La UE alertó de que las auditorías no cumplían los requisitos mínimos

El fraude de los cursos de formación se produjo por una serie de causas que tienen como hilo principal la quiebra del control por parte de la Junta de Andalucía. Las resoluciones masivas de exoneración del cumplimiento en tiempo y forma de los fondos otorgados facilitó a los entes concesionarios el camino de las irregularidades. Otra puerta hacia el fraude fueron los informes de auditoría encargados «ad hoc» por las empresas receptoras de las ayudas para acreditar ante la Administración la correcta ejecución del dinero.

No obstante, la propia Junta y también la Unión Europea ya se dieron cuenta antes de que estallara el escándalo de la debilidad de estos informes de auditoría, cuyos gastos solían afrontar las empresas con las propias ayudas de la Junta de Andalucía.

En este sentido, es ilustrativo el testimonio ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de Teresa Arrieta Viñals, interventora adjunta, «número dos» de la Intervención General de la Junta, el máximo órgano de fiscalización interna de la Administración. Manifestó que «a lo largo del tiempo, en su labor de control financiero, efectivamente observaron cómo se presentaba, en algunos casos, por los beneficiarios, un informe de auditor». Y que, «en el ámbito de la fiscalización de gasto realizado por el interventor delegado, el órgano gestor, en este caso el Servicio Andaluz de Empleo, emitía un certificado mediante el cual certifica al interventor delegado que toda la documentación justificativa se encuentra en su poder y está conforme».

Puntualiza, asimismo, que «en un ámbito diferente al de formación pudieron comprobar cómo el alcance del informe de auditor no llegaba a cumplir los requisitos mínimos exigidos por la norma, ya sea propia o comunitaria».

Así las cosas, «la Dirección General de Fondos Europeos recibió una auditoría de la Comisión Europea y, efectivamente, también detectaron esta deficiencia. Ante esta circunstancia se propuso desde la Intervención un cambio en el contenido del informe de auditor que se refleja en una nueva instrucción emitida por la Dirección General de Fondos Europeos».

La interventora adjunta añade que «en los casos estudiados desde su área de competencia en la Intervención, en lo que a subvenciones para formación se refiere, no se han encontrado con situaciones en los que el informe del auditor no haya tenido el alcance necesario». Sin embargo, la Guardia Civil ha rastreado numerosos informes de auditoría aportados por los entes receptores de fondos –tal y como se pude comprobar en el extenso sumario de la formación que ocupa al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla– y ha comprobado que efectivamente no ponían de relieve deficiencias e incumplimientos posteriormente detectados en el curso de la investigación policial. Estos informes de auditoría están también en el punto de mira de otros casos judiciales como las facturas falsas de UGT-A. El sindicato usó informes de auditoras «amigas» como Interaudit –a la que le cobraba incluso una comisión del 5 por ciento– para blindarse ante la Administración.

Este informe de las auditorías era esencial para que las empresas y entes receptores pudieran cobrar el 25 por ciento final de la subvención, ya que el primer 75 por ciento lo adelantaba al inicio del proceso la Administración.