, «todo el modelo curricular de la Consejería es complejo y completamente indefinido. Debe elaborar modelos de apoyo para el desarrollo del currículum y no ha hecho nada; los profesores solo tienen como guía el libro de texto».

«No queremos más dinero, ni más inspectores –son 284 para toda Andalucía–. Nuestra primera petición está en una respuesta de calidad a los ciudadanos y en una reducción de la tasa de fracaso escolar y de abandono. Y en esa visita al aula es donde nuestra labor puede tener consecuencias positivas. No queremos fusilar a los docentes, si no premiar a los buenos, que hay muchos», recalcan. «Hay cierto empeño de la Consejería en no facilitar los resultados de los centros. No hay verdadera transparencia, pese a estar establecida por Ley», recrimina el vicepresidente del sindicato. «Los ciudadanos deberían saber los resultados escolares por aula y curso para poder comparar con los centros más próximos, concertados y públicos, y poder elegir». En USIE creen que los «ránkings» redundarían en el sistema educativo: «Podrían indicar dónde hay debilidades. Conocer las realidades ayudaría a establecer planes de mejora».

«Aprobados de despacho» en un 20% de los casos

Atender las reclamaciones de alumnos disconformes con la nota que le pone su profesor es una de las tareas de la inspección educativa. Cuando los padres presentan una reclamación en este sentido en la Delegación correspondiente, se establece una comisión –formada por un inspector y dos docentes de la misma especialidad– para analizarla. La resolución puede resolverse en contra o a favor, subiéndole la la nota. Son los llamados –y polémicos– «aprobados de despacho». Sin embargo, desde el sindicato Usie quieren desmitificar su incidencia. «En la mayor parte de los casos se mantiene el suspenso, pero cuando no se ha actuado según el procedimiento ni se han garantizado los derechos del alumno actuamos. En la gran mayoría de los casos no se toca la nota», insiste su vicepresidente, Manuel López, que cifra el porcentaje en un 80%, mientras que los «aprobados de despacho» supondrían el 20% de las reclamaciones tramitadas.

López defiende que «cuando vemos fundamentado que se han lesionado los derechos de los alumnos tenemos que actuar como garantes que somos. El profesor no gana más por suspender, es el primer interesado en tener un mayor éxito de aprobados».