La Junta duplica la protección de las viviendas contra las ocupaciones

Las empresas del sector señalan que «ha aumentado la preocupación de los propietarios particulares» respecto a la ocupación de sus viviendas siendo un punto fuerte dentro de las intervenciones a día de hoy». Principalmente, «están protegiendo las segundas viviendas en costa y montaña por miedo a ocupación». Es más, «las instituciones de vivienda pública de Andalucía están instalando muchos de estos sistemas de seguridad y se está convirtiendo en un habitual entre las medidas de seguridad para sus inmuebles», indican a LA RAZÓN desde el Grupo VPS, la multinacional que más sistemas antiokupas instala en España. En esta casuística, destaca «Sevilla y Cádiz como las que tienen más vivienda pública protegida de Andalucía». La propia Junta pasó durante el segundo semestre del pasado año «de 750 viviendas protegidas a más de 1.300».

Ante este panorama, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha admitido que tiene 3.405 pisos ocupados ilegalmente, según reconoció la agencia autonómica en una respuesta a través del Portal de Transparencia. Esto supone que mientras miles de familias llevan años en lista de espera para que les adjudiquen una Vivienda de Protección Oficial (VPO) acorde a sus posibilidades económicas –la inmensa mayoría solicita un alquiler–, otras personas han optado por la vía rápida: la patada en la puerta y la ocupación ilegal. Según AVRA, desde el año 2008 se han iniciado expedientes para recuperación de 4.339 viviendas.

Sólo en Sevilla, el 12% de las VPO de alquiler de la Junta repartidas entre la capital y 86 municipios hispalenses están ocupadas de forma ilegal. En total, de la inspección de 12.600 inmuebles, en 1.465 se detectó algún caso que ha derivado en un expediente para tratar de regularizar la situación, adjudicándose a una nueva familia en lista de espera. Entre las irregularidades, son comunes los traspasos no autorizados a terceras personas, que el piso no se utilice como residencia habitual o permanente –requisito obligatorio– o un mal uso del mismo, como la localización de plantaciones de cannabis en la vivienda. De los inmuebles afectados en Sevilla, 3.230 se localizan en la capital, con más de 300 incidencias. Destacan otros municipios como Morón de la Frontera, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Écija, La Algaba, Isla Mayor, La Puebla del Río, Utrera, Los Palacios y Villafranca y Lora del Río. El fenómeno de la ocupación era puntual en la capital andaluza hasta 2008, cuando se multiplicó exponencialmente con la quiebra de promotoras y la proliferación de pisos sin vender y vacíos.

En Granada, la Junta ha detectado situaciones irregulares en 292 viviendas de su parque público, 115 de ellas en la Zona Norte de la capital. Sólo en la capital hay 600 familias sin recursos para poder acceder a una VPO.

En la Comarca del Campo de Gibraltar, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha detectado desde mayo de 2015 130 viviendas ocupadas.

El procedimiento judicial para el desalojo de una vivienda una vez ocupado es lento y nunca tarda menos de un año. Lo habitual es que se vaya a tres. El Colegio de Abogados de Sevilla ha detectado un aumento de las designaciones para delitos por ocupación ilegal de viviendas, lo que conlleva cuatro o cinco abogados de oficio diarios.

La petición de sistemas antiokupas –como puertas de acero supletorias– y cámaras de vigilancia se ha multiplicado. De 50 instalaciones semanales en Andalucía se ha pasado a más de 120. La empresa pública de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) ha doblado el presupuesto para las pantallas de acero.

Sevilla es la provincia con mayor número de viviendas públicas regionales, más de 21.900. La sigue Cádiz con más 16.200 pisos; tras ella, Málaga, que supera las 9.000; Córdoba, con 8.700; y Huelva, con alrededor de 8.400. Granada dispone de otras 7.800; Jaén, 6.700, y Almería ronda las 5.200 viviendas. Se estima que en España hay unas 85.000 viviendas ocupadas; en Andalucía, entre 20.000 y 30.000, «en torno a 26.000, como dato estimativo», señalan a LA RAZÓN desde el Grupo VPS.

En la actualidad, en la comunidad se ha pasado de 50 instalaciones semanales de sistemas antiokupas a más de 120. «Al principio, principalmente, las ciudades donde se instalaban eran Sevilla y Málaga, siendo ahora habitual y con un crecimiento fuerte en zonas como Cádiz, Huelva y Córdoba», señalan a LA RAZÓN fuentes de VPS. «El problema de las ocupaciones ha aumentado en un 200% respecto a 2015», añaden.